El Ministerio de Ambiente (MA) otorgó la categoría A para el emprendimiento residencial y hotelero Marina Beach, que promueven las firmas Manantial del Sol SA, Coralview LLC y Lokview LLC en la costa del balneario Buenos Aires, en Maldonado. La decisión tomó por sorpresa a integrantes de la Red Unión de la Costa que se enteraron mientras realizaban el seguimiento de algunos expedientes en el sitio web de la cartera y que, además, esperaban una clasificación más estricta.
Esta clasificación, realizada en el marco del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del fraccionamiento y sus 26 construcciones, desestima una vez más los informes elaborados por técnicos ministeriales de anteriores etapas, señalaron a la diaria la doctora en Medio Ambiente y Sociedad, Isabel Gadino, investigadora del Centro Universitario Regional Este (CURE); la magíster Ana Lía Ciganda (doctoranda en la Universidad de Wageningen, en Países Bajos) y el integrante de la Mesa Nacional de Guardavidas, Nicolás Chacón. Al mismo tiempo, la medida habilita a iniciar las obras de apertura de calles e instalación de servicios “de un momento a otro” en esos padrones, comprendidos entre Puntas de José Ignacio y Punta de Piedras.
La categorización A corresponde a fraccionamientos y obras cuya ejecución presentaría “impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes”, por lo cual los desarrollistas quedan eximidos de profundizar los estudios ambientales, aportar medidas para mitigar los impactos o someter el proyecto a consideración pública. No sería este el caso de Marina Beach si se consideran los informes elaborados por al menos dos técnicos del ministerio (Marisol Mallo y Daniel Collazo) durante el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Programa de Actuación Integrada (PAI).
“En caso de decidir su aprobación, dadas las características del área de influencia de este PAI, se considera que los fraccionamientos y las construcciones que se desarrollen eventualmente en esta área sean considerados, de acuerdo a lo establecido por el artículo 5° del decreto 349/2005, proyectos que pueden producir impactos ambientales negativos significativos, independientemente de que se prevean o no medidas de mitigación”, advertía entonces la gerenta del Área Información, Planificación y Calidad Ambiental del MA, Marisol Mallo.
Sin embargo, el titular de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), Eduardo Andrés, “sugirió” al ministro que no tuviera en cuenta las consideraciones de la gerencia y avaló los estudios presentados por los desarrollistas, a través de la Consultora Enviro. “La recomendación trasciende el contenido de la Evaluación Ambiental Estratégica como herramienta ambiental referida al fraccionamiento propuesto, no correspondiendo además este juicio de valor a la gerencia interviniente”, señala una nota firmada por Andrés, en junio de 2022.
Como se recordará, el PAI -que permite transformar un suelo rural en suburbano- fue aprobado por el oficialismo en la Junta Departamental cuando ya la oposición frenteamplista sabía que la intención de las empresas era montar un complejo de 26 residencias más un hotel junto a la playa. Esto fue recurrido ante el Parlamento tras una campaña social en la cual se consiguieron más de 6.000 firmas. Entonces una de las críticas de quienes resistían el proyecto apuntaba a que las autoridades del MA desconocían las recomendaciones técnicas, sobre todo en la Dinacea. Sin embargo, el recurso fracasó en la Cámara de Diputados, el PAI quedó firme y las empresas comenzaron el trámite de EIA para la categorización del proyecto edilicio.
Ahora la historia se repite. Para los entrevistados, si los jerarcas ministeriales no hubieran descartado las advertencias de los técnicos especializados, Marina Beach tendría que ser clasificado “por lo menos” en la categoría B y sus desarrollistas deberían detallar cómo van a mitigar esos impactos negativos “significativos”. También entienden que la tesitura del MA “sigue siendo descartar las opiniones de equipos con formación específica formal”, con lo cual se evidencia la “fragilidad” de los instrumentos territoriales y ambientales frente a las “prioridades políticas”, y al tiempo que las decisiones dependen “unilateralmente” de quienes ocupan cargos políticos. Por último, remarcaron que si no fuera por el trabajo de seguimiento y lucha de quienes integran la Red Unión de la Costa, la información seguiría oculta.
La resistencia en Punta Ballena
Mientras el grupo evaluaba cómo actuar frente a esta nueva situación, el viernes pasado el diario Correo de Punta del Este informó sobre la puesta de manifiesto de un complejo que incluye 29 edificios -con un total de 320 apartamentos-, proyectado a ambos lados de la ruta panorámica de Punta Ballena. El desarrollo inmobiliario fue clasificado con la categoría C -tendrá impactos ambientales negativos significativos-, por lo cual se debe cumplir con esta instancia y además con una audiencia pública antes de su autorización.
De acuerdo al medio, los promotores liderados por el banquero argentino Delfín Ezequiel Carballo informaron al MA que mantendrán “intocado el perfil rocoso”, que los edificios “sólo superarán en un metro” la visión desde la Sierra de la Ballena y que se mantendrán las bajadas públicas a la zona de pescadores. Como sea, las agrupaciones vecinales, académicos y actores políticos de diferentes partidos comenzaron a informarse y movilizarse de antemano contra el proyecto.
Las agrupaciones vecinales de Punta Ballena sostienen que la iniciativa implica la “privatización del sector” y un modelo de desarrollo no sustentable. Por eso abrieron en redes sociales una cuenta “de resistencia” bajo la consigna “No al proyecto Punta Ballena”. Paralelamente, la Red Unión de la Costa está convocando a organizaciones de la sociedad civil, académicos y vecinos a una reunión que se realizará este jueves, a las 19.00, en el Club UTE-Antel ubicado en Las Grutas.
Además, se inició una campaña de información para que “el público se exprese y pueda acercar sus comentarios a quienes tienen el poder de aprobarlo”. En su perfil de Instagram, “No al proyecto Punta Ballena” comparte el enlace del MA con el formulario en el que cualquier ciudadano puede dejar sus consideraciones sobre el desarrollo residencial.
En el conflicto han terciado actores políticos de diferentes partidos -sobre todo, del Frente Amplio-, quienes también advierten sobre altos riesgos para el entorno natural de la zona y plantean opciones para frenar el emprendimiento, como la expropiación de los terrenos, que en 1997 fueron declarados de naturaleza privada por la Suprema Corte de Justicia al cabo de largos años de litigios en los que la Intendencia de Maldonado los defendía como públicos.