Entre el miércoles y jueves de esta semana, la Red Social San Carlos logró recolectar 4.071 firmas de la población que serán enviadas este viernes a Montevideo junto con una carta dirigida a la SCJ para que revierta su decisión de suprimir los dos juzgados letrados de la ciudad a partir del 27 de noviembre.
Stella Noguez, una de las integrantes de la red, destacó el apoyo de la sociedad de San Carlos y también de Maldonado a la campaña de firmas iniciada el miércoles. En declaraciones a la diaria explicó que la iniciativa se desarrolló contrarreloj. “No se extendió el plazo porque el lunes se toma una decisión al respecto, decisión que le comunicará a los diputados el día martes”, señaló.
En efecto, los diputados oficialistas por Maldonado se reunieron esta semana con la presidenta Doris Morales y acordaron “estudiar opciones” para que el juzgado no se clausura y se pueda mantener la decisión de crear otros dos juzgados de género, también resuelta en la acordada de la Corte del jueves 19 pasado. Los legisladores habían adelantado a la diaria que, tras este encuentro inicial, llevarán el martes algunas propuestas, al tiempo que Morales se comprometió replantear el tema a los ministros de la SCJ para ese día.
Abogados también irán a la SCJ
Entretanto, los afiliados al Colegio de Abogados de Maldonado tuvieron una asamblea extraordinaria este jueves 26, en la que resolvieron interponer un recurso administrativo contra la acordada de la SCJ. La presidenta del gremio, Andrea Chiappara, dijo a la diaria que es una medida “formal” que respalda la postura de los afiliados contraria a la supresión de las dos sedes multimateria, aunque coinciden plenamente con la necesidad de que se creen dos juzgados de género en la ciudad.
La dirigente enfatizó que la directiva está evaluando alternativas y que apuesta “al diálogo”, por lo cual consiguieron que la presidenta Morales reciba a una delegación el próximo lunes a las 14.00. En esa instancia, pretenden conocer de primera mano los fundamentos de la corte para la resistida resolución y además comunicar oficialmente la medida de presentar el recurso administrativo ese mismo lunes.
Por otra parte, además de tomar contacto con los actores sociales movilizados, el CAM se entrevistará con los funcionarios del juzgado de violencia de género de San Carlos. Entre otros temas a conversar, la intención es comunicarles que el gremio “está convencido” de que la creación de las nuevas sedes es “una necesidad” y apoya esa decisión de la corte.
No obstante, los afiliados manifestaron en la asamblea sus “dudas” respecto al trasfondo que motivó la acordada. Según los legisladores de Maldonado, esta se debe a una “cuestión técnica y organizativa”, más que presupuestal. Sin embargo, los abogados buscarán profundizar en este punto ya que entienden que detrás de todo sí existe un problema de presupuesto. No soslayan, en este sentido, que la última Rendición de Cuentas otorgó al Poder Judicial el presupuesto más bajo de su historia. Otra de las inquietudes del CAM es que la acordada no menciona en qué situación quedará el juzgado de paz de la ciudad, que tiene competencia departamental. Los abogados evalúan que, si se suprimen los juzgados letrados, entonces del de paz tendría que ser “seccional” con un monto limitado de casos; los restantes también tendrán que pasar a Maldonado, donde ya hay una recarga laboral.
Chiappara indicó que sería ideal la coexistencia de las cuatro sedes pero, en vistas de lo señalado, dijo que “nadie ignora que algo habrá que sacrificar”. El tema es ver “qué transformaciones” se pueden lograr y de ahí la importancia del encuentro del lunes con Morales.
“Elegimos el camino de intentar un diálogo directo con la corte. Si no es un tema presupuestal mejor, porque entonces estamos más cerca de la solución”, indicó la dirigente, en tanto la cuestión presupuestal depende de la voluntad de otros poderes estatales. Si es un asunto administrativo o técnico, en tanto uno de los poderes del Estado, el Judicial puede trasponer libremente sus rubros en función de lo que crea más conveniente.