Luego del rechazo unánime que generó la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de eliminar los dos juzgados multimateria que existen en San Carlos, los legisladores nacionalistas Federico Casaretto y Rodrigo Blás y el cabildante Sebastián Cal fueron recibidos este martes por la presidenta de la corporación, Doris Morales.
Los diputados y el senador llegaron al despacho con la idea de que la medida de pasar todas las materias a los juzgados de Maldonado para crear dos nuevos turnos en San Carlos se debía a una cuestión presupuestal. Sin embargo, Casaretto y Cal señalaron a la diaria que la polémica acordada, firmada por los ministros el jueves 19, no se debe a motivos económicos.
El diputado blanco dijo que Morales los recibió junto a dos asesores que expusieron la cantidad de casos que se sustancian en las diferentes sedes para fundamentar una decisión que atribuyó a un tema “de organización”. También el cabildante indicó que fue “una cuestión técnica más que presupuestal”, y que todos los presentes quedaron en analizar propuestas para una nueva reunión pactada para el martes próximo.
Casaretto relató que se retiró del encuentro con “optimismo”, ya que la jerarca se comprometió a rever el caso con los ministros y analizar opciones para que se mantenga el juzgado multimateria y, al mismo tiempo, se refuerce el juzgado especializado en género.
“Nos presentaron las cifras de las sedes que se pretenden suprimir, en contraste con el juzgado especializado en género; vistos los números fríos, es entendible la necesidad de reforzar esta última materia. No obstante, apelamos a sensibilizar a la presidenta al reseñarle todo el trabajo social que antecedió a la inauguración del juzgado que se pretende suprimir”, dijo Casaretto.
A modo de ejemplo, mencionó que los asesores de la SCJ detallaron que, en lo que va de 2023, los turnos de género “tienen 600 y 595 casos respectivamente, mientras que en materia civil hubo 17 y 23 casos, y en penal, 71 y 80”. “Mirando el volumen, es claro que género está saturado. Pero no se pueden tomar decisiones desde un escritorio, ni con enfoque centralista: hay cuestiones sociales y particulares de San Carlos a considerar”, dijo el legislador blanco.
“Con Rodrigo Blás les hicimos ver que la sociedad carolina no sólo es fuerte para reclamar, sino también para conseguir cosas. Ahí Morales se conmovió”, afirmó Casaretto. Agregó que se retiró del encuentro con “la sensación” de que el juzgado multimateria no se cerrará.
“No sabemos si dejarán dos turnos ni cómo se reforzará género; pero el tema presupuestal no llevó más de cinco minutos porque como poder del Estado, a diferencia de los organismos estatales, la SCJ puede trasponer rubros. Cómo se resolverá es lo que veremos en los próximos días”, mencionó el nacionalista.
Cal considera que lo ideal es “buscar la manera en que queden los juzgados multimateria y abrir otro de género para que apoye con la carga horaria”. En cualquier caso, dijo que todos volvieron a Maldonado “con tareas” que prefirió no detallar. Casaretto, en cambio, comentó que Morales les “pidió una mano” para solucionar problemas locativos con respecto a las pericias técnico forenses. “Pensamos que se podría conseguir un local”, agregó.
Abogados en guardia
Entretanto, el Colegio de Abogados de Maldonado consideró necesario crear nuevos juzgados letrados especializados en violencia de género, “pero no a costa de resentir el servicio de Justicia en el departamento”. En un comunicado de prensa, el gremio enfatizó que la SCJ resolvió quitar las sedes judiciales en funcionamiento “sin consultar a la sociedad civil” y sin considerar las “consecuencias”.
Por tal motivo, manifestaron su decisión de sumarse a todas las movilizaciones tendientes a que se revea la medida. También resolvieron mantenerse en régimen de sesión permanente hasta que se realice una asamblea extraordinaria, prevista para la tarde del jueves en la Casa de la Cultura fernandina.
Más temprano, este martes, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay también manifestó su rechazo a la decisión de la SCJ y advirtió que monitorearán la redistribución de tareas que, de concretarse la medida, afectarán a sus afiliados.