Al cabo de varios meses de analizar la vuelta de la Ley de Vagancia como vía para garantizar la actividad comercial en el centro de Maldonado y sacar de allí a personas en situación de calle en Punta del Este durante el verano, los empresarios de ambas ciudades resolvieron, esta semana, descartar la vieja legislación.
Esto ocurrió tras una reunión de análisis, realizada en forma virtual, en la que participaron delegados de la Cámara Empresarial de Maldonado (CEM), representantes del Poder Judicial, Fiscalía y Policía, señaló a la diaria el presidente de la CEM, Rolando Rozenblum.
El dirigente gremial destacó el “éxito” del encuentro, que duró unas dos horas y tuvo 23 participantes. En su opinión, la Ley de Vagancia -vigente desde 1941- quedó “obsoleta por varios conceptos”, por lo cual las agrupaciones “se inclinan a aplicar la Ley de Faltas” con el mismo objetivo.
“Si una persona está en situación de calle con conducta impropia o cometiendo algún delito, se aplicaría la Ley de Faltas”, dijo. No obstante, agregó que “se está definiendo” cómo se instrumentará. En particular, persisten dudas respecto de la participación de Fiscalía en este procedimiento.
Para definirlo, la CEM solicitó una nueva reunión -esta vez, presencial- con delegados del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Intendencia de Maldonado, el Ministerio del Interior y las gremiales empresariales. El encuentro se concretaría la próxima semana en busca de un acuerdo, tras el cual se emitirá un comunicado “para que la gente esté enterada”, dijo Rozenblum.
Las conversaciones entre los diferentes actores sobre este tema se iniciaron a mediados de año, con participación de legisladores. Uno de los que promovió la aplicación de la Ley de Vagancia “con ajustes” fue el diputado blanco y precandidato a la IDM, Diego Echeverría.
Días atrás hubo otro encuentro en la sede de la CEM, donde algunos de sus referentes discreparon en cuanto a la conveniencia de retomar la vieja ley, que supo aplicar la exjueza penal Adriana Graziuso -ahora precandidata a la IDM- entre 2010 y 2012.
En esa instancia, la fiscal Adriana Sampayo, a cargo de la Unidad de Litigación Estratégica de la Fiscalía General de la Nación, recordó que la Ley de Faltas se enmarca en un proceso de tipo inquisitivo (no acusatorio) dirigido por los jueces. “La dirección de la investigación está a cargo de los juzgados, que en el interior son los juzgados de paz, aunque se le dé cuenta al fiscal”, opinó.