Este miércoles se cumplen diez años de la instalación del primer Laboratorio Geofísico del Uruguay, inaugurado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) en la estancia turística Lagunas del Catedral, en el norte de Maldonado. Sin embargo, su promotora, la doctora en Ciencias Geológicas Leda Sánchez, dijo a la diaria que “no hay nada para festejar” porque ninguno de los equipos de ese observatorio funciona en la actualidad.
El sismómetro que durante algunos años midió la actividad en la zona, se averió debido a las tormentas eléctricas y a los constantes cortes de energía. Lo mismo ocurrió con el equipo que permitía estudiar el campo magnético terrestre, asociado con posibles interferencias en geocomunicaciones e impactos en la salud humana, por encontrarse en la denominada “Anomalía Magnética del Atlántico Sur”.
Sánchez explicó que, durante un tiempo, pudo reponer el sismógrafo hasta que no tuvo más recursos económicos. Paralelamente, se quedó sin el personal especializado que la ayudaba con el mantenimiento de los aparatos y el procesamiento de datos en la Facultad de Ciencias. Aunque las instalaciones tienen mantenimiento y logró colocar paneles solares para evitar daños por los cortes de energía eléctrica, se necesitan 18.000 dólares para adquirir otro sismógrafo.
Para reactivar el laboratorio geomagnético, que según la geóloga le generó pérdidas por 100.000 dólares, ni siquiera hay planes: en vista de la falta de recursos, Sánchez decidió apostar por la investigación sísmica en la estación de Aiguá, que integra la Red de Sismología del Uruguay junto a otras 20 estaciones distribuidas en el territorio nacional. “Conocer el comportamiento del campo magnético en estas latitudes es importante, pero, sin recursos, arrancamos y cuando no hay más, no hay”, sentenció.
El diputado Eduardo Elinger reclamó más fondos
En general, el financiamiento para estas actividades de investigación viene del Estado, teniendo en cuenta su papel en aspectos de seguridad y gestión de riesgos. “El personal que hace análisis y mantenimiento es financiado por el Estado, al tiempo que la Udelar también destina fondos para mantenimiento e investigación de los servicios sismológicos”, explicó Sánchez. Sin embargo, el presupuesto universitario ni siquiera alcanza para recorrer las estaciones de todo el país.
La geóloga recordó que Aiguá “es el mejor sitio de todos porque presenta el menor ruido antrópico” y opinó que, por ese motivo, debería funcionar, por lo menos, la estación sismológica. “Pero estamos peor que hace diez años. El presupuesto de la Udelar para los tres departamentos que funcionan en el Instituto de Ciencias Geológicas es de 300.000 pesos anuales, cuando una sola recorrida por dos o tres estaciones del interior puede rondar los 30.000”, precisó.
Por otra parte, consideró que más allá de las carencias que ya presentan las estaciones de la red, es necesario fortalecer con equipamiento en Montevideo y Canelones, e instalar estaciones en el litoral oeste (Paysandú y Soriano), además de Lavalleja.
A propósito de esta situación, expuso en el Parlamento el diputado colorado Eduardo Elinger, suplente de Germán Cardoso. “Frente a esta compleja realidad, solicitamos se asignen los recursos correspondientes para la puesta en funcionamiento del observatorio de Aiguá y se estudie una adecuada asignación presupuestal para todas las estaciones restantes. Con unos 500 dólares mensuales y algún funcionario para su diario mantenimiento, se garantizarían insumos útiles para disciplinas diversas”, señaló el diputado hace una semana.
El Estado “en falta”
A juicio de la investigadora, “los políticos no toman el tema con la debida seriedad porque consideran que si el riesgo es bajo, no es riesgo. Una idea equivocada, porque si los eventos sísmicos que se dieron en Florida en 2021 y 2022 hubieran ocurrido en Montevideo, todavía estaríamos juntando escombros”, advirtió. Además, remarcó que los riesgos están dados por las construcciones humanas, y que tener un registro histórico y un estudio probabilístico de lo que puede ocurrir de aquí a diez años es un tema de seguridad nacional que permite ir adecuando la infraestructura edilicia y explicar cómo reaccionar ante un evento. “Se nos caen balcones sin terremotos, se rompen casas por voladuras de canteras, es imperioso tener un registro y un protocolo”, consideró Sánchez.
Lamentó, en ese sentido, el “retroceso” que hubo entre su equipo y las autoridades nacionales con injerencia en seguridad y gestión de riesgos. A modo de ejemplo, opinó que el Estado debería destinar fondos para contratar más científicos. Y comentó que, en el anterior período de gobierno, había “un mejor vínculo” con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae); pero “ahora no hay una buena comunicación. Nos está faltando ese brazo que habíamos logrado para la difusión ante los eventos que registramos”, opinó.
También señaló que antes contaban con un mayor apoyo del Ministerio de Industrias, Energía y Minería (MIEM), pero eso también cambió, sobre todo en lo referente al impacto de las voladuras que se registran en las canteras y en los emprendimientos mineros.
“La Dirección Nacional de Minería y Geología (Diamige) no tiene la cantidad de gente adecuada para hacer inspecciones ni tratar las voladuras de canteras, muchas ilegales o sin control. Las canteras de obras públicas hacen estragos, y además hay un montón de problemas que la Dinamige no atiende. No tiene recursos y está atada de pies y manos”, cuestionó.
Por todo esto, consideró que Uruguay está muy mal con respecto al interés que dan a estos temas otros países de la región. “Fue el último país del continente en tener estaciones sismológicas aunque, por otro lado, otros países admiran el trabajo que hemos hecho a pulmón”.
También la población del interior del país, a juicio de Sánchez, reconoce su trabajo y está en permanente contacto cada vez que “sienten algún estremecimiento”, sea por un sismo o por las voladuras de las canteras. Nos llaman particulares y también la prensa del interior. “No es una actividad extendida, pero la gente sabe que existimos”, concluyó.