“A principios de este mes los humedales ubicados al noroeste de la Laguna Escondida, en la zona de José Ignacio y Garzón, fueron atravesados por un camino. 20 días después ya habían abierto un tajamar y un canal, y ahora están colocando piedras sobre el camino realizado”, contó a la diaria la abogada y activista ambiental Victoria Pereira.

Va siguiendo el vertiginoso avance sobre el humedal a través de vecinos que le envían fotografías y tomas aéreas prácticamente desde el día en que aparecieron las máquinas. Con ese material, más su experiencia en asuntos ambientales, Pereira ha dedicado este mes a elaborar y presentar escritos para que los organismos intervengan y frenen las obras, al menos, de forma preventiva.

La activista entiende que estos trabajos -desarrollados en un terreno rural de propiedad privada- pueden poner en riesgo los atributos del humedal, su biodiversidad y, “muy especialmente”, comprometer a la Laguna Escondida, que es fuente de agua potable para José Ignacio y localidades aledañas.

Por ese motivo, el pasado lunes 12 Pereira llevó el caso ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente (MA) y a la Intendencia de Maldonado (IDM). En el ministerio abrieron un expediente que sigue en trámite, mientras que la directora de Ambiente de la comuna, Betty Molina, le contestó por mail que “trabajan en el tema”.

El 20 de junio Pereira planteó otras dos denuncias en el MA: una en la Dirección Nacional de Aguas, y otra en la Dirección de Medio Ambiente. La información que obtuvo hasta el momento indica que “no hay permiso para realizar obras hidráulicas” y que personal de la Dinama se presentó a labrar un acta. Como sea, las obras continuaron.

A Fiscalía

En vista de la burocracia imperante, este martes 27, ya pensando en que el daño está consumado y en la necesidad de revertirlo, Pereira llevó el caso ante la Fiscalía de San Carlos, con jurisdicción en la zona de José Ignacio y Garzón. Opina que su denuncia refiere a “hechos de intereses difusos, presuntamente contrarios a la normativa ambiental vigente”, en los cuales debería intervenir el Ministerio Público.

En su escrito, la denunciante solicitó a la Fiscalía que investigue si las obras son legales o no. También pidió que evalúe las consecuencias de los trabajos y que “tome las medidas del caso de manera urgente y eficaz”, porque cada día que transcurre se constata “una obra más amplia y una presumible afectación más importante del ecosistema”.

“De no obrarse con urgencia podría generarse una situación cada vez más difícil de revertir, o incluso alterar significativamente la calidad de las aguas” de la laguna, remarcó Pereira. El caso le parece “preocupante”, justo cuando Uruguay atraviesa un grave déficit hídrico y una crisis de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana.

Para fundamentar su denuncia, mencionó diversas leyes y normas, partiendo de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución en cuanto a la protección ambiental y el acceso al agua potable, hasta disposiciones del Código de Aguas sobre la “desecación, drenaje u otras obras análogas” en humedales, y la política nacional de Aguas y Saneamiento.

Por otra parte, adjuntó dos investigaciones realizadas por el Centro Universitario Regional Este (CURE) y del Instituto SARAS sobre la importancia de la Laguna Escondida desde el punto de vista hídrico; una constancia de que la Dirección Nacional de Aguas no autorizó obras hidráulicas en el padrón en cuestión, y un video donde se observa la intervención en el humedal.

“Esta laguna, como su nombre lo indica, está escondida, es pequeña pero muy relevante para suministrar agua potable a las localidades aledañas. Todo parecería concluir que es de suma importancia que no se alteren los humedales ni las cuencas hídricas bajo ningún concepto”, resumió Pereira a la diaria.