El crecimiento de los negocios inmobiliarios en José Ignacio -el balneario más esteño de Maldonado- desata conflictos por la instalación de grandes avisos que promocionan la venta de terrenos y barrios privados junto a la Ruta 10.

En ese contexto, este miércoles el arquitecto Diego Montero apuntó contra el ingeniero agrimensor Sergio Bonilla, alto funcionario del área de Planeamiento de la Intendencia de Maldonado (IDM), a quien acusó de instalar una estructura “para lucro personal” en el balneario Santa Mónica, “violando la normativa departamental vigente”.

“Contrató la construcción de un cartel dentro del retiro frontal del solar, sin permiso ni aviso, en uno de sus terrenos sobre Ruta 10 y Ofelia”, sostuvo el profesional en su cuenta de Instagram. “Publico esta nota después agotar otros caminos: infructuosas reuniones y llamadas al titular del terreno, la Liga de Fomento de José Ignacio, el propietario de la empresa de cartelería y titulares de otros carteles”, agregó párrafos abajo.

Pacto “de caballeros” en José Ignacio

En medio del texto, Montero enfatizó que el jerarca de marras y otros propietarios tienen “un pacto de caballeros” para no instalar carteles en el área de José Ignacio, por lo cual las enormes estructuras y avisos se acumulan en una línea de dos kilómetros en el paisaje de la Ruta 10 cercano al puente sobre la laguna.

Más tarde, ratificó a la diaria sus afirmaciones. Sostuvo que el presidente de la Liga, Alfredo Vercelli, le dijo que “no puede hacer nada porque varios socios” incurren en esa práctica como parte del pacto. “Lo preocupante -dijo Montero- es que están violando la normativa departamental y la IDM no actúa”.

Según su relevamiento y las conversaciones con propietarios de predios en el área, “solo uno de los carteles tiene la identificación de la empresa que lo colocó, lo cual evidencia que no han tramitado los permisos ante la comuna”.

A modo de ejemplo, el arquitecto recordó que la Ordenanza de Carteles de Maldonado (decreto 3595) prohíbe colocar cualquier tipo de aviso que implique daños o afectación a la forestación o a la propiedad, privada o pública.

“Los propietarios a quienes yo mismo consulté reconocen que nunca tramitaron un permiso y hay vecinos molestos pero, como todos se conocen, nadie quiere decir nada”, agregó el profesional que opera en el este desde hace varias décadas.

La autorización para la colocación de publicidad o propaganda “en zonas destacadas del paisaje natural o urbano, como costaneras, desembocaduras de ríos y arroyos, cerros o elevaciones, entorno de puentes, costas, playas, parques y plazas, ámbitos de valores destacados o monumentales (tanto naturales como construidos o históricos)” es potestad de la IDM, citó Montero en su alegato.

“Si viola la normativa lo saco”, dijo Bonilla

Sergio Bonilla, coordinador de Programas Especiales de la dirección general de Planeamiento, reconoció a la diaria que le alquiló su terreno “a una empresa de Montevideo para poner cartelería” y que ellos se encargaran de las gestiones.

El jerarca se mostró sorprendido por la reacción de Montero, ya que “en la zona cercana al puente hay otros carteles similares, siempre los hubo”. Luego alegó que se trata de predios ubicados junto a una ruta nacional, que “no conoce” la normativa. “Voy a averiguar si se cumple, si no es así mandaré sacar la estructura. Yo no estoy para violar ninguna normativa”, enfatizó.

También admitió que la acumulación de carteles en el área cercana al puente de José Ignacio -fuera del balneario homónimo- es parte del “pacto de caballeros que se considera natural”. “En José Ignacio no lo hubiera puesto”, concluyó.