A fines de enero pasado las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) contrataron nuevas empresas tercerizadas en las áreas de seguridad y limpieza del hospital Elbio Rivero de la ciudad de Maldonado.

Esto trajo consecuencias negativas para unos 40 trabajadores, señaló en declaraciones a la diaria el abogado Gonzalo Sánchez, patrocinante de un grupo que recurrió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por entender que sus derechos laborales han sido lesionados.

Mientras que unos debieron resignar sus derechos para ser absorbidos por las nuevas firmas, otros quedaron fuera porque supuestamente no calificaban para el cargo, aunque ya contaban con una antigüedad superior a los cinco años, agregó el defensor.

Detalló que la empresa de limpieza Liderpoint cumplía con el servicio desde 2019, con unos 30 empleados, hasta que fue sustituida por la firma de Carmen Baraybar Rodríguez (Santa Clara) “con el argumento de que la anterior tenía problemas económicos de los que ASSE no podía seguir haciéndose cargo”.

“Inestabilidad y angustia”

Como condición para absorber a los trabajadores de Liderpoint, Santa Clara exigió la renuncia a los empleados y los contrató a prueba. “Les dijeron que lo suyo era un cese, no un despido, y al mismo tiempo los obligaron a firmar una renuncia como condición para ingresar. Si era un cese, ¿para qué firmar renuncia? Ellos solos se dejaron en evidencia”, remarcó el abogado.

Añadió que quienes renunciaron y fueron contratados a prueba “perdieron su estabilidad laboral y su antigüedad”, y sienten “mucha angustia” porque la mayoría tenía más de cinco años en su puesto.

Similar es la situación en Grupo Gamma, aunque de acuerdo con el abogado ninguno de los trabajadores pertenecientes a Bertiral –que se encargaba de la seguridad desde 2015– fue absorbido.

“El plantel quedó desmantelado porque Gamma hizo un informe psicotécnico y con el argumento de que no alcanzaron el puntaje dejó afuera a gente que llevaba más de ocho años y conocía muy bien a los usuarios y al personal. Casi toda la plantilla, unos diez trabajadores, quedaron afuera”, lamentó Sánchez.

Sin respaldo

El abogado enfatizó que ni ASSE ni las autoridades del hospital cuestionaron el proceder de las nuevas empresas, al tiempo que los trabajadores tampoco fueron defendidos por la comisión de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) del centro de salud.

“Debió haber una cláusula que les diera estabilidad al menos durante un año. Los trabajadores se sienten defraudados por el tipo de contratación, que los deja sin efectividad. Tampoco se sintieron representados por la FFSP, quizás porque por el tipo de empresa debían estar afiliados a Fuecys [Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios]”, opinó el abogado.

En consecuencia, algunas personas “cesadas” que no aceptaron las nuevas condiciones para ser recontratadas apelaron al MTSS con el patrocinio de Sánchez. La fecha de las audiencias se definirá este miércoles.