El proyecto de ajuste presupuestal 2027-2030, presentado este miércoles a la Junta Departamental de Maldonado por el intendente Miguel Abella, confirma el regreso de los presupuestos participativos que se implementaron desde el primer gobierno departamental frenteamplista (2005) y que el exintendente Enrique Antía suprimió.
En su exposición de motivos, la administración señala que “el retorno” busca “promover la participación ciudadana en la definición, priorización y control de proyectos financiados con recursos departamentales”. Añade que uno de los principios fundamentales del sistema de descentralización local es la participación vecinal y que los municipios se encargarán de generar acciones y mecanismos que la fomenten.
Para esto, el ajuste asigna al presupuesto participativo de cada municipio “un monto anual equivalente al que le corresponde anualmente por el literal B del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal (FIGM), a valores de 1° de enero de 2026”. Esto significa un aporte total de 10 millones de dólares para cada jurisdicción hasta 2030, según informó Abella al entregar el documento físico en el legislativo.
Las disposiciones sobre los presupuestos participativos son parte el lineamiento estratégico de “Descentralización y desarrollo local” establecido en el ajuste presupuestal. De acuerdo al mensaje al que accedió la diaria, el programa se sostiene en pilares de transparencia, igualdad, tolerancia, eficacia y eficiencia y equidad.
“El presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, por el cual los vecinos pueden definir, priorizar y controlar el destino de una parte de los mismos”, define.
Más adelante establece que los municipios convocarán a la ciudadanía a presentar proyectos y que podrán hacerlo organizaciones sociales, comisiones vecinales o grupos de vecinos (con un mínimo de diez firmas) en su respectiva jurisdicción. Previa evaluación técnica, cada concejo municipal determinará los proyectos que pasan a consideración ciudadana para el período 2027-2030.
La iniciativa de la IDM también incluye la creación de una Comisión de Seguimiento del Programa Presupuesto Participativo para supervisar y monitorear los proyectos aprobados, que estará integrada por representantes de la Dirección de Descentralización en carácter de coordinadores y representantes de los concejos municipales.
Se priorizarán proyectos de inversión que “atiendan sectores vulnerables o con necesidades históricas, que estén ubicados en espacios públicos que correspondan al departamento y sean de uso público por toda la comunidad”.
Uno de los municipios que cuestionó con más fuerza la supresión de este mecanismo participativo por parte de Antía fue el de San Carlos, en cuya jurisdicción se postularon 36 proyectos entre 2005 y 2020, que abarcaban la zona urbana, rural y costera. En ese período se concretaron 22, que permitieron financiar propuestas ambientales, culturales, espacios recreativos y centros comunales, entre otras.