Al cabo de varias amenazas verbales, tres de cinco inspectores del Municipio de Pan de Azúcar que intervinieron en un operativo realizado el 17 de mayo pasado denunciaron haber sufrido atentados a sus domicilios y vehículos particulares. Patricia Barrios, vocera del cuerpo inspectivo, declaró a la radio RBC de Piriápolis que “están acostumbrados” a que los infractores “se enojen” cuando les aplican multas, pero consideró que “acciones extremas” como las citadas son “inaceptables”.

Mientras esperan el avance de las denuncias que radicaron ante la Policía, los inspectores sindicalizados resolvieron “suspender los operativos de tránsito a nivel departamental” hasta que “las autoridades responsables y la Intendencia de Maldonado (IDM)” les “garanticen seguridad” en el desempeño de sus tareas.

La Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Adeom) divulgó un comunicado resultante de la asamblea, en solidaridad con los trabajadores de Pan de Azúcar y repudio a los hechos violentos que afectan a los inspectores en la vía pública. El sindicato exhortó a “las autoridades responsables y al gobierno departamental a tomar conciencia de los riesgos que conlleva” el cumplimiento de esa función y a “terminar de una vez por todas con estos hechos desgraciados” que “ponen en peligro la vida” de trabajadores y trabajadoras.

Pígola: “Son operativos de la Policía”

El director general de Tránsito de la IDM, Juan Pígola, aseguró a la diaria que las intervenciones continúan, incluso en la zona oeste del departamento. “Entiendo la postura de Adeom, pero hay inspectores que siguen cumpliendo con los operativos. No son operativos de la Intendencia, sino de la Policía, con colaboración de la Intendencia”, declaró este lunes.

El jerarca, quien se encuentra en uso de su licencia reglamentaria, reconoció que “hubo un atentado contra los inspectores” de Pan de Azúcar “que fue posterior al operativo” del 17 de mayo, aunque argumentó que no tiene conocimiento de las medidas sindicales. No obstante, insistió en que los controles en la vía pública “son de la Policía mediante un acuerdo con la IDM sobre un porcentaje en la aplicación de multas”. “Los inspectores solamente colaboran cuando nos piden, en el marco de un acuerdo institucional, aunque eso se ha tergiversado un poco”, concluyó.

A principios de abril, la IDM anunció su decisión de endurecer los operativos de tránsito para controlar, sobre todo, la circulación de motos en infracción. “Es continuar con lo que veníamos haciendo desde hace años, pero lo vamos a intensificar. Serán operativos intensos, aleatorios y duros, con mayor apoyo policial”, dijo entonces el jerarca de Tránsito.

Presidente de Adeom: “La intendencia pisoteó el protocolo de actuación”

Consultado por la diaria, el presidente de Adeom Maldonado, Marcelo López, dijo que “lamentablemente” sólo los inspectores de la zona oeste (Pan de Azúcar, Piriápolis y Solís Grande) adhieren a la medida de suspender tareas. “Al plenario asistió un solo inspector de la ciudad de Maldonado, lo que vemos con gran preocupación porque la violencia está instalada en el departamento y en el país”, agregó.

López negó, por otra parte, que los operativos de tránsito respondan a órdenes policiales. “No es que el inspector apoya a la Policía, sino al revés: el apoyo policial va cuando el cuerpo inspectivo lo solicita, y no siempre anda un inspector en la calle con alguien del Ministerio del Interior. Además, la función de la Policía no es aplicar multas; es como si el inspector de tránsito tuviera potestades para arrestar a un delincuente”, enfatizó.

El dirigente señaló, en ese contexto, que “en 2022 el sindicato y la IDM acordaron un protocolo de actuación por negociación colectiva que nunca se puso en práctica por parte de la intendencia”. Dijo que ese documento no sólo contiene disposiciones en cuanto a condiciones laborales, sino también sobre capacitación de los inspectores “para pararse en la calle”, pero “la capacitación es cero porque el protocolo duerme en algún cajón. La IDM lo pisoteó”.

También lamentó que la administración departamental excluya al sindicato de participar en los llamados externos a inspectores, quienes después son “como soldados que van a la guerra con un tenedor”. A juicio de López, la situación se enmarca en una política del director de Recursos Humanos, Miguel Abella, que hace cinco años está en campaña mientras la desprotección de los trabajadores campea”. El jerarca es uno de los precandidatos blancos en competencia por la sucesión del intendente Enrique Antía.