“No ofende quien quiere, sino quien puede. Y el intendente de Maldonado y el partido de gobierno no pueden ofender, porque la falta de transparencia, el clientelismo, el acomodo, el favorecer a los poderosos y a los amigos son la marca registrada de este gobierno departamental. Nada de eso puede decirse del gobierno del Frente Amplio (FA) y de los compañeros que fueron denunciados sin fundamento alguno”, sentenció la edila Marie Claire Millán (Lista 738) al exponer el martes 4, en nombre de su partido, sobre las denuncias penales que presentó Enrique Antía poco después de asumir el segundo de sus tres mandatos en Maldonado.

La última de las cuatro causas estaba vinculada con la compra de un terreno en Cerro Pelado y pesaba sobre el exintendente Óscar de los Santos y los exdirectores generales de Hacienda Mauro Mendiburu y Pedro González, además del subdirector de Vivienda, Antonio Asuaga. El 17 de mayo pasado, el Tribunal de Apelaciones de 2º turno en lo penal revocó un fallo de mayo de 2023 que dispuso reabrir el caso a pedido de la Intendencia de Maldonado (IDM).

“Esta última aventura de Antía, buscando mantener viva una causa que ya había sido archivada dos veces, costó 13.421 dólares en honorarios legales”, dijo Millán, basada en las resoluciones de la IDM sobre los contratos de Moller a las que accedió su fuerza política. Sin embargo, con la presunción de que la cifra pudo ser mayor, Millán anunció que planteará dos pedidos de informes al Ejecutivo departamental.

La edila también recordó que la base de esas denuncias fue una auditoría sobre la gestión frenteamplista, contratada a Phoenix Auditores, una empresa que se constituyó poco antes del llamado a licitación y de la que nunca volvió a saberse. Con esto, más la contratación del doctor Moller y “algún gasto judicial” adicional, “se gastaron dineros públicos por valor de 7.800.000 pesos”, dijo Millán, esperanzada de que la IDM responda a su pedido de información para definir los costos con exactitud.

Asimismo, subrayó que las denuncias fueron planteadas inicialmente ante la justicia de Crimen Organizado en Montevideo, para generar una repercusión mediática a sabiendas de que las denuncias serían derivadas a Maldonado: “No fue una equivocación del doctor Moller, que es un experiente abogado, sino que tenían el cometido de asociar el nombre del FA y de las personas denunciadas con las palabras ‘crimen’ y ‘organizado’”, dijo.

“¿Qué pasó con todas esas denuncias? Todas fueron archivadas por la Justicia. Y no hubo ningún despliegue mediático: todo el entusiasmo que hubo por parte de los medios cuando se presentaron, desapareció”, cuestionó.

“Todo ese dinero público que se gastó, millones de pesos, pudieron haberse invertido en otra cosa, en lugar de instrumentar una operación de desprestigio, de atacar el honor de un gobierno del compañero De los Santos y de los otros directores. Ese solo objetivo no tenía fundamentos legales, porque no había ningún delito cometido durante los diez años de gobierno del FA”, reafirmó Millán.

Balance: mentiras “ruines, abyectas y depravadas”

Millán hizo su balance político en función de un extenso informe elaborado por Pedro González, asesor económico de la Lista 738 y uno de los exjerarcas involucrados en las denuncias. “Parece que en el terreno judicial se terminaron las infamias, aunque la maldad creativa de Antía, [Adriana] Graziuso y todos sus callados cómplices no tiene límites y siempre pueden inventar algo más”, dice el texto al que accedió la diaria.

A juicio de la fuerza política, esa “operación” contra el gobierno que encabezó De los Santos incluyó “viles mentiras ruines, abyectas y depravadas que pretendieron denigrar y llevar a la deshonra y el desprestigio a todo el gobierno del Flaco y particularmente a su persona e imagen política”.

En la campaña de “mentiras inmensas, repetidas sistemáticamente hasta el presente”, el informe menciona los 93 millones de dólares de deuda en 2015 (que fueron 48 por los propios documentos de la IDM del actual gobierno).

Luego enumera otras acciones, como la destitución de 18 funcionarios contratados ingresados por concurso o por sorteo a pocos días de adquirir la efectividad con el argumento de que no eran necesarios, aunque a continuación se tomaron a otras personas (sin concurso ni sorteo); decenas de funcionarios privados de merecidos ascensos por su presunta pertenencia al FA; y sumarios a funcionarios de carrera que habían ocupado cargos de importancia en la administración frenteamplista.

“Sólo considerando los gastos de las resoluciones publicadas en el sitio de la IDM, entre 2016 y 2024 se supera la cifra de 1.301.000 unidades indexadas, equivalentes al 31 de mayo de 2024 a más de 7.800.000 pesos uruguayos (más de 201.000 dólares)”, puntualiza el informe.

Por último, detalla cada una de las resoluciones vinculadas con los hechos de marras a las que se pudo acceder, y menciona a cada uno de los 11 integrantes del gobierno frenteamplista –pertenecientes a siete diferentes sectores de la coalición de izquierdas– que desfilaron por los juzgados en el marco de “una persecución” que tenía como “blanco principal” al exintendente De los Santos.