Mientras la Junta Departamental de Maldonado analiza una solicitud de excepciones a las normativas para desarrollar el country marítimo Reserva del Mar -proyectado entre Chichuahua y el balneario Ocean Park-, la Comisión en Defensa del Arroyo El Potrero y sus Humedales contrató al abogado Santiago Mirande para que los represente en el ámbito jurídico, ministerial y municipal, vinculados con el proyecto y sus impactos.

El asesor fue presentado en una reciente asamblea vecinal como el responsable de iniciar acciones para “seguir el cumplimiento de la ley y la Constitución en lo referente a la navegabilidad del arroyo El Potrero, la protección del monte nativo, y las acciones administrativas municipales referidas al proyecto inmobiliario” Reserva del Mar, que pretenden desarrollar en esa zona los empresarios Alexandre Grendene y Sergio Groskopff.

Reserva del Mar se desplegará en cuatro padrones que suman 145,5 hectáreas delimitadas al norte por la ruta 10 a la altura del aeropuerto de Laguna del Sauce, el arroyo El Potrero al sudeste, el balneario Ocean Park al oeste, y al sur por la franja costera, con salida a la playa. Un sector se destinará a residencias “de baja densidad, áreas de servicios comunes y amenidades”, y otro alojará “residencias en media densidad asociado a la previsión de un polígono de uso comercial” con frente a la ruta Interbalnearia, más un área deportiva.

“Comienza una etapa importante para la protección ambiental del territorio, que confiamos que será de suma relevancia para el presente y fundamentalmente la preservación de la vida, fauna, flora y futuras generaciones de habitantes”, adelantó en sus redes sociales la citada comisión, al anunciar la contratación del asesor legal.

De bienes públicos y excepciones “ilegales”

En diálogo con la diaria, Mirande aclaró que el conjunto de vecinos “no se opone al desarrollo inmobiliario en tanto promotor de ingresos económicos para la zona”, pero sí hace énfasis en que el proceso de aprobación “se avenga a la normativa departamental, a las leyes y a la Constitución”.

En ese sentido, la primera acción del plan acordado entre el abogado y la comisión de vecinos tiene que ver con la defensa del dominio público del arroyo El Potrero, que en 2014, bajo el mandato de José Mujica, fue declarado como “no navegable”. “Esa resolución hizo al arroyo apropiable por un privado y algo tan llamativo como peligroso es que respondió a una iniciativa del multimillonario que ahora promueve Reserva del Mar”, dijo Mirande.

Sin ingresar en detalles sobre la estrategia, añadió que inició acciones “a nivel administrativo y legal” para que el arroyo El Potrero, que “es un bien natural y colectivo, de dominio público y claramente navegable”, sea protegido y “no quede encerrado por el futuro barrio privado”.

Un segundo tema es la protección del monte nativo, otro “bien colectivo y de patrimonio cultural” destruido de forma “grave” por los propietarios de los padrones donde irá el desarrollo inmobiliario. “Estamos a tiempo de hacer una recomposición, de que se restablezca el monte que la empresa ha destruido”, sostuvo Mirande, quien ya se mueve tras una resolución administrativa y judicial con ese objetivo.

El tercer punto del plan son las cuestiones reglamentarias vinculadas con el gobierno departamental, ya que los promotores de Reserva del Mar solicitaron varias excepciones para concretar el proyecto urbanístico. Esas excepciones, que la Intendencia de Maldonado presentó a la Junta Departamental como “solicitud de viabilidad de obras”, preocupan a los vecinos, que reclaman una evaluación de impacto ambiental.

Mirande señaló que las exigencias para ese estudio dependerán de la categoría del suelo, el perímetro y las alturas de las construcciones que se avalen en la Junta Departamental. “Queremos que el gobierno departamental exija y proteja el complimiento de la reglamentación de construcciones, además de la protección del arroyo y del monte nativo. Entendemos que las excepciones planteadas por los empresarios son ilegales e inconstitucionales”, advirtió.