Una “carpa de la dignidad” fue instalada por algunos militantes en la vereda de la Casa del Frente Amplio (FA) de Maldonado en rechazo al despido de Raquel Martínez, una de las dos secretarias de la organización política, resuelto a fines de setiembre. Tras una manifestación realizada el lunes, este martes fue convocado al gazebo el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) en Maldonado, Gastón Villamil, para detallar los pasos que dieron, sin éxito, hacia el reintegro de la trabajadora.

Martínez, quien fue recategorizada en 2022 como secretaria del FA después de trabajar varios años como auxiliar de servicio, está a unos meses de jubilarse. Afirma que se enteró sorpresivamente de su despido mediante un mensaje de Whatsapp en el que, al mismo tiempo, le pidieron que entregara las llaves del local partidario y que no se presentara la semana siguiente.

Asesorada por el Sutiga, logró una primera reunión bipartita que tuvo lugar en Montevideo el 1° de octubre. Villamil relató que, en esa instancia, los representantes del FA afirmaron que el despido se debía a “motivos económicos” de la organización en Maldonado, pero el sindicato entiende que la verdadera razón es que “no querían” a Martínez. “Por un tema de dignidad, la compañera decidió no aceptar el monto que le ofrecieron por el despido y reclamar su fuente laboral”, dijo el dirigente local.

En la mesa bipartita se llegó a un preacuerdo por el cual Martínez cumpliría nueve meses de trabajo a partir del 1° de octubre para completar el tiempo necesario para jubilarse. Sin embargo, los plazos para firmarlo se dilataron y, en medio, el FA exigió una “cláusula de confidencialidad” y su homologación judicial.

Martínez no aceptó esas condiciones, que le impedían “hablar del FA antes, durante y después” de firmar el nuevo contrato laboral y que implicaba refrendarlo ante la justicia. Según Villamil, el FA interpretó esa decisión como “un acto de mala fe”, en medio de rumores “falsos” sobre un juicio laboral por parte de la trabajadora.

El dirigente aclaró que se comunicó con dirigentes del FA de Maldonado para plantear que el Sutiga estaba dispuesto a aceptar la homologación y que, “si el miedo del FA era un juicio”, Martínez se comprometía por escrito a no hacerlo. Pero, según su versión, el FA declinó retomar la negociación. Finalmente, el sindicato pidió una mesa tripartita en la sede fernandina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), cuya fecha todavía no se definió.

Para Villamil, “quienes armaron el despido abusivo de la compañera” han intentado “dejarla mal parada” en las últimas semanas. “Es un papelón que, a falta de nueve meses para jubilarse, hagan esto con alguien que lleva un lote de años militando y trabajando para el FA”, opinó, aunque aclaró que el sindicato está dispuesto a seguir negociando por el reintegro.

Martínez: “Nunca tuve una observación ni una falla en mi trabajo”

También en el gazebo, rodeada por algunos militantes, Martínez remarcó que está embarcada en una causa laboral. “No quiero que se tome como una cosa política, que va por otro lado. Yo estoy hablando de mi trabajo, de mi puesto laboral. Los temas políticos los arreglo en otros ámbitos”, enfatizó la exfuncionaria, que al momento de su despido tenía un salario de 80.000 pesos.

Luego aseguró que no está siendo influenciada por sector o persona alguna: “Tengo 60 años y no necesito dejarme convencer por nadie. Pido mi reintegro porque fui mal despedida, que no se confundan ni se entreveren los papeles”, expresó.

Por último, aseguró que, a pesar del “mal momento” que está viviendo es “más frenteamplista que antes”, porque “no es un tema del FA, sino de algunas personas” que están en la fuerza política, de “algunos egos”, y tendrán que “hacerse cargo” de lo que hacen y sus motivos. Martínez aseguró que “nunca tuvo una observación” ni una “falla” en su trabajo, por lo cual “no es justo” que le “ensucien” su legajo en el final de su carrera laboral.

El caso generó algunos escarceos en la Mesa Política del FA departamental, entre quienes sostienen que Martínez ha sido víctima de acoso laboral y hostigamiento durante mucho tiempo –incluso han hablado de racismo, dado que es afrodescendiente–y quienes defienden las razones invocadas para su despido y la legalidad del procedimiento.

La presidenta Silvana Amoroso no se expresará públicamente hasta que el asunto se dirima en el MTSS, dijeron a la diaria fuentes cercanas a la dirigente. Entretanto, en redes sociales algunos militantes reclaman que el presidente de la Mesa Política nacional, Fernando Pereira, se expida sobre un caso que interpretan como “una vergüenza” departamental. La “carpa de la dignididad”, que funcionó en ambas jornadas de 9.00 a 18.00, fue levantada a última hora de la tarde y volverá a instalarse el jueves.