Una charla informativa sobre los dos proyectos de prospección sísmica offshore 3D en el mar territorial uruguayo de las empresas promotoras APA Exploration y Searcher Geodata UK y la instalación de plataformas petroleras para la extracción de hidrocarburos tuvo lugar el martes en la Liga de Punta del Este. Contó con la participación de la licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Oceanografía Biológica, Paula Laporta, y Julia Vilches y Belén Chaine de la organización Amigos del Océano.

En diálogo con la diaria, Laporta informó que expuso sobre las prospecciones sísmicas y el impacto que tienen en la biodiversidad marina, y que es importante este tipo de instancias para “difundir lo que está ocurriendo o lo que puede llegar a ocurrir en las aguas uruguayas”, y concientizar sobre “los impactos reales”. Los daños pueden ser diversos, según Laporta, sobre todo en la fauna marina, la pesca y los corales que permanecen en el fondo del mar uruguayo.

Vilches, por su parte, dijo a este medio que muchas personas “todavía no conocen el proyecto” y, en este sentido, invita a cuestionarse acerca de “¿qué queremos?, un país natural-turístico o petrolero”. Puso como ejemplo la expedición Uruguay Sub200 que dio cuenta de las especies del fondo marino, que se verían “perjudicadas” con estos proyectos. Además, dijo que en el derrame de la boya petrolera de José Ignacio “se vio la incapacidad de infraestructura que tiene Uruguay para solucionar los temas petroleros”, y agregó que “las probabilidades de conseguir petróleo en Uruguay son del 23%”.

En referencia a la audiencia pública realizada en Maldonado, Laporta dijo que “fue un error haberla suspendido, ya que se debería haber respetado a la mayoría de personas presentes”, y considera que la evacuación de las consultas y observaciones de la sociedad civil por parte del Ministerio de Ambiente (MA), difundida semanas después de la audiencia por el Observatorio Ambiental Nacional mediante un documento, “no es la forma”.

Laporta dijo que no le “conformaron” las respuestas que leyó y opinó que se debería “repensar las formas de participación ciudadana ante este tipo de proyectos y de otros más simples”. Cree que los espacios de participación “no son los adecuados ni los suficientes”, y que la ciudadanía es quien “debe estar detrás denunciando y pidiendo para participar y opinar” o, en otros casos, quienes tienen acceso al conocimiento lo comparten entre sus pares. “Los espacios no existen o quedan limitados a una audiencia de unas horas sin posibilidad de intercambio”, aseguró.

Más participación de la sociedad civil

Desde la Red Unión de la Costa solicitan la creación de una mesa de diálogo integrada por organismos gubernamentales competentes en materia de ecosistemas marinos, la academia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía.

Sobre esto, Laporta cree que “es la forma de poder avanzar y dar el espacio de participación a la sociedad en una mesa de intercambio”, en la que exprese su postura y se posibilite “llegar a acuerdos”. Sin embargo, opinó que la sociedad civil “debe participar desde el principio y no cuando un contrato ya está firmado o cuando ya está casi todo hecho para que se realice el proyecto”.

En este sentido, aseguró que “no hubo muchas instancias de diálogo” y es necesario “generar espacios y diálogos interinstitucionales con la participación de la sociedad civil”, así como reflexionar acerca de “cuánto se está dispuesto a sacrificar en calidad ambiental, servicios ecosistémicos y en el uso de los ecosistemas o bienes comunes”.

Laporta dijo que es vital que Ancap y el MA “brinden información sobre en qué estado está el proyecto, por qué están promoviéndolo, cuál es la visión sobre los impactos que se generarían”. Además, resaltó que por parte de las empresas impulsoras “falta información, estudios y contemplar el impacto acumulativo de la operación de varias empresas en un mismo lugar e incluso el daño a nivel regional”.

Recolectan firmas para presentar petición

Vilches informó que la organización Amigos del Océano, amparada en el decreto 30 y el 318 de la Constitución de la República, pedirá a la Presidencia de la República la suspensión de las actividades de prospección sísmica, exploración y explotación de hidrocarburos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Uruguay.

Para eso, están recolectando firmas desde el pasado sábado 18; al momento juntaron 350. Buscan sumar más, aunque con una sola firma alcanza para realizar la petición que será presentada el 10 de noviembre.

En el documento exponen consideraciones y fundamentaciones sobre los impactos ambientales, las consecuencias socioeconómicas y los derechos humanos y participación ciudadana (que refiere a que no hubo consulta adecuada y, por consiguiente, se vulneraron los principios de transparencia y participación ciudadana).

Si bien desean que sea “antes que el Ministerio de Ambiente expida su resolución de si aprueba o no la prospección sísmica”, en caso de que salga antes, la presentarán de igual manera. Vilches entiende que es probable que el MA se expida a la brevedad, ya que “las empresas de prospección sísmica planean empezar a trabajar este verano”.