El edil nacionalista Luis Artola expuso en la Junta Departamental de Maldonado una propuesta que hizo al intendente de Maldonado, Miguel Abella, para que cobre una tasa a las empresas forestales cuyos camiones con madera circulan por los caminos rurales del departamento.
La iniciativa también implica que se prohíba la circulación de esos camiones entre las 20.00 y las 6.00, salvo excepciones debidamente justificadas; que haya “señalización clara” en todos los caminos afectados y fiscalización conjunta de la Intendencia de Maldonado (IDM) y otros organismos con jurisdicción en las zonas, como la Dirección de Transporte y la Policía Caminera.
Un tercer punto propone la creación de un Fondo de Mantenimiento Vial Forestal, financiado con aportes de las empresas forestales y las multas aplicadas. “No se pretende ir contra el trabajo de nadie. Se pretende cuidar lo que es de todos: nuestros caminos, nuestra seguridad y nuestro futuro”, argumentó Artola, quien aspira a que Abella recoja su propuesta en un proyecto de decreto departamental.
Exposición de motivos
Tras señalar que “Maldonado no sólo es turismo” y que en el departamento hay diversas actividades rurales, Artola remarcó que “en los últimos años” el crecimiento de la actividad forestal ha traído beneficios económicos y oportunidades de desarrollo, pero también impactos negativos.
“En el departamento de Maldonado estamos enfrentando una realidad preocupante: la circulación constante de camiones cargados con madera por caminos rurales está generando una serie de consecuencias negativas que no pueden seguir siendo ignoradas”, advirtió.
Los camiones de gran porte, especialmente los que transportan troncos, circulan a diario por rutas secundarias y caminos vecinales que no están diseñados ni preparados para ese tipo de tránsito.
“Como resultado, las vías se deterioran rápidamente, hay baches y hundimientos constantes, alcantarillas colapsadas, material de balasto que se pierde en cuestión de semanas, quedando intransitables para los vecinos, productores y servicios esenciales como ambulancias o patrullas rurales”, explicó, para recordar que el costo de reparación de esas vías recae luego sobre el gobierno departamental, “es decir, sobre todos los ciudadanos”.
Además, Artola consideró que, en muchas zonas rurales del departamento, los vecinos conviven a diario “con el peligro” que representan estos vehículos pesados. “La circulación en horarios nocturnos, sin la debida señalización ni controles, aumenta el riesgo de accidentes. Se han reportado incidentes con personas, animales y vehículos más pequeños que no pueden anticipar ni evitar el paso de estos camiones en condiciones de poca visibilidad”, advirtió.
Impacto ambiental y social
A estas situaciones Artola sumó que la circulación constante de camiones “provoca contaminación sonora y altera la tranquilidad y calidad de vida” de quienes habitan las zonas afectadas. “Muchos de estos caminos atraviesan zonas naturales, afectando fauna local y deteriorando espacios rurales que deberían ser preservados”, expresó.
El daño que sufren algunas viviendas debido al movimiento de tierra que ocasionan los camiones y las pérdidas económicas para quienes no pueden sacar su producción o que ven dañada su maquinaria al transitar por caminos en mal estado también figuran en el listado de contras expuesto por el edil. Por último, consideró que “en una época en la que las personas están eligiendo trasladarse a zonas rurales como lugar de residencia, las zonas donde circulan los camiones no son de preferencia para la compra de tierras”.
Artola expresó que existen decretos nacionales que regulan pesos y dimensiones de camiones forestales y cargas y pesos por eje, además del reglamento nacional de tránsito. También señaló que en Maldonado el Decreto 3602/1988 determinó la creación de un registro de transportistas de madera, mientras que el 3870/2014 el tránsito pesado en zonas urbanas.
Mencionó además que Lavalleja, Tacuarembó y Rivera cuentan con decretos departamentales que restringen el tránsito luego de lluvias o establecen rutas preferenciales. “No hay ninguna disposición en Uruguay que prohíba la circulación nocturna de camiones forestales en caminos rurales. Este vacío legal es el que hoy queremos llenar. Porque Maldonado puede ser pionero y liderar con una norma justa, clara y efectiva”, argumentó.
Experiencia internacional y optimización de recursos
Por último, el edil recurrió a experiencias internacionales para fundamentar su propuesta. “No estamos inventando nada nuevo. En otros países se ha regulado el tránsito pesado para proteger comunidades y caminos”, dijo. Citó el caso de Ontario, en Canadá, que “obliga a cumplir horas de servicio para transportistas forestales, limitando la conducción nocturna por zonas rurales”.
También hizo referencia a Midwest, en Estados Unidos, donde, según sus datos, varios condados establecen ordenanzas locales prohibiendo el tránsito de camiones agrícolas y forestales en horarios nocturnos para proteger caminos rurales. “Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué no Maldonado? Este no es sólo un tema vial, es un tema social y económico”, remarcó.
En ese sentido dijo que, según la Guía de buenas prácticas para la gestión de caminos rurales editada en 2019 por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, “mantener un kilómetro de camino rural cuesta alrededor de 2.500 dólares anuales y rehabilitarlo puede costar entre 6.000 y 9.000 dólares por kilómetro”. Por lo tanto, según sus cálculos, las medidas planteadas contribuirían a optimizar recursos, con un menor gasto en reparaciones constantes.
“El progreso es bienvenido, pero bajo reglas que protejan a la comunidad. No estamos en contra del desarrollo forestal. Estamos a favor de un desarrollo responsable. Los vecinos de Maldonado merecen vivir seguros, transitar por caminos dignos y ser escuchados cuando su calidad de vida se ve afectada”, concluyó.