Municipio de Piriápolis: alcalde y concejales advirtieron sobre pérdida de derechos y desvío de fondos de la OPP

El alcalde de Municipio de Piriápolis, René Graña (Partido Nacional), y varios concejales oficialistas y del Frente Amplio (FA) comparecieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Junta Departamental de Maldonado, en una extensa sesión, para exponer sobre sus aspiraciones presupuestales para el quinquenio.

En la instancia dejaron en evidencia, con ejemplos puntuales, la pérdida de autonomía municipal durante la última gestión del exintendente nacionalista Enrique Antía y plantearon la necesidad de que la actual administración, del también nacionalista Miguel Abella, reconozca el derecho del gobierno local a definir cuáles son las obras que se requieren en la jurisdicción e intervenir en la ejecución de los recursos.

El relacionamiento entre los departamentos (ex direcciones generales) de la Intendencia de Maldonado (IDM) y el municipio “tendría que mejorar” o “puede y debe rendir más”, dijeron, alternadamente, de acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión. La delegación coincidió en que algunas áreas municipales quedaron “intervenidas” por la IDM desde la gestión de Antía –como se leerá más adelante– y que, por otra parte, no cuentan con información sobre las obras pautadas por Abella en el presupuesto “corto” a estudio de la Junta.

En ese contexto, el concejal y exalcalde frenteamplista Mario Invernizzi planteó que una partida de 6.000.000 de pesos asignada al municipio, con Fondos de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), para la reparación de veredas en el casco urbano de Piriápolis, “desapareció” o fue utilizada con otros fines por decisión del exintendente Antía.

En efecto, según consta en un acta municipal del 28 de agosto pasado, a la que accedió la diaria, Graña informó a los concejales que “las obras de construcción de veredas en la avenida Piria y Tucumán, aprobadas a principio de año, nunca comenzaron”. Agregó que “un arquitecto” de la IDM le comunicó que “el intendente decidió destinar ese dinero, proveniente de los FIGM, a la obra de construcción de veredas en La Capuera”.

Pedido de informes en la Junta

Invernizzi considera “inadmisible” que el Ejecutivo departamental haya tomado una decisión “sin consensuarla con el municipio” ni presentar una fundamentación. Incluso, duda de que la IDM haya derivado los fondos a La Capuera: “Recientemente recibimos un pedido de la policlínica de La Capuera para la construcción de veredas, entonces, es llamativo que eso ocurra si la IDM dirigió 6.000.000” de pesos a esa localidad, dijo a la diaria.

Agregó que en el concejo “no hay ninguna documentación” que pruebe la ejecución de veredas en La Capuera y opinó que la Junta Departamental de Maldonado debe investigar el caso en su rol de contralor. “No queremos tener un lío con la OPP, queremos que esto esté arriba de la mesa y que las cosas se hagan con claridad”, puntualizó. Y agregó: “No es solamente agarrar los rubros de un lado y pasarlos para otro. Si nos portamos mal con la OPP, la OPP se va a portal mal con nosotros”.

El edil frenteamplista Juan Urdangaray consideró que el hecho, reconocido por toda la delegación municipal durante la sesión, “es grave”, por lo que el jueves 25 cursó un pedido de informes a la IDM. Entre otros puntos, pidió conocer el monto total de FIGM asignado al Municipio de Piriápolis; el desglose de estos montos por rubro y fecha de ejecución; la documentación completa de la licitación abreviada 6/2025, y la “fundamentación administrativa y técnica sobre el uso de parte de estos fondos en La Capuera”.

Además, preguntó si “existió consulta y/o aprobación del Concejo del Municipio de Piriápolis respecto a la modificación” y, en caso de haber existido, que le adjunten el acta que lo acredite. En cuanto a los compromisos asumidos por la actual administración para ampliar las obras en las zonas originalmente previstas, solicitó que se indique si se financiará únicamente con fondos departamentales y “si se consultó o recabó información al Municipio”.

Stephanie Braga: “El dinero no desapareció”

La subdirectora general del Hacienda, Stephanie Braga, explicó que la licitación “N° 6” delimitaba el área donde se construirían las veredas en Piriápolis, pero aclaró que “decía específicamente que también se podía ocupar dentro del territorio del municipio”. Sobre esa base, argumentó que “la administración anterior entendió que se podía hacer o se debía utilizar esa licitación en el territorio de La Capuera”, que está en la jurisdicción del Municipio de Piriápolis.

No obstante, defendió la postura de Abella en cuanto a contemplar la opinión y los proyectos acordados dentro del concejo municipal. “El alcalde, específicamente, tuvo una conversación con el intendente por el tema de las veredas y se amplió” la licitación, aseguró en su comparecencia ante la comisión. Agregó que esto “ya se le comunicó a la empresa” y que esta “ya aceptó la ampliación de las veredas en la misma cuantía de lo que se había gastado en la parte de La Capuera”.

La jerarca insistió en que el dinero de la OPP “no desapareció”, como sugirió Invernizzi, sino que fue utilizado dentro del territorio del Municipio de Piriápolis y que, además, “la nueva administración, a costo propio, hará una ampliación [de la licitación] equivalente a lo utilizado fuera de la ciudad de Piriápolis”.

El “puntero” de La Capuera y la funcionaria rebelde

En el marco de esta discusión, el concejal frenteamplista Alberto Miranda expuso que durante la pasada administración tuvieron “el infortunio” de que La Capuera funcionara como “una oficina desconcentrada” y que las decisiones pasaban por “un puntero político que resolvía con el intendente”. Agregó que, cuando le pidieron explicaciones, el hombre argumentó: “Yo con ustedes no converso porque esto lo soluciono en un ratito con el intendente”.

Braga aseguró que “eso no está pasando ahora” y que “no es el camino que llevará adelante Abella”. “No hay un cargo de confianza que esté trabajando en la zona de La Capuera, al menos no en la misma situación que en el período pasado”. “No me hago responsable ni soy una vocera del período pasado”, enfatizó.

Invernizzi remarcó que hay áreas municipales “intervenidas” por la IDM y tanto el alcalde como otros concejales reforzaron la afirmación. Pusieron como ejemplo lo que ocurre en tránsito, deportes, electromecánica y recolección de residuos.

En Tránsito, el gobierno local no tiene potestades para determinar la participación de sus inspectores en operativos cotidianos o para espectáculos públicos; tampoco decide sobre señalización vial y, así, una tarea tan sencilla como pintar una cebra es motivo de fricciones con la IDM, relataron.

Graña llegó a contar que, en la administración pasada, la IDM designó a una funcionaria de confianza para el área de Tránsito de Piriápolis. Debía estar a las órdenes del alcalde, pero, “cuando se le daban las órdenes, esa funcionaria decía que recibía las órdenes del director de Tránsito [Juan Pígola] y, por lo tanto, a mí no me hacía caso. Se habló con el intendente de que había que cambiar esa situación, y siguió todo igual; hasta que un día me dijo que se iba…”.

Por otra parte, reponer o instalar una luminaria es otra misión compleja: el área de Electromecánica es la que decide dónde y cuándo intervenir, aunque el municipio costea el camión necesario para realizar la tarea y es el que recibe los reclamos vecinales.

En otro orden, Graña y los concejales lamentaron que, para atender el problema de los basurales, la Dirección de Higiene de la IDM sólo “mandó” dos camiones y una retroexcavadora. “Imagínate, desde el arroyo Tarariras hasta el arroyo El Potrero con dos camiones y una máquina. Damos lástima”, dijo el alcalde. Admitió que el servicio “no da abasto” y que, para paliar la situación, están pensando en modificar los turnos. Tampoco hay funcionarios suficientes para fiscalizar a quienes arrojan restos de podas o residuos voluminosos fuera de los puntos definidos para eso.

Inversiones desconocidas y “pérdida de derechos”

Todos asumen que la zona oeste de Maldonado ha tenido un crecimiento demográfico “explosivo” y que Piriápolis dejó de ser un balneario para convertirse en una “ciudad central”. Tampoco pierden de vista que es el segundo destino más visitado del país, según estadísticas del Ministerio de Turismo, y admiten que los “servicios básicos públicos urbanos son totalmente insuficientes” para atender la demanda de la población.

“Hay una cosa que es clara: hay un presupuesto municipal y hay un presupuesto que es departamental. Nosotros en el departamental no participamos ‒prácticamente no se participa‒ y cuando nos enteramos, es porque ya está instalado en el territorio”, advirtió el director administrativo del municipio, Alexis Acevedo.

En ese sentido, la delegación afirmó que varias obras a las que aspiran vienen de la pasada administración y que ahora la IDM no les informó de los planes pautados en el “presupuesto corto”. De hecho, llegaron a preguntarles a los ediles qué prevé el rubro de Inversiones o información sobre las obras: por ejemplo, en el caso del Castillo de Piria o en el traslado de la organización SOS Fauna Marina de Punta Colorada.

El edil colorado Ignacio Garateguy consideró que el caso revela “una pérdida de los derechos adquiridos de los municipios y del concejo para establecer sus obras en el lugar que tiene que ser y que no vengan después y las pongan en otro lugar que no tiene nada que ver”. También opinó que “hay un desconocimiento de las potestades municipales que se arrastra desde el otro período”.

Para el frenteamplista Pablo Cicero, el de Piriápolis es uno de los municipios donde “se nota más claramente el divorcio con la IDM”: “Ustedes traen una propuesta de presupuesto que no está reflejada en los papeles, y la intendencia propone un presupuesto que ustedes no conocen”.

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