La Intendencia de Maldonado (IDM) comenzó a cobrar este mes la contribución inmobiliaria urbana y suburbana con un ajuste general de 4.09% de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de 2025. Sin embargo, propietarios en distintas localidades manifestaron sorpresa y malestar debido a incrementos muy superiores a la inflación. A modo de ejemplo, algunos recibos emitidos para inmuebles ubicados en la capital departamental -a los que accedió la diaria- muestran un aumento de 15% con respecto al año pasado, mientras que en Piriápolis hay contribuyentes que pagan un 20% más y en Punta Colorada, un 25%.

Consultado por la diaria el secretario general de la IDM, Álvaro Villegas, reconoció estos incrementos por encima del IPC y explicó que se deben al reaforo de propiedades que, desde 2020, realiza en forma “constante” un equipo de funcionarios de la Dirección de Catastro y Agrimensura de la IDM. Defendió la medida como “un ajuste profesional, no arbitrario”, habilitado por un decreto que se aprobó en el período pasado. Ese decreto dio al Ejecutivo departamental la potestad de ajustar valores imponibles en función de las variaciones de los precios de mercado.

“Cada año, un equipo de cinco profesionales realiza un monitoreo y una recopilación de los valores del suelo y edificaciones. Además, cuentan con el desarrollo de un software específico y toman en cuenta el Índice de Costo de la Construcción (ICC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística”, detalló Villegas, para quien “es lógico” que si hubo un aumento en el valor de la tierra, también se ajuste el valor imponible.

De todas maneras, enfatizó que “no es un reaforo generalizado, sino de situaciones puntuales” que se concentran en zonas residenciales y de la costa turística, donde más se cotizaron las propiedades. Tampoco le parece un ajuste “significativo”, considerando que afectó “al 2% de los 157.000 padrones” de emisión en el departamento. En este universo de reaforados, más de la mitad “no supera los 4.000 pesos” de aumento, acotó.

Cómo impactaron los cambios tributarios

En este contexto, Villegas reivindicó la modificación tributaria aprobada el año pasado por la Junta Departamental como un instrumento para aliviar la carga en algunos sectores de la población. Mencionó, por ejemplo, que “flexibilizó” los requisitos en las exoneraciones sociales como forma de aliviar la carga para propietarios de un único bien y núcleos familiares integrados por personas con discapacidad. Con esto “se duplicaron las exoneraciones con respecto al verano pasado: tenemos 4.000 exoneraciones parciales o totales”, sostuvo.

La modificación tributaria también determinó un aumento del valor mínimo de la contribución -que se fijó en 4.616 pesos-, eliminó la tasa de videovigilancia y también el impuesto general municipal, en cuyo lugar se creó un impuesto general ambiental que se paga como un adicional de la contribución inmobiliaria.

Según Villegas, producto de estos cambios, “hay 18.000 padrones cuyo aumento es inferior al ajuste de 4.09% por IPC”. Además, indicó que “64.000 padrones pagan el mínimo de Contribución Inmobiliaria: aproximadamente unos 13.500 pesos” en total.

“Se confirmó el impuestazo”, dijo edil del FA

El Frente Amplio, que no votó la modificación por entender que afectaría a los sectores de menores recursos y que el impuesto ambiental -creado para financiar la gestión integral de residuos domiciliarios y acciones del Departamento de Gestión Ambiental de la IDM- oficia como un instrumento recaudatorio para bajar el déficit de la comuna, no evaluó aún el impacto sobre los contribuyentes. El edil Pablo Cicero estimó que, probablemente, esto ocurra en las próximas semanas.

Entretanto, opinó que “se confirmó el impuestazo” sobre el que advirtió la fuerza política meses atrás. Para muestra, exhibió a la diaria el recibo que él mismo pagó en Maldonado capital, donde se evidencia que el cambio del impuesto general municipal por el impuesto general ambiental le significó “un aumento del 67%”. El monto global de la contribución inmobiliaria urbana tuvo, en su caso, un aumento de 15% con respecto a 2025.

“Con los recibos sobre la mesa, se está cumpliendo todo lo que dijimos tanto en la Comisión de Presupuesto como en el plenario, en cuanto a que el cambio de impuesto iba a determinar una suba importante pese a que se eliminó la tasa de videovigilancia como se había previsto al crearla”, dijo. Luego invitó a vecinos y comerciantes a comparar recibos para notar las diferencias.