En el marco de la readecuación presupuestal, el Frente Amplio (FA) de Maldonado presentó a la Comisión de Políticas Sociales, que forma parte de las comisiones interpartidarias en la Intendencia de Maldonado (IDM), un informe con 11 propuestas vinculadas a la inseguridad alimentaria, la salud mental, la violencia de género, las personas en situación de calle y egresadas del sistema carcelario.

También se destaca la prohibición de la pirotecnia sonora. En el marco de la suspensión de las galas de luces, se redactó un proyecto de decreto departamental con el fin de “eliminar el uso de elementos pirotécnicos sonoros que resultan perjudiciales para la salud y el bienestar de amplios sectores de la población, de los animales y el medioambiente”. Establece como prohibición “la manipulación, uso particular, fabricación, depósito, transporte, distribución y venta (mayorista, minorista o ambulante) de artificios pirotécnicos cuyos efectos audibles o sonoros superen los 84 decibeles”, incluidos los globos aerostáticos de pirotecnia.

Indica que sólo se permitirá la pirotecnia de efectos lumínicos, “cuyos sonidos sean inferiores a 84 decibeles, con previa evaluación de la autoridad de aplicación”, y este decreto deberá ser aplicado por los ministerios del Interior y Ambiente y la IDM. En caso de incumplimiento, habrá multas económicas, decomiso de mercadería y clausura de comercios infractores, y los fondos recaudados “se destinarán a campañas de concientización sobre los riesgos de la pirotecnia”

Fernando Franco, integrante de la comisión, dijo a la diaria que “el trabajo fue muy bueno por la disposición de todos los partidos políticos y los directores de la Intendencia que participaron para lograr un consenso”. Anunció que la próxima semana se reunirán para elevar el informe al intendente Miguel Abella “para que sea considerado en la readecuación presupuestal”, y aseguró que “se perdieron diez años en la aplicación de políticas sociales, porque en el gobierno del exintendente [Enrique Antía] no había posibilidad de diálogo, porque sólo se escuchaba a sí mismo”, en cambio, con Abella “hay una apertura a otras opiniones”.

Una de las propuestas plantea “aumentar la cantidad de cargos técnicos en las áreas social, género, infancia y juventud, mediante llamados externos”, para lo cual se precisa “la reestructuración del gasto de la Intendencia en el rubro correspondiente, sin que implique un aumento del mismo”. Esto contribuye a implementar políticas enfocadas en el relevamiento de “necesidades básicas insatisfechas en Maldonado”, la georeferenciación, elaboración y concreción de políticas de impacto en las “situaciones de pobreza y vulnerabilidad extrema”.

Franco dijo que directores de la IDM que acudieron a la comisión señalaron que “la falta de técnicos, porque algunos se jubilaron, dificulta la realización de diagnósticos, evaluaciones y seguimientos”. Para la concreción del relevamiento y de políticas de impacto, se prevé la participación de organismos nacionales como el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de Previsión Social (BPS) y los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

El informe también propone la instrumentación de la logística “necesaria” en movilidad y mantenimiento para “asistir a programas nacionales de índole social que se desarrollen en todo el departamento”. Además, la coordinación de esfuerzos con el Mides con el fin de “generar el funcionamiento 24 horas de los refugios existentes o a crearse y durante el tiempo que el órgano rector sugiera necesario”. Respecto de esto último, Franco indicó que actualmente “no hay refugios abiertos las 24 horas, sólo hay una casa de estadía instalada hace poco en las afueras de San Carlos, pero es para otro tipo de situación en calle, no para una solución rápida”.

Violencia de género: política integral de abordaje y centro de atención

El FA propone la creación de una política integral de abordaje de la violencia de género dirigida a mujeres, niñas, niños y adolescentes, coordinada con programas de capacitación y reinserción laboral, trabajo protegido y vivienda, en articulación con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el BPS, la Administración Nacional de Educación Pública, el Mides, el MVOT, la Agencia Nacional de Vivienda y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A su vez, la creación de un centro diurno de atención a víctimas de violencia de género.

Para atender situaciones de vulnerabilidad, de emergencia habitacional y de violencia de género, se plantea incluir en los programas de fraccionamiento de tierras que realiza la IDM, cupos para la atención de estas situaciones, así como implementar subsidios de alquiler y soluciones para la emergencia, como alquileres en hoteles por “plazos determinados”. Franco dijo que la IDM debe “licitar casas prefabricadas para dar una solución rápida y más práctica para las víctimas de violencia de género [o situaciones de emergencia habitacional o vulnerabilidad], y luego, en coordinación con los rectores nacionales, buscar una “solución integral”, para evitar que “corra peligro su vida o su estabilidad habitacional”.

Por otra parte, se indica que el funcionamiento del Sistema Nacional de Cuidados “requiere de la capacitación del personal necesario”, por lo que se propone que la IDM, en conjunto con municipios, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y UTU, capacite a quienes trabajan en distintos programas sociales de la IDM y otras organizaciones.

Reforzar canastas de alimentos para combatir inseguridad alimentaria

Según el informe sobre prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares (2025), Maldonado, que integra la región compuesta también por Flores, Durazno ,Florida, Lavalleja y Rocha, tiene un 13,9% de inseguridad alimentaria moderada o grave y un 1,6% grave. Ante este panorama, se propone desde el FA implementar un plan alimenticio para la primera infancia (de 0 a 12 años) y otro para estudiantes secundarios y terciarios, así como “reforzar la ingesta de proteínas para las usuarias embarazadas o en lactancia y para niñas y niños de cero a tres años de edad de los comedores municipales, en las canastas de alimentos y viandas que se entregan en las distintas instituciones educativas del departamento”.

Para estos dos puntos se necesita la coordinación con el Instituto Nacional de Alimentación. Franco dijo que “está en línea con el programa del FA y el presupuesto nacional, que vuelca el 40% del incremento a políticas sociales, entre ellas, la inseguridad alimentaria”. Por lo que se busca “el refuerzo de canastas de alimentos que ya se brindan en función de los diagnósticos [en territorio]”.

Atención en salud mental y programa para personas egresadas de la cárcel

Se propone crear un centro departamental de atención a la patología dual (enfermedad mental asociada al consumo de drogas), bajo supervisión del Ministerio de Salud Pública y con “recursos complementados entre prestadores de salud públicos y privados del departamento (la Administración de los Servicios de Salud del Estado, mutualistas, la IDM) y la academia”. El fin es “garantizar el tratamiento y seguimiento de la enfermedad mental y de la adicción, así como la reinserción social y laboral y el apoyo a las familias comprometidas”.

También se plantea la creación de un centro de atención con el propósito de que personas en situación de calle y egresadas del sistema carcelario “reconstruyan vínculos y capacidades”. Se solicita que la IDM destine equipos técnicos y recursos económicos para apoyar el programa Uruguay Impulsa y lo amplíe, “incorporando a otros grupos sociales, como mujeres en proceso de salida de violencia de género, personas en procesos de recuperación de adicciones, egresadas del sistema carcelario u otras en situación de vulnerabilidad social”.

Para estas propuestas, se creará una comisión de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas públicas aplicadas en las poblaciones objetivo, integrada por representantes de los partidos políticos representados en la Junta Departamental y del Ejecutivo Departamental.