La Red Ambiental Piriápolis y Alrededores (APA) y la Unidad de Denuncia Ambiental Ciudadana enviaron una nota a la Intendencia de Maldonado para rechazar la recategorización de suelos rurales en urbanos para desarrollar el proyecto Jardines de Portales, en Playa Grande. La puesta de manifiesto del plan de acción integrada (PAI) del emprendimiento cerró el miércoles 11, día en que ambos colectivos fundamentaron su oposición ante los departamentos de Ordenamiento Territorial y las direcciones de Gestión Territorial, Gestión Ambiental y Obras, entre otras reparticiones de la IDM.

El PAI Jardines de Portales propone recategorizar suelos para fraccionar 44 hectáreas en terrenos de 400 y 300 metros cuadrados en torno al arroyo Zanja Honda. En la nota, a la que accedió la diaria, las organizaciones vecinales señalaron que el proyecto “busca duplicar la urbanización de Playa Grande, siendo este uno de los barrios más afectados por inundaciones y contaminación”. Agregaron que la urbanización “no tiene en cuenta el gran impacto ambiental acumulativo y de salubridad” que provocará en un territorio donde ya existen “grandes problemas ambientales y de servicios aún sin resolver”.

En ese contexto, cuestionaron la “incapacidad de los organismos competentes” para atender y dar respuestas a necesidades básicas, provocando recurrentes fallas que afectan la vida de sus habitantes. A modo de ejemplo, mencionan reiterados cortes de luz, “de hasta 36 horas seguidas”, debido a la explosión de transformadores por el consumo excesivo; barrios que se inundan por múltiples factores, “más tres veces al año con más de 40 cm de agua dentro de las casas”; y saneamientos “sin controles ni mantenimiento, con filtraciones continuas”.

También recordaron que la alta demanda genera un bajo suministro de agua potable durante el verano; que en los cauces de agua se vierten desechos “altamente contaminantes” de diferentes procedencias; y que las calles quedan bloqueadas por “montañas” de restos de podas y residuos voluminosos porque ni el municipio ni la IDM los retiran, entre otros problemas que la comunidad ha denunciado en reiteradas oportunidades.

“Caen al vacío montañas de expedientes con irregularidades y reclamos por parte de las comisiones vecinales; denuncias que no son atendidas o son atendidas, pero no dan soluciones a las problemáticas expuestas”, lamentaron, para preguntarse cómo es que la IDM, OSE, UTE y el Ministerio de Ambiente piensan responder a “estos problemas que se amplificarán y a los nuevos suministros que se demandarán”.

Impacto de nuevas viviendas en zonas “brutalmente castigadas”

Los colectivos alegaron que, si se autoriza el fraccionamiento, la multiplicación de viviendas “devastará” el ecosistema biológico natural y “destruirá los últimos pulmones verdes, montes tupidos y ribereños, que son refugio de la fauna” autóctona. Como en otras oportunidades, advirtieron sobre las consecuencias de aprobar proyectos PAI en zonas de alta vulnerabilidad ecosistémica y áreas de drenaje natural de los arroyos Zanja Honda y La Cascada, “sin considerar el impacto acumulativo que estas intervenciones individuales generan sobre el conjunto del territorio”.

Tras afirmar que la zona está siendo “brutalmente atacada por la desaparición de cobertura vegetal por múltiples factores”, mencionaron que están en curso cinco transformaciones de categoría de uso de suelo de rural a urbano (PAI), incluido Jardines de Portales. “Todos se encuentran sobre la zona de amortiguación (buffer) a las presiones ambientales que padecen en los barrios de Playa Grande, Pueblo Obrero y Piriápolis”, indicaron.

A su juicio, la alteración de ese territorio intensificará los impactos citados y “podrá provocar impactos mayores”, debido al “acumulado sistemático de pérdidas ambientales sin resolver”. En este punto, enfatizaron que en esos lugares están los “últimos vestigios” de monte y vegetación abundante, que cumplen con servicios ecológicos ecosistémicos claves para las poblaciones.

Predio bajo investigación por “ilícitos ambientales”

Para la Red APA y la Unidad de Denuncia Ambiental Ciudadana es “de vital importancia” que las autoridades apliquen los criterios nacionales en temáticas ambientales. “Debe primar el principio precautorio ante cualquier duda de afectación ambiental, más aún en sitios que no cuentan con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que la que Ley 18.308 indica como el elemento prioritario para una transformación en territorio”, remarcaron. A su juicio, si Piriápolis no cuenta con un plan de ordenamiento territorial, bajo lo que dicta esta ley, “no se puede autorizar ninguna transformación en nuestro territorio”.

En ese contexto, recordaron que los responsables del predio propuesto para el PAI Jardines de Portales han sido denunciadas “acciones ambientalmente ilícitas” desde 2023, en todos los organismos pertinentes. De hecho, indicaron que esas denuncias están siendo procesadas e investigadas por el Ministerio de Ambiente. La cartera “está aún trabajando en los hechos sin haberse expedido en una resolución ni haber archivado la denuncia”, razón por la cual consideran que “no es ético, ni pertinente, ni preventivo que se continúe en el avance de este proyecto, hasta tener una legitimación clara de todo su proceso”.

Ordenamiento territorial y participación ciudadana

Por lo expuesto, las organizaciones vecinales exigieron que se emitan las “medidas administrativas pertinentes y coherentes” con esa situación y recordaron que la modalidad de aprobación fraccionada “vulnera el espíritu de la Ley 18.308”, la cual establece que el ordenamiento debe ser integral y participativo.

En esa línea, reclamaron “la suspensión inmediata” de nuevas aprobaciones de PAI sin que haya un plan de ordenamiento territorial, la apertura de una instancia de participación ciudadana “real, donde los criterios técnicos y ambientales expresados sean escuchados”, y la incorporación de “un mapeo de parches, corredores biológicos, montes, humedales y cursos de agua, para su real protección”.

Paralelamente, solicitaron la aplicación del Plan Ambiental para el Desarrollo Sostenible para toda nueva actividad que se programe en el territorio de Maldonado. En esto, sugieren apelar “a la innovación con medidas ecológicas eficientes para brindar los servicios humanos, y diseños urbanos con integración de hábitat para la fauna y protección del paisaje, así como la permanencia de los servicios ecológicos existentes y la planificación para la restauración de nuevos hábitats, de cara a la mitigación por impacto climático que se necesita”.

Por último, reclamaron la intervención de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial para evaluar si estos programas se ajustan a las directrices nacionales y si garantizan la protección de los recursos naturales “frente a la creciente presión inmobiliaria descontrolada”. Las agrupaciones esperan de la IDM una “acción decidida” en defensa del patrimonio natural, arqueológico, cultural, ancestral, histórico y social de la zona.