La empresa Wasi, subcontratista de Criba S.A en el obrador del Grupo Cipriani en San Rafael, salió al cruce de los trabajadores peruanos y delegados del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) que denunciaron “acoso laboral, hostigamiento” y adeudos salariales.

“En 36 años de trayectoria no hubo ni un solo reclamo por haberes impagos y tampoco se tuvo que acudir a instancia de mediación ante el MTSS [Ministerio de Trabajo y Seguridad Social]”, aseguran la propietaria, Adriana Leal, y su esposo, el responsable técnico Juan Manuel Otero, en un comunicado público.

Ambos sostienen que la firma es “víctima de una espantosa e injuriosa campaña de difamación”, en la cual fue “falsamente acusada de secuestro y trata de personas”. Asimismo, señalan que, durante 2025, sufrieron “acoso, intromisión, presión permanente, extorsión y amenazas de parte de delegados sindicales en Maldonado, en la obra Cipriani”.

En otro tramo del documento, señalan que los trabajadores “están inscritos en la categoría Oficial de montaje A (categoría XIII), con un total nominal de $ 110.000 por 21 jornales”. Recibos de sueldos a los que accedió la diaria, muestran que, en noviembre de 2024, cuando ingresó la mayoría de los trabajadores peruanos, dos de ellos percibieron $ 115.569 nominales por 22 jornales.

Otero atribuye los hechos a “una interna” por elecciones sindicales

En diálogo con la diaria, Otero afirmó que “hay pruebas” de lo ocurrido. Contó que los cuestionamientos sindicales comenzaron desde el inicio de la obra, por discrepancias de los delegados con los equipos aportados por la empresa para la tarea en los techos. Luego, el enfrentamiento estuvo marcado por la contratación de mano de obra extranjera.

Los delegados comenzaron a “exigir de forma sistemática” que se contratara mano de obra nacional, dijo Otero. En esa instancia, explicó a los trabajadores que se “requería mano de obra calificada por la particularidad de las tareas”, razón por la cual era necesario emplear peruanos, a quienes definió como “trabajadores con los mismos derechos y obligaciones que los uruguayos”.

Sostuvo que, pese a sus explicaciones, los delegados “mantuvieron una postura intransigente” y lo llamaban “de forma permanente para insistir en la contratación de trabajadores uruguayos”, advirtiendo que, de lo contrario, “se motivarían contradicciones y encontronazos”.

También señaló que hubo “insistencia” en temas salariales y cuestionó que los delegados “interpretan que tienen el derecho de saber cómo paga la empresa sin que haya un reclamo por parte de los trabajadores”.

Según relató, “el hostigamiento fue feroz” durante 2025, con insistencias reiteradas y “una amenaza puntual en marzo por parte de uno de los delegados”. Ante este cúmulo de situaciones, el 20 de mayo de 2025 Otero expuso lo ocurrido a un alto jerarca del MTSS y no presentó denuncia formal con la esperanza de que “la persona reflexionaría”. Sin embargo, al pasar los días, “siguió la mecánica coactiva”.

Otero consideró que este tipo de conflictos tiene “un impacto negativo” en el sector y “destruyen sobre todo a las pequeñas empresas”. Sostuvo que esto sucede porque los delegados “quieren tener el poder sobre otros” y, en función de eso, “son capaces de inventar situaciones y levantar la temperatura del trabajador”.

A modo de ejemplo, aseguró que el pasado lunes 26 hubo una asamblea en la obra, en la que “terminaron a golpes entre dirigentes sindicales”. A su juicio, Wasi “fue usada” en el marco de la interna de cara a las elecciones sindicales del departamento.

La versión sobre los peruanos “encerrados”

Otero señaló a este medio que, en noviembre de 2025, “dos operarios [peruanos] querían volver a su país por voluntad propia y cobrar el seguro de paro”, pero la empresa consideró que eran casos de renuncia y que, por ello, “no tenían derecho al beneficio”.

En consecuencia, los delegados sindicales “presionaron para que se otorgara el seguro bajo la causal cuatro”, pero la empresa lo rechazó por entender que estaría “siendo cómplice de mentir al Estado”, al alegar que “no había más tareas cuando, en realidad, la persona se va por sus propios intereses”.

El ejecutivo agregó que la situación se agravó a fines de ese mes: “Se dio un episodio muy grave con tres delegados, en el que uno de ellos amenazó con pegarme”, dijo. Entiende que eso fue con la intención de “presionar” para que concediera un seguro de paro que “no era correcto legalmente”.

Además, sostuvo que los trabajadores que reclamaban el seguro “tenían graves distorsiones de conducta” y que “la situación estaba insostenible por el exceso de consumo de alcohol”. También dijo que, por esa razón, “la convivencia en la vivienda [alquilada por la empresa] se había transformado en un problema”. Indicó que existen registros que “prueban los días en que no concurrieron a la obra”, ya que, al detectar alcohol en sangre, él “daba la orden de que no se presentaran a trabajar”.

Tras lo acontecido, Otero y Leal mantuvieron una reunión para poner fin a esta situación en la vivienda, pero dos trabajadores “quedaron disconformes y fueron observados por no acatar el planteo”. Según contó, ambos obreros viajaron a Perú y uno de ellos le envió “amenazas”, por lo que “se decidió desvincularlo en diciembre de la empresa”.

Sin embargo, regresaron a Maldonado y, “en confabulación con alguien más, a ser determinado por la Justicia, generaron una puesta en escena”. Esto es, el video viralizado en redes, en el que un trabajador muestra la vivienda con un candado y catracas y acusa a Otero de haberlos dejado encerrados.

Otero aseguró que las catracas “fueron colocadas para mantener firmes dos portones de madera destruidos y que el lugar estuviera cerrado para velar por la seguridad”. Aclaró que los portones “nunca fueron de acceso” y que las cadenas de cada portón y el candado “se pusieron cuando los trabajadores se fueron de licencia en diciembre”, ya que él quedó custodiando la vivienda, y que, al regresar, a principios de enero, les explicó que “las llaves estaban en la cocina”.

“No hay ninguna irregularidad tributaria”

Tras la audiencia del pasado 27, en la que el Sunca reclamó por “faltantes de haberes”, Otero dijo que esta instancia fue convocada por el MTSS “motivada por dudas que tiene el sindicato y aclaraciones que pidieron sobre cómo se liquidan determinados rubros”. Aseguró que “no hay faltantes, que están los trabajadores pagos y no hay ninguna irregularidad tributaria”.

En este sentido, sostuvo que “no saben qué inventar porque son conscientes de que lo que hicieron antes es muy grave”, con relación a la denuncia de presuntos faltantes y a la “solución habitacional” que se pide para tres trabajadores que fueron “expulsados”, según informó el delegado sindical Yhonattan Rodríguez a la diaria. Otero puntualizó que se trata de obreros que no “trabajan más para Wasi” y que “fueron contratados por Criba”.