“Si no está a la altura de la tarea pública que la población le ha encomendado, dé un paso al costado y deje lugar a otra persona, porque tenemos mucho trabajo por hacer. Y si decide quedarse, al menos no moleste, estamos trabajando”, exhortó la comunidad de la escuela rural N° 45 de Playa Verde a la inspectora departamental de Primaria en Maldonado, Laura Arce, en una extensa carta que le enviaron por mail, con copia a la directora general de Educación Primaria, Gabriela Salsamendi, y otros jerarcas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Avalado por unos cien familiares de estudiantes que se reunieron el miércoles 25, el documento es consecuencia de un tenso relacionamiento que detonó días atrás cuando Arce ordenó clausurar un salón construido con fondos y asesoramiento técnico de la comunidad educativa, y le impuso una sanción administrativa a la directora de la escuela, Lucía Tabeira. Al cabo de una enésima asamblea y sin lograr un diálogo con la inspectora, este viernes 27 las familias resolvieron “no acatar” la resolución “antirreglamentaria” y reafirmar su respaldo a la directora.

La carta firmada por el abogado Diego Traversa, asesor honorario del Consejo de Participación Escolar y expresidente de la Comisión Fomento de la escuela 45, expone un trasfondo complejo. Las familias acusan a Arce, máxima autoridad territorial de Maldonado, de tomar “una medida de disciplinamiento” en el marco de tensiones con otras dos escuelas rurales cercanas: la 89 de Punta Colorada y la 14 de Balneario Solís, cuyas comunidades educativas están estrechamente vinculadas.

Según la nota, a la que accedió la diaria, en las medidas de Arce hay “un mensaje claro”: que ella “tiene el mando y el poder de destrucción, que las comunidades educativas no deben tener ni arte ni parte en las escuelas y que las directoras que no aseguren eso serán castigadas”. Para las familias, la orden de la inspectora apunta a “disciplinar” a las comunidades para que no expongan públicamente sus reclamos, ni se organicen con otras comunidades educativas como las de Punta Colorada y Balneario Solís, ni busquen soluciones con jerarquías superiores.

No obstante, remarcaron que las tres “están más unidas que nunca” para “defender a niños, niñas y docentes de sus arbitrariedades y mezquindades”. “Estamos convencidas y convencidos de la importancia de la enseñanza pública y su rol estratégico como política pública en el desarrollo social”, remarcaron, antes de pedirle a Arce que, si no es capaz de resolver los problemas locales, dé un paso al costado o les deje trabajar.

“Ni el mismísimo Kafka se atrevió a tanto”

El salón, que Arce ordenó inhabilitar, fue construido durante 2024 para solucionar una situación de hacinamiento por sobrematriculación que no había tenido respuesta institucional, pese al reclamo de las familias. Los materiales fueron comprados por la comunidad, al tiempo que el arquitecto Federico Larrosa -uno de los padres de la escuela- diseñó el proyecto y dirigió la obra. Con vista al mar y aire acondicionado, el aula de 32 metros cuadrados albergó al grupo de primer y segundo año durante todo el año lectivo 2025.

Según exponen las familias en la carta que llegó a Salsamendi y también al director sectorial de Infraestructura de ANEP, el arquitecto Mario Corrales, no existen fundamentos técnicos para la inhabilitación del salón. De haberlos, reclaman que se les entregue el informe que así lo acredita, porque ni la directora ni la comunidad lo han recibido pese a solicitarlo con insistencia.

También advierten que la clausura implicará trasladar a 27 niños y niñas de primero y segundo año a dos salones, de 12 metros cuadrados cada uno, dejando a la maestra “en el corredor principal de la escuela” para manejar ambos grupos con apoyo de la directora, describe la nota. “La verdad, que ni el mismísimo Kafka se animó a tanto”, ironizan, en alusión a la alternativa propuesta por Arce.

Añaden que la inspectora estaba “en pleno conocimiento” de la construcción del salón, al punto que en la fiesta de fin de cursos de 2024 “felicitó” a la comunidad por ese logro y no puso reparos al año siguiente, cuando se dictaron clases allí. “Tampoco lo hizo la inspectora zonal que visitó a la docente en dicha aula y estuvo sentada adentro”, acotan.

Piden revocar medidas “infundadas”, dictadas “con abuso de poder”

Un capítulo aparte merece la sanción a la directora Tabeira, una medida que rechazan “visceralmente” en la nota. Las familias entienden que, si la situación amerita sanciones administrativas, deberían ser para “todas las funcionarias jerárquicas (en primer lugar la inspectora Arce) y la arquitecta que conocían que ahí funcionó un grupo en riesgo durante todo 2025”.

Definieron a la directora como “una profesional ejemplar que trabaja de forma incansable por la escuela, a veces a costa de su propia salud” y que cuenta con el total apoyo, respeto y cariño de la comunidad, sus compañeras docentes y especialmente de las niñas y niños que “la adoran”.

“Se le debería caer la cara de vergüenza —le espetan a Arce— por castigar a esta directora mientras se esfuerza por apañar a la directora de la escuela 14, que acumula múltiples denuncias por malversación de fondos y malos tratos totalmente documentadas por parte de las familias desde diciembre de 2024.”

Esa situación “ha provocado el vaciamiento” de la escuela 14 y una decena de niños y niñas se cambiaron a otro centro educativo este año, varios a la escuela 45, sostienen. “La directora (de Solís) sigue ahí, con la foja funcional inmaculada y además ahora la puso a cargo de un grupo. Su arbitrariedad es galopante”, le indicaron, antes de exigirle que revoque la sanción administrativa impuesta a Tabeira “por infundada, ilegítima, desproporcionada y dictada con abuso de poder”.