La Intendencia de Maldonado (IDM) puso a la venta del terreno donde estuvo el barrio Kennedy (luego devenido en asentamiento) durante 60 años. Detalló que el padrón 11.603, delimitado por la Avenida Aparicio Saravia, Isabel de Castilla y San Pablo, tiene una superficie de 355.635 metros cuadrados y que el proceso de venta al mejor postor se hará a través de República Afisa, con una base de 29.170.000 dólares.

Las expresiones de interés se recibirán en las oficinas de República Afisa hasta las 12.00 horas del 16 de abril y la apertura de sobres se hará en un acto público ante un escribano. El producto de la venta se destinará a “achicar” el fideicomiso de 35 millones de dólares (pagadero en 15 años) contraído por la IDM para concretar el realojo, según aprobó la unanimidad de ediles de la Junta Departamental de Maldonado en abril de 2022.

Una venta polémica

Paralelamente, también a través de República Afisa la IDM puso a la venta el padrón contiguo (11.726), que tiene una superficie de 59.124 metros cuadrados. Este predio está ubicado al fondo del Parque El Jagüel y se utilizaba habitualmente para ubicar a los caballos de alquiler. La enajenación fue autorizada por la Junta Departamental, por un valor de 2.660.580 dólares y, en este caso, el dinero se destinará al Fideicomiso Financiero de para Planes y Programas de Viviendas de la IDM.

La venta fue resuelta por el intendente Miguel Abella en agosto de 2025, pese a una observación emitida por el Tribunal de Cuentas de la República (TCA) en junio de ese mismo año. Según consignó entonces el diario Correo de Punta del Este, el TCA argumentó que “la enajenación a un fideicomiso debe garantizar principios de publicidad, igualdad y concurrencia en caso de ventas a terceros”.

Además, el organismo cuestionó “la competencia de los gobiernos departamentales para destinar fondos a la construcción de viviendas, citando anteriores resoluciones donde ya se había observado el contrato original del fideicomiso”.

Un mes antes de la resolución del intendente, la bancada del Partido Nacional aprobó una modificación de la normativa de construcciones en esa zona. La medida, que habilita edificios en planta baja más cuatro pisos, fue objetada por la oposición, pero el oficialismo la defendió porque dará “mayor constructibilidad” a los interesados y eso permitirá lograr un mejor precio de venta.

Tierras codiciadas

En 2015, cuando el exintendente Enrique Antía comenzó a promover el realojo de las más de 500 familias que vivían en el asentamiento (separado por una calle de suntuosas residencias ubicadas en torno al Club de Golf de San Rafael), trascendió el interés de varias empresas por instalar emprendimientos en la zona.

A modo de ejemplo, ese año un grupo inversor proyectaba construir un cluster médico llamado Punta del Este Healthcare City, que incluiría hospitales, clínicas especializadas y lujosos hoteles de rehabilitación para turistas, en régimen de zona franca.

También hubo un proyecto de la Asociación Española, que aspiraba a instalar “un campus de salud” con perfil turístico en las inmediaciones de El Jagüel, según informó el semanario Brecha en febrero de 2016.

Entonces, residentes que se negaban a dejar el barrio argumentaban que las viviendas podían regularizarse sin necesidad de un realojo. De hecho, en 2014 el hoy senador herrerista Rodrigo Blás llevaba en su programa de gobierno a la IDM la promesa de regularizar allí con todos los servicios para evitar el desplazamiento. Sin embargo, al perder las elecciones con Antía, cambió de postura y se convirtió en su principal articulador para concretar el realojo.

Un proceso de gentrificación advertido hace una década

Muchos atribuyeron el plan de la IDM a una estrategia para alejar a habitantes “de clase baja” anclados en una zona de predominio de la clase alta. Algo que el ingeniero Benjamín Nahoum, vinculado durante años con el movimiento cooperativo de viviendas, identificó en su momento como el inicio de un proceso de “gentrificación”.

El término define al “fenómeno sociourbano por el cual la población originaria de una zona es sustituida por otra de mayores ingresos, desplazando a la primera hacia lugares más alejados o de menor calidad urbana”. Y Nahoum sostenía que eso mismo estaba ocurriendo con el Kennedy. ¿Por qué razón es necesario el realojo?, se preguntó en un artículo de opinión publicado en Brecha hace 10 años. Afirmaba que los terrenos del Kennedy no eran anegadizos ni inundables y se encontraban en una zona a las que podían llegar todos los servicios necesarios.

“No hay ninguna razón que justifique buscar una solución a la precariedad y carencias de las construcciones (no todas) en otro lugar que no sea su ubicación actual. Esto, si el objetivo de la operación fuera la mejora de la calidad de vida de la población que allí habita”, escribió.

“Pero si la verdadera finalidad es liberar terrenos que pueden tener un importante costo de mercado, para realizar inversiones inmobiliarias de alto estándar, entonces resulta evidente que lo que molesta allí es la gente: no sólo su presencia actual, sino también una posible cercanía futura”, sentenció.

Un nuevo barrio para soñar

La última vivienda del Kennedy cayó en octubre de 2024 y su demolición fue celebrada con un acto del que participó el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Esta semana, al comunicar la puesta en venta de los predios, la IDM afirmó que se “cierra un capítulo en la historia de Maldonado” y que “las familias que durante décadas vivieron en malas condiciones hoy se encuentran en un barrio con todos los servicios”.

La administración sostuvo que “continúa trabajando en espacios públicos para que sea un verdadero realojo con integración social”. Entretanto, en el nuevo barrio algunas habitantes se han puesto al hombro la tarea de generar convivencia y ahuyentar el estigma y el abandono que, durante décadas, sufrieron en el Kennedy.