El Grupo Cipriani confirmó, este viernes 21, que las obras del Cipriani Ocean Resort, Residences & Casino Punta del Este, emplazado en el histórico predio del exhotel San Rafael, “se reactivan de inmediato y retoman su ritmo normal de ejecución, con la reincorporación de aproximadamente 650 trabajadores”.
En un comunicado de prensa, el desarrollista ratificó que la obra continuará siendo ejecutada por Criba: “Su continuidad permitirá mantener la estructura operativa y el ritmo de trabajo necesarios para avanzar en esta nueva etapa”, sostuvo.
El texto destaca “el compromiso” del gobierno nacional y de las autoridades departamentales, cuya intervención “fue fundamental para alcanzar los acuerdos que permiten esta nueva etapa y de esa manera avanzar decididamente hacia la finalización del proyecto”.
“El compromiso y la obligación es terminar definitivamente el proyecto en mayo de 2027, como plazo máximo”, dijo a la diaria una fuente cercana al Grupo Cipriani, tras la decisión de mantener la relación contractual con Criba SA, confirmada el jueves 20 por el inversor y la contratista argentina ante ediles de la Comisión de Obras de la Junta Departamental de Maldonado.
Si bien consideró que la negociación fue “ardua y bastante compleja”, destacó que ambas partes entendieron que “hay un fin superior” que es terminar un proyecto que será “icónico para Punta del Este, Maldonado y Uruguay”.
Cómo será el reintegro de trabajadores
Desde su área de prensa, Criba ratificó que, a partir del lunes 24, retomarán “la actividad plena en la obra, con la restitución de la totalidad del plantel de trabajo” y reafirmó su “vocación de seguir adelante y cumplir con los acuerdos”.
Al menos 650 trabajadores pertenecientes a la contratista y a las decenas de subcontratos serán reintegrados tras un acuerdo entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Maldonado y Cipriani, ratificado el martes 18.
Esto sucedió una semana después del anuncio del cierre de la obra “por tiempo indeterminado” y el envío de trabajadores al seguro de desempleo.
Según informaron medios locales y confirmó la diaria, serán contemplados en el reintegro los más de 300 trabajadores cesados desde julio pasado. El Sunca solicitó un plazo de 15 días hábiles desde la firma del acuerdo para que los trabajadores decidan si retomarán o no sus funciones, por lo que desde el Grupo Cipriani aguardan la planilla. Además, el inversor cubrirá los jornales de quienes no tuvieron acceso al seguro de desempleo desde el 1º de julio.
En la instancia mantenida entre el Sunca y Cipriani se acordó crear una comisión de seguimiento entre representantes del inversor, el Sunca de Maldonado, delegados del centro de trabajo y de la principal contratista del proyecto, con el propósito de prevenir futuros conflictos.
Robayna: “El desafío es optimizar al máximo el proceso de obra”
En declaraciones a la diaria, el presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este (CICE), Gustavo Robayna, celebró que Criba continúe a cargo del proyecto, porque “está radicada en Uruguay hace 15 años, ha realizado obras muy importantes en Punta del Este y cuenta con estándares de calidad muy altos”.
Además, coincidió con el Grupo Cipriani al afirmar que mantener a la empresa que inició la obra “permitirá retomar las tareas de forma más ágil”. Agregó que la CICE “seguirá con mucho cuidado [la situación]” y que la preocupación actual es “cómo se retomarán los trabajos”.
Explicó que la reactivación “requiere de una planificación importante porque hay subcontratos departamentales y de otros países”, por lo cual la reprogramación de todas las tareas “es un proceso que lleva tiempo y debe hacerse de forma correcta”.
A su juicio, el principal desafío será lograr que lo que resta de la construcción “transite sin conflictos” y “optimizar al máximo el proceso de la obra para evitar que se repita lo ya ocurrido”. En este sentido, destacó que “la voluntad de las partes existe”.
Negociaciones por el casino
Como alternativa a la postergación de la apertura del hotel y casino, el empresario italiano Giuseppe Cipriani pidió al Poder Ejecutivo que la sala de juegos funcione durante la próxima temporada en Locanda Punta del Este (ex Mantra), donde también funciona Cipriani Academy.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se informó a la diaria que “por el momento no habrá declaraciones sobre el tema”. El argumento del promotor del proyecto es que, de esa forma, podrá dar trabajo a los más de 200 jóvenes que se forman en la academia de Cipriani y que esperaban integrarse al resort este verano.
Para el presidente de la CICE, tanto el reintegro de las empresas y de los trabajadores como la posibilidad de la instalación de un casino privado en Locanda Punta del Este “son buenas noticias para el turismo que es una de las mayores fuentes de ingresos del departamento y hay que cuidarlo”.
El Sunca “sobrepasó los límites”
Al analizar las causas del conflicto ya superado entre Cipriani y Criba, el presidente de la CICE apuntó a las medidas adoptadas por el Sunca en el marco de la negociación de los Consejos de Salarios, en distintas obras del departamento.
En la obra de Cipriani “la situación se agravó producto de cortes de hormigón sistemáticos”, sostuvo Gustavo Robayna. Esto derivó en “envíos al seguro de paro por suspensión de tareas, porque no tenés otro camino cuando no te dejan ingresar suministros a la obra”, agregó.
Según explicó, la paralización de tareas “genera daños económicos sobre todo a pequeñas empresas, por lo que les cuesta retomarlas y no es viable pagar jornales cuando el personal está parado día tras días”.
La CICE “está en desacuerdo con el Sunca de Maldonado en medidas intransigentes que se toman, que sobrepasaron los límites de lo que se entiende por libertad sindical o derecho a huelga, como el ingreso de obreros a otras obras, lo cual es una invasión a la propiedad privada”, expresó Robayna. “Los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos del otro”, agregó.
En el otro extremo, en julio pasado el presidente del Sunca, Michael Pistone , aseguró que más de 150 trabajadores fueron enviados a seguro de desempleo por adherirse a medidas sindicales amparadas en la Ley 17.940 (de derechos sindicales).
Esto fue denunciado ese mismo mes al Banco de Previsión Social (BPS) y, según informó a la diaria el director del equipo de representación de las y los trabajadores en el organismo, Carlos Clavijo, se entregaron los datos de las empresas a la presidenta del BPS, Jimena Pardo, para “realizar los llamados de atención” a al menos seis empresas de Maldonado.
