El presidente de Perú, Pedro Castillo, negó “rotundamente” las acusaciones de la Fiscalía acerca de que lidera una supuesta organización criminal de tráfico de influencias y adjudicaciones de obra pública. “Se ha iniciado una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú”, dijo Castillo en una conferencia de prensa con medios extranjeros después de que la Fiscalía presentara una denuncia constitucional en su contra en el Congreso y ordenara allanamientos en las viviendas de varios parlamentarios y de su familia.

Según Castillo, esa “nueva modalidad de golpe de Estado” “utiliza al Ministerio Público” y “hace creer al país” que el presidente “lidera una red criminal”, citó la agencia Efe. “Están fundamentando una acusación que jamás hemos cometido y no la vamos a hacer porque no hemos venido para eso”, dijo. “Nunca se ha visto en la historia del país que de forma simultánea se allanen domicilios de funcionarios, de congresistas y extrabajadores del gobierno, haciendo creer con falsas informaciones [...] que estamos enlodados”, agregó.

El presidente insistió en que pese a “la persecución política” su gobierno se va “a mantener en pie y firme”. “A nosotros no nos van a amedrentar, estamos acá más firmes que nunca, no sólo para consolidar la democracia del Perú, sino también para consolidar nuestra solidaridad con otras comunidades, con otros países, porque es un gobierno que nace del pueblo, nos debemos a ello y tenemos que seguir trabajando”, señaló.

La denuncia presentada ante el Congreso por la fiscal general, Patricia Benavides, deberá ser estudiada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Según explicó su titular, Lady Camones, la comisión tratará el caso el viernes y tendrá diez días para declarar si la denuncia debe ser procesada o no. En caso de que sí lo sea, será derivada a la Comisión Permanente del Congreso. “Vamos a evaluar todo ello. Haremos las interpretaciones que corresponden y veremos si procede, o no, admitir esta denuncia”, dijo Camones, según citó el diario peruano La República.

La Fiscalía acusa a Castillo de ser autor de delitos contra la tranquilidad pública al integrar una organización criminal. También agrega delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado. En el escrito presentado ante el Congreso se acusa al presidente de encabezar una supuesta organización criminal desde el gobierno, cuya finalidad es “copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”.

Según informó La República, la acusación es un documento de 376 páginas, que detalla las pistas que se siguieron para investigar al presidente por los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión en los casos conocidos como Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda. En los tres casos se investiga si el presidente y sus colaboradores adjudicaron obras públicas para beneficiar a determinadas empresas y obtener ellos mismos ganancias.

Para la fiscal, la organización criminal está integrada por varios ministros de Castillo, y despliega una “constante y feroz obstrucción a la Justicia” que “pone en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo espera conocer”.

Si la acusación prospera en el Congreso y cumple con sus distintas etapas, podría terminar en una votación sobre una eventual suspensión del presidente en sus funciones. Sin embargo, según señaló Efe, el presidente en ejercicio sólo puede ser acusado por cuatro casos que no contemplan delitos de corrupción. Por lo tanto, Benavides pide al Congreso que interprete que el artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es parte de un tratado vigente de derechos humanos con el que el Estado peruano debe cumplir, y a partir de allí vote sobre su acusación.

En caso de que el Congreso acepte ese camino, apruebe acusar constitucionalmente a Castillo y se levante la inmunidad presidencial, la denuncia volverá a la Fiscalía General para presentar una acusación formal ante el Poder Judicial.

Castillo, que lleva 15 meses de gobierno, se sobrepuso hasta ahora a dos intentos de destitución impulsados por la oposición política, que tiene la mayoría en el Congreso, aunque no los dos tercios suficientes para concretar la vacancia del mandatario. Castillo acumula, además, seis investigaciones preliminares en su contra de la Fiscalía, cinco de ellas en manos de Benavides.