Dos ex altos funcionarios del gobierno del peronista Alberto Fernández reconocen que el diálogo con Cristina Fernández significó el mayor desafío intelectual de su paso por la función pública. Le asignan capacidad para desafiar lugares comunes, sopesar fuerzas en pugna y proyectar escenarios. A la vez, ambos expresan frustración por el ambiguo rol de opositora y oficialista que se asignó la vicepresidenta y su incapacidad para liderar reformas en el funcionamiento de un Estado que, en muchos sentidos, dejó de dar respuestas.

Si persiste el rumbo actual, los exfuncionarios avizoran una consecuencia funesta para un proyecto peronista de izquierda. Alta inflación, políticas fallidas y un gobierno disfuncional abre las puertas a una demanda de una salida individualista y hostil al Estado. A caballo de encuestas promisorias para las presidenciales de 2023, la oposición de derecha -agrupada en Juntos por el Cambio- y extrema derecha -los libertarios de Javier Milei- afila los cuchillos sin disimulo.

El pesar de los exintegrantes del gobierno peronista expresado ante la diaria esta semana requiere precisiones numéricas.

El PIB de Argentina revirtió en 2021, con un alza de 10%, la caída de la pandemia que se había acumulado sobre la recesión con hiperendeudamiento dejado por Mauricio Macri. Este año terminará con un crecimiento superior a 4% y es probable que 2023 también registre números positivos.

El crecimiento es palpable en los barrios y los cordones industriales, pero cuando se amplía la perspectiva, la realidad es preocupante. La capacidad adquisitiva de los salarios está unos puntos por debajo del nivel de diciembre de 2019, cuando Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) dejó el Ejecutivo. El balance de los cuatro años del macrismo en la Casa Rosada había significado una caída de 21% real en los salarios registrados.

Macri duplicó la inflación heredada de Cristina (25% a 54%) y Fernández duplicó la del presidente conservador (90% a 100% proyectada para 2022). Por un lado, pesaron la emisión de dinero disparada por la pandemia -ya que Argentina tenía el crédito cerrado- y el financiamiento del déficit fiscal generado por los subsidios sin sentido a los servicios de gas, agua y electricidad. A la emisión de dinero se sumó el alza global de precios derivada de la guerra en Ucrania y, a ella, las consecuencias de la cacofonía imperante en el Frente de Todos.

La combinación de pandemia, guerra y desavenencias internas está presente en muchos países, pero Argentina le suma una extrema debilidad en las reservas del Banco Central que pone a la economía al borde del abismo.

El quiebre definitivo entre Cristina y Alberto, máximo intérprete del paradigma kirchnerista en la primera década del siglo, llegó en el verano pasado, cuando el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, alcanzó un acuerdo para reprogramar los vencimientos de los 44.500 millones de dólares prestados por el FMI a Macri en 2018. Cristina impuso la sanción del silencio y dejó rodar la inverosímil versión de que el ministro se cortó solo y selló un acuerdo sin que nadie conociera los detalles.

La versión de Guzmán es antagónica: la información era permanente y las reuniones con Cristina, semanales. “No sólo hay mentira, también hay hipocresía”, afirma una fuente próxima al exministro.

Máximo Kirchner, hijo de Cristina, abandonó la jefatura del bloque oficialista de Diputados en enero y se dedicó desde entonces a denunciar a Guzmán como un infiltrado del FMI en el gobierno peronista. Con tanta persistencia, la carga de la responsabilidad por ese préstamo lacerante recae, para muchos argentinos, en el exministro que lo renegoció antes que en la alianza conservadora que lo tomó.

A la dimisión de Guzmán el 2 de julio hecha pública a través de un método sui generis (un tuit), le siguió un mes de vértigo.

Su sucesor, Sergio Massa, un peronista pragmático de inmejorables relaciones con halcones estadounidenses tanto demócratas como republicanos, apostó a medidas clásicas para salir del atolladero: elevó las tasas de interés de referencia a 75% anual (113% efectiva, más de 40 puntos superior a la de mayo), redujo drásticamente el financiamiento vía emisión de dinero y comenzó a aplicar recortes masivos en obra pública y presupuestos sociales sensibles para la población más afectada por la inflación.

Fuera del gobierno, Guzmán observa cómo Massa aplica medidas sugeridas por el FMI que él resistía. “Ahora sí hay un plan de ajuste”, ironiza la fuente próxima al exministro.

Cristina, su inspirador económico Axel Kicillof -gobernador de la provincia de Buenos Aires- y La Cámpora -agrupación liderada por Máximo- se encuentran ahora en la difícil tarea de explicar que apoyan un programa de recortes cuando hasta hace pocos meses auspiciaban proyectos para multiplicar el gasto en subsidios energéticos, ingresos universales y moratorias para acceder a la jubilación. “Fueron acciones desestabilizantes”, concluye la voz cercana a Guzmán.

Massa, Alberto y Cristina resisten una devaluación que es reclamada por exportadores, el lobby financiero y economistas liberales. No sólo ellos. Algunas voces heterodoxas y segundas líneas del gobierno entienden que hay que llevar a cabo un drástico plan de estabilización para frenar la inflación y dar pelea en las elecciones de 2023.

Aunque la idea de una devaluación no fue descartada del todo, el ministro opta por depreciaciones sectoriales en beneficio del turismo ingresante y otros exportadores. Por ejemplo, durante setiembre, Massa aumentó el valor del dólar para que los sojeros liberaran la cosecha retenida, opción que estaba totalmente afuera del plan de Guzmán.

Para el exfuncionario, la movida de Massa, que permitió reforzar las arcas del Banco Central en 5.000 millones de dólares, además de inflacionaria para todo el rubro alimentos, significó un premio a un actor económico de por sí beneficiado por la cotización internacional de commodities. La intención del exministro, no exenta de riesgos, era que había que desdoblar el tipo de cambio, con una cotización similar a la actual para el comercio exterior de bienes, y otra similar a la de los dólares paralelos (90% superior) para el sector servicios, incluidas las deudas financieras.

El exministro de Economía prevé más inflación y recesión en el corto plazo. Massa, en cambio, apunta a que los precios moderen su crecimiento a la mitad desde el 6% mensual. Si lo logra, el pragmático ministro podría tentarse con una candidatura presidencial.

El aumento de las exportaciones de gas y petróleo desde Vaca Muerta aparece en el horizonte cercano. “El problema es que tenemos que evitar lo que les pasa a muchos países de América Latina, que crean modelos exitosos, pero dejan a la mitad de la gente afuera. Ese no es un destino aceptable para Argentina”, dice a la diaria el exministro de Desarrollo Social y hoy diputado Daniel Arroyo, del bloque oficialista.

“Argentina es por lejos el país de América Latina con mayor presencia del Estado para garantizar educación, salud, alimentación y seguridad social, y, sin embargo, los resultados concretos muchas veces son insatisfactorios”, agrega el exministro.

Allí vuelve la preocupación por la gestión del Estado y la calidad del gasto en educación y salud, y reformas en áreas sensibles, como la legislación laboral y jubilatoria.

En 1989, el saliente presidente radical Raúl Alfonsín trazó un balance de su gestión en medio de una crisis hiperinflacionaria: “No supe, no quise o no pude” tomar determinadas medidas, reconoció el primer presidente de la democracia con un dejo de amargura.

La pelota está ahora en el campo peronista, y la conclusión podría parecerse. Entre que Cristina no quiere emprender reformas que afecten lo que ella entiende como derechos adquiridos, Alberto que no sabe cómo llevarlas a cabo y el resto de los peronistas que no pueden, la derecha recargada ofrece una receta clara. Quiere, dice saber, pero está por verse si podrá. Por lo pronto, sus referentes anticipan que habrá mano dura policial y algunos hasta se atreven a reclamar que vuelva a intervenir el Ejército en "conflictos" internos.

Sebastián Lacunza desde Buenos Aires.