A 16 meses del comienzo de su gobierno, el 28 de julio de 2021, el presidente peruano, Pedro Castillo, enfrenta este miércoles un tercer intento de la oposición de destituirlo del cargo por “permanente incapacidad moral”. El congresista Edward Málaga presentó la semana pasada una moción de destitución que fue admitida por 73 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones.

La iniciativa llama a que Castillo deje la presidencia por considerar “inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos”. Se refiere a un “irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado”, así como supuestos “vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción” y “graves faltas éticas que atentan contra la dignidad de la figura presidencial”, según citó la agencia Efe.

Al exponer los motivos de su moción, Málaga dijo que la presentó “con la plena convicción de que la salida más exitosa” a la crisis política “es un adelanto de elecciones generales” y que el pedido de destitución de Castillo “debería servir como un primer paso para ese reacomodo” de las “condiciones democráticas”.

Por su parte, Castillo cuestionó a quienes quieren destituirlo. “Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de nuestros pueblos atentando contra la figura de la Presidencia de la República para sacar provecho y tomar el poder que el pueblo en las urnas les quitó, cansado de estar postergado y ver que unos cuantos querían seguir repartiéndose el Perú”, dijo el gobernante durante un acto por el aniversario de la Policía Nacional de Perú.

“Hoy desde esta noble y heroica escuela de oficiales de la Policía Nacional de donde saldrán nuevos próximos guardianes de la seguridad ciudadana, reitero que no soy corrupto porque mi nombre y el buen apellido de mis padres jamás lo mancharía. Soy un hombre de trabajo, de confianza y de consenso”, dijo Castillo. El gobernante llamó a los partidos políticos a dialogar “para no dejar caer en el caos y en la crisis” a Perú, y manifestó que el país “sigue clamando por la unidad de sus autoridades para tener el tan anhelado desarrollo que por siglos siguen buscando”. Llamó a dejar “los odios de lado” así como “el enfrentamiento político que no contribuye en favor del país”.

Un mensaje similar había transmitido el domingo, cuando además negó que fueran ciertos los rumores de que estaba “tramando” un cierre del congreso para evitar una destitución. “Ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de derecho y la Constitución”, manifestó.

El presidente del Congreso, el opositor José Williams, dijo el lunes que había escuchado rumores de que el ministro de Defensa, Daniel Barragán, que renunció al cargo por motivos personales, había pedido a las Fuerzas Armadas que apoyaran un posible cierre del Congreso. La renuncia de Barragán llevó a Castillo a nombrar a su sexto titular de Defensa en lo que va de su gobierno, el general retirado Emilio Gustavo Bobbio.

Para que la moción contra Castillo avance y eventualmente sea destituido, se necesitan los votos de 87 de los 130 congresistas. Si se reunieran los votos suficientes, sustituiría a Castillo la actual vicepresidenta, Dina Boluarte. Sin embargo, parece difícil que se llegue al número necesario para la vacancia, según declararon a medios locales congresistas opositores y oficialistas.

El domingo Castillo dijo que esta iniciativa en su contra “es parte del juego político”. Agregó: “Yo creo que un sector de la clase política, estoy seguro, que ya va a entender que ha habido un gobierno puesto por la mayoría y hay que defender [...] la voluntad popular [...] hay temas urgentes como las grandes desigualdades que tiene el país”.

La semana pasada, una misión de la Organización de los Estados Americanos que visitó Perú para interiorizarse sobre la crisis política concluyó con un llamado al diálogo y a una tregua entre gobierno y oposición para que Castillo pueda llevar adelante sus planes de gobierno. “Entre los poderes del Estado existen acusaciones y señalamiento de que el riesgo de gobernabilidad reside en el otro poder, y no en ellos mismos”, dice el documento, y agrega que esa confrontación es responsable de una “pérdida de credibilidad” por parte de la población en los poderes del Estado.