Un inesperado giro adoptado por el presidente español, Pedro Sánchez, cambió la postura que el país venía teniendo desde hacía décadas respecto de la situación del Sahara Occidental, un antiguo dominio colonial español que está bajo administración de Marruecos.

El viernes el mandatario perteneciente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció de manera sorpresiva mediante una carta dirigida al rey marroquí, Mohamed VI, que aceptaba el plan propuesto por el país africano en 2007, que implica darle autonomía al territorio saharaui, aunque bajo la tutela del gobierno de Rabat. Según expresó Sánchez, decidió dar este paso porque consideró que la realizada por Marruecos es la propuesta “más seria, realista y creíble” para la resolución del conflicto.

La medida adoptada por España fue muy bien recibida por Marruecos, que envió de inmediato a su embajadora nuevamente a Madrid, con lo que se inauguró una nueva era en las relaciones entre los dos países, que se habían deteriorado mucho en el último año.

Según recordó el diario La Vanguardia de Barcelona, Marruecos lleva años cuestionando la soberanía de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas españolas situadas dentro del territorio marroquí. Esto conlleva una crisis migratoria, porque muchas personas saltan la valla que separa a estas ciudades del resto de Marruecos, con lo que ingresan ilegalmente en España, sin que las autoridades fronterizas marroquíes hagan nada por impedirlo.

Las relaciones entre España y Marruecos se rompieron por completo en mayo del año pasado, cuando el gobierno de Sánchez permitió que Brahim Gali, líder del Frente Polisario –movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental–, llegara a la ciudad de Logroño para recibir tratamiento médico y en respuesta Marruecos facilitó que miles de inmigrantes entraran de forma irregular en Ceuta.

Con el acuerdo anunciado, el Ejecutivo de Sánchez quiere “cerrar” este período de crisis y da por hecho que tendrá un compromiso marroquí a largo plazo para solucionar la cuestión migratoria. Claro está que la decisión española molestó profundamente a los saharauis, que desde hace décadas reclaman su libre determinación e independencia, y también a Argelia, país que apoya la causa independentista del Sahara Occidental, en el marco de sus tensas relaciones con Marruecos.

Los argelinos, además, son los principales proveedores de gas natural a España, pero desde el gobierno de Sánchez se entiende que la relación comercial con este país no se verá afectada.

Por su parte, el Frente Polisario lamentó el cambio de postura de España y acusó a Sánchez de sucumbir “ante la presión y el chantaje” de Marruecos como “peaje” para retomar las dañadas relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países. El representante de la organización independentista saharaui en España, Abdulah Arabi, dijo en una entrevista a Europa Press que el gobierno español lleva años “intentando agradar constantemente a Marruecos”, jugando con una “ambigüedad” que, en su opinión, no le corresponde como “potencia administradora” de un territorio pendiente de descolonización.

Paralelamente, la decisión de Sánchez también conllevó consecuencias políticas dentro de su país. Siguiendo la tradición de la izquierda española, Unidas Podemos, socio del gobierno del PSOE, rechazó el paso dado por el presidente. En ese sentido, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, dijo que su sector no fue avisado de la decisión del Ejecutivo y remarcó, según informó eldiario.es, que “toda solución al conflicto debe pasar por el diálogo y el respeto a la voluntad democrática del pueblo saharaui”.

Por su parte, el Partido Popular ya comunicó que convocará a Sánchez al Congreso para que explique el cambio de postura del gobierno.