El caso conocido como Catalangate, que será tratado el miércoles por el Parlamento Europeo, llevó al Defensor del Pueblo español a anunciar una investigación y motivó un llamado de la organización Amnistía Internacional a tomar medidas para prevenir hechos similares. Se conoció días atrás, cuando la revista The New Yorker publicó un informe de Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, según el cual se utilizó el software Pegasus para espiar a más de 60 personas vinculadas con el independentismo catalán, entre ellos varios de sus principales dirigentes. En la lista de espiados figuran los expresidentes catalanes Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra, y el actual, Pere Aragonés.

Si bien el sistema Pegasus de la firma israelí NSO sólo puede ser contratado por estados, el gobierno español tomó distancia de este caso. La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo español, Isabel Rodríguez, dijo que el gobierno “no tiene nada que ocultar” al respecto, mientras que la titular de Defensa, Margarita Robles, afirmó que los organismos públicos cumplen “escrupulosamente” la ley.

Entre los espiados también hay dirigentes de organizaciones sociales independentistas como Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, y figura el abogado Gonzalo Boye, que defiende a más de una veintena de dirigentes catalanes, entre ellos Puigdemont y Torra, que están fuera de España porque enfrentan causas judiciales en ese país.

Según dijo Boye a la diaria, él y sus defendidos iniciarán acciones legales en el ámbito penal contra la empresa israelí NSO y todos quienes hayan participado en el espionaje. Tienen previsto presentarlas la semana que viene en España y luego en Francia, Alemania, Bélgica, Suiza y Portugal. “Nosotros vamos contra la empresa NSO, contra sus responsables y contra quienes también resulten responsables. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que nosotros sabemos quién ha practicado este espionaje, NSO, y ahora tenemos que determinar quién le contrató para hacerlo”, dijo.

Destacó que entre los espiados hay tres dirigentes que tienen causas abiertas en España vinculadas con el proceso independentista de 2017, y también otros que no. “Son simplemente políticos, abogados y defensores de derechos humanos”, dijo.

¿Sospechan de algún ámbito del Estado en particular como autor de estas acciones de espionaje?

Hay personas que tienen distintas teorías; algunos sostienen que fue el Centro Nacional de Inteligencia. Yo lo dudo. No por descartar a nadie, que yo estoy abierto a que haya sido cualquiera. Pero lo dudo porque el Centro Nacional de Inteligencia opera de otra forma, y porque yo lo que creo es que aquí hay una cuestión mucho más peligrosa, y es que son aparatos del Estado que van a su propio aire, lo que se llama en España “las cloacas del Estado”, gente que no tiene ningún miramiento en saltarse la ley en función de su propia ideología. Durante el gobierno de Mariano Rajoy se vieron varias operaciones de este tipo. Es decir, aparatos paraestatales, gente que está en la propia órbita del Estado pero que la usa para sus propias finalidades económicas y políticas.

¿Y esto se puede localizar dentro de una institución en particular?

Bueno, se centra básicamente en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, las personas que ante una empresa como NSO dan la apariencia de agencia estatal para que les hayan prestado estos servicios.

¿Ustedes trabajaron directamente con el grupo que hizo la investigación o se enteraron después de los resultados?

Nosotros nos enteramos de que ellos tenían algunos datos y les hemos aportado otros que ellos han contrastado. En algunos casos dieron positivo y en otros negativo. Es decir, a ellos se le han pasado más de 130 o 140 teléfonos y sólo 65 dieron positivo [se comprobó que fueron intervenidos con el sistema Pegasus]. Es decir, no es que hayamos dicho “todos estos teléfonos son los positivos”, nosotros no tenemos los elementos para determinarlo. Nosotros dijimos “estos son los teléfonos que sospechamos que”, y a partir de esos teléfonos aparecieron otros. Te pongo un ejemplo, entre los espiados hay un médico y su mujer, también médica de profesión. ¿Por qué fueron espiados? Porque él se llama exactamente igual que su hijo, que es el experto informático que nos asesoró sobre lo que estaba pasando. Eso es muy sospechoso. Yo vengo de Chile, yo sé cómo funcionan los aparatos represivos y no me van a contar cuentos de cómo funcionan.

¿En su caso cuándo se enteró de que su teléfono había sido espiado?

Nosotros lo sospechábamos desde hacía tiempo por distintas cosas, porque somos profesionales, somos metódicos, y la confirmación la tuvimos hace muy poco tiempo, cuando se emitió el informe final por parte de Citizen Lab, que estuvo listo el 17 de abril. De hecho, nosotros nunca hemos querido denunciar hasta no tener las pruebas de que esto fue así. A mí no me basta con que me llame una persona y me diga “oye, efectivamente tu teléfono ha estado intervenido”. Yo lo que necesito como jurista es un documento que diga que esto es así y fue en tales fechas. Ahora, ¿por qué se pincha el teléfono de un abogado? Por qué a veces de un abogado se obtiene más información que pinchándoselo a todos sus defendidos.

¿Ustedes van a actuar contra la empresa en el plano civil o penal?

Es una querella, que es una actuación por delitos. Nosotros creemos que se han cometido una serie de delitos contemplados en el Código Penal español, y, si me permites el símil, sabemos quién es el sicario que disparó el arma, NSO, y a partir de eso queremos saber quién le contrató para disparar el arma.

¿Está confirmado el uso de Pegasus?

Está confirmado mucho más allá de lo que el Estado español cree.

¿Considera que las respuestas que ha dado el gobierno español pueden tener consecuencias desde el punto de vista legal?

Nosotros creemos que esto va a tener consecuencias, y si los jueces españoles no quieren investigar estos hechos, no nos preocupa. Sabemos que los jueces de otros países sí los van a investigar. Ahora, en un país plurinacional como es España –aunque a ellos no les guste reconocerlo–, es sospechoso que un espionaje así de masivo haya sido dirigido contra un grupo nacional concreto. O sea, de los 65 espiados hay dos vascos [Arnaldo Otegi, coordinador general del partido EH Bildu, y Jon Iñarritu, diputado de esa organización política], uno que no es vasco ni catalán, que soy yo, y los otros 62, que son catalanes. Es decir, dos minorías nacionales claramente identificadas y discriminadas.

¿Cree que este espionaje ha tenido alguna consecuencia práctica?

Bueno, tú imagínate que durante todo el período en el que, por ejemplo, yo estaba afectado por ese espionaje, al mismo tiempo estaba realizando la defensa de los exiliados catalanes ante el tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que la contraparte es España, que es el principal sospechoso de haberme estado espiando. Yo creo que esto lo ha hecho gente muy patriótica pero muy ignorante, que se ha sentido amparada en un manto de impunidad sin pensar en las consecuencias, que son de todo calibre: primero, consecuencias penales para ellos, pero además nosotros ahora estamos obligados a poner en conocimiento de tribunales europeos que, mientras hemos estado actuando y seguimos actuando ante ellos, estamos siendo objeto de espionaje por, presumiblemente, estructuras estatales españolas. Y no es que digamos que nos han espiado, es que lo tenemos acreditado.