Desde que el gobierno de Nayib Bukele impuso, el 27 de marzo, un estado de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas, más de 35.000 personas fueron detenidas y 18 murieron bajo tutela del Estado, señala un informe de Amnistía Internacional (AI). Según la organización, en el marco del régimen de excepción “las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos”.

“Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas”, manifestó la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, en un comunicado de la organización. Agregó que el “uso político” del sistema judicial “atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional”.

El informe de AI fue elaborado después de una investigación de varias semanas en la que la organización documentó 28 casos de violaciones de derechos humanos, con entrevistas a víctimas, familiares, operadores de justicia, periodistas, organizaciones sociales y líderes comunitarios. La organización señala que tanto el régimen de excepción como las recientes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, y “la práctica implementada en este contexto por los juzgados especializados, la Procuraduría General y la Fiscalía, entre otros, han limitado los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente”.

En el informe elaborado por la entidad con sede en Londres se señala que miles de personas fueron detenidas sin que existiera una orden judicial o se las encontrara cometiendo un delito. Para su detención, afirma AI, fue suficiente que tuvieran tatuajes, que alguien las hubiera acusado de tener vínculos con una pandilla, que tuvieran antecedentes penales de cualquier tipo o que vivieran en una zona controlada por una pandilla, “que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico”.

La organización señala además que los detenidos son juzgados en condiciones que no respetan sus derechos. Se realizan juicios sumarios a cientos de personas a la vez, se les impide acceder a su abogado defensor, y prácticamente todas las personas resultan procesadas. El delito que se les atribuye con más frecuencia es el de pertenecer a “agrupaciones ilícitas”, cuya pena va de 20 a 30 años de prisión.

“En prácticamente todos los casos documentados por Amnistía Internacional, las personas expresaron que hubo momentos en los que no sabían dónde se encontraban detenidos sus familiares. Al menos en un caso siguen sin saberlo, lo que podría constituir en desaparición forzada”, señala el informe.

La organización relata el caso de una vendedora de comida y madre soltera detenida dentro de su casa, “sin orden de aprehensión ni allanamiento, por ser supuestamente operadora de una pandilla”. Esto ocurrió, agrega, después de que la mujer recibiera amenazas de la Policía por haber denunciado abusos policiales.

“La detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de más de 35.000 personas en menos de tres meses no habría sido posible si las instancias de justicia cumplieran su mandato. En cambio, están actuando como cómplices de una política de seguridad ordenada desde el más alto nivel, que pisotea derechos humanos irrenunciables, asumiendo como un mal necesario el procesamiento y encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situación de pobreza”, afirma la organización.

En su trabajo AI documentó que hacia fines de mayo, los medios salvadoreños informaban que “1,7% de la población mayor de 18 años se encontraba detenida, lo que supondría un hacinamiento de más de 250% de la capacidad de los centros penales” y un alto riesgo para las personas recluidas.

Relata el caso de “William Alexander Galeas González, de 36 años”, que murió detenido. Su familia se enteró porque le avisó una funeraria, y no las autoridades. Un informe forense reportó un edema pulmonar como posible causa de muerte, pero “la familia relató que al revisar el cuerpo observaron múltiples moretones”, indica AI.

En el informe se agrega que, “según datos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, del 27 de marzo al 17 de mayo al menos 1.190 personas menores de 18 años fueron detenidas y recluidas”. Específicamente se menciona el caso documentado de dos primos de 14 y 15 años, que fueron detenidos el 26 de abril mientras jugaban fuera de sus casas. Según sus familiares, los policías dijeron que tenían “cara de malandros” y no dieron “mayor justificación por su detención”. Desde entonces, sus madres no pudieron comunicarse con ellos.