La Cámara de Diputados de España aprobó un proyecto de ley que establece de forma expresa que le corresponderá al Estado buscar unos 114.000 desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco. Para localizarlos deberá elaborar un mapa y crear un banco de adn que permita identificar sus restos. También prevé la creación de una fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática para investigar esos crímenes e impulsar la búsqueda de víctimas.

El proyecto de ley, que ahora deberá ser tratado por el Senado, declara ilegal el régimen franquista y sus tribunales, de manera tal que quedan anuladas todas sus condenas por motivos políticos o de conciencia. Por otra parte, se reconoce en el texto que “las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos” hicieron posible el regreso de la democracia.

El proyecto establece que las víctimas del franquismo tendrán derecho a “una declaración de reconocimiento y reparación personal”, informó la agencia Efe. Entre esas víctimas se incluye a los exiliados y a los niños que fueron adoptados sin consentimiento de sus padres. Hasta el día de hoy, España destinó unos 21.000 millones de euros para reparaciones económicas a unas 608.000 víctimas de la guerra civil y del franquismo.

El proyecto también declara la “extinción” de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros; suprime 33 títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura; y garantiza el acceso libre a los archivos sobre los hechos ocurridos en ese período, informó el diario Público. También dispone que se evalúe la “represión y persecución” cultural y lingüística del franquismo de la que fueron “víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega”.

Uno de los puntos más debatidos de la norma es que incluye la creación de una comisión que estudie las violaciones a los derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, ya terminada la dictadura. La comisión, que tiene como cometido indagar sobre las víctimas del período “de la transición”, debe ser creada en el plazo de un año desde que entre en vigor la ley, para hacer un estudio sobre la vulneración de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución [de 1978] y el 31 de diciembre de 1983”. Ese estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo”.

“Tras la aprobación de la Constitución, las fuerzas reaccionarias no se convirtieron en demócratas a la mañana siguiente”, argumentó el diputado socialista Valentín García, según citó eldiario.es.

Al indagar en ese período, señaló la agencia Efe, se comprenderá la actuación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), organizaciones parapoliciales que actuaban contra el grupo armado vasco ETA.

Este punto, y el hecho de que fuera acordado entre el oficialismo y el partido de la izquierda independentista vasca EH Bildu, generó reacciones de rechazo en partidos de derecha –Partido Popular, Ciudadanos y Vox–, que llevaron el debate hacia las acciones de ETA. En el debate el Partido Popular advirtió que si llega al gobierno derogará esta ley.

Amnistía sin derogar

El proyecto aclara también que prevalece el derecho internacional sobre la ley nacional que estableció una amnistía después de la dictadura. Afirma que todas las leyes españolas se aplicarán de conformidad con el derecho internacional, “según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

Sin embargo, señaló Público, varios partidos y organizaciones sociales consideran que este texto no soluciona una situación por la que las víctimas del franquismo tuvieron que buscar Justicia fuera del país. Esa postura también se reflejó en la votación.

El proyecto fue aprobado por 173 votos, con 159 en contra y 14 abstenciones. Recibió el apoyo del gobernante Partido Socialista Obrero Español y su socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos, además de organizaciones políticas minoritarias, entre ellas, EH Bildu. En cambio, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que suele votar con el gobierno, se abstuvo porque el proyecto le pareció insuficiente. Planteó que si bien la iniciativa implica un avance con respecto a la Ley de Memoria Histórica de 2007, debería ser mayor. “Con lo que hoy se aprueba sigue sangrando la herida” y “seguirá mientras no se haga justicia y las heridas sean reparadas”, dijo la diputada de ERC Carolina Telechea.

La principal crítica de organizaciones sociales es que el proyecto no deroga la ley de amnistía de 1977. Esto motivó protestas frente al Parlamento en reclamo de “Verdad, justicia y reparación”, y con consignas como “Los crímenes del franquismo no prescriben”. También Amnistía Internacional cuestionó la ley por este punto y consideró que desatiende recomendaciones como la de Naciones Unidas para derogar esa norma.

Según recordó Público, esta iniciativa de ley fue aprobada por el Consejo de Ministros el año pasado y enviada en octubre al Parlamento, pero no tenía apoyos suficientes para ser aprobada. Finalmente, en junio se pactaron enmiendas con algunos partidos minoritarios y pudo salir adelante.

La ministra de Trabajo y vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, dijo que la nueva ley es como “un bálsamo reparador” que “reescribe” la historia de España y da a conocer el legado de quienes lucharon contra la dictadura.