El Consejo Constitucional chileno, de 50 integrantes, aprobó con 33 votos favorables su propuesta de Constitución para reemplazar a la actual, vigente desde 1980, cuando el país era gobernado por la dictadura de Augusto Pinochet.

El nuevo texto refleja la composición de ese consejo, en el que la ultraderecha del Partido Republicano era la fuerza mayoritaria, con 22 bancas, seguida por la derecha tradicional de Chile Vamos, con 11. La centroizquierda y la izquierda votaron en contra de este proyecto.

El nuevo texto fue objeto de varios debates, pero prevaleció la visión de los sectores políticos más conservadores, que contaban con los tres quintos de los votos necesarios para aprobar sus propuestas. De ese modo, se excluyó la paridad de género en la política, emblemática de la anterior propuesta constitucional que fue rechazada en el plebiscito en 2022. En su lugar, aparece el concepto de “acceso equilibrado” de hombres y mujeres a cargos de elección popular.

Otro artículo, el 16, que se mantuvo en el proyecto pese a las polémicas que generó, pone en cuestión la posibilidad de interrumpir un embarazo de manera voluntaria, algo que en Chile sólo es legal en casos de violación, riesgo de vida de la gestante o anencefalia del feto. “La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer”, afirma.

El mismo artículo, el 16, lleva a la Constitución la objeción de conciencia, que también podría afectar la aplicación de leyes que permitan el aborto o el acceso a métodos anticonceptivos.

Según informó el medio digital El Mostrador, varios artículos podrían restringir también el alcance de una futura ley de educación sexual integral. En uno de ellos se atribuye a los “padres o tutores” el derecho a “educar a sus hijos o pupilos, y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Al tomar la palabra en el cierre de este proceso, el consejero de izquierda Alejandro Köhler dijo que los sectores mayoritarios en el consejo “optaron por imponer un texto excluyente, dogmático, retrógrado y polarizante, que representa un riesgo de inestabilidad política y social, precisamente por dejar sin espacio democrático a otras ideas”, según citó el diario La Tercera. “No tenemos otra opción que rechazar este texto”, concluyó.

También el representante indígena y consejero independiente Alihuen Antileo consideró que la propuesta es “excluyente” y además “tiene un sesgo revanchista”.

Para Antonia Rivas, una de las integrantes por el oficialismo de la Comisión Experta encargada de proponer un borrador al Consejo Constitucional, el texto final es “la profundización del legado de la Constitución que queríamos cambiar”. En declaraciones a Tele13 Radio, Rivas dijo que se quedó “con una sensación muy amarga, de cometer los mismos errores una y otra vez”.

Con referencia a la Convención Constitucional del año pasado, con mayoría de izquierda, agregó: “Fracasamos por la misma razón que el proceso anterior. Los que sacaron más votos creyeron que la respuesta correcta era escribir una Constitución por sí mismos, con exclusión del resto”.

En cambio, para Luis Silva, del ultraderechista Partido Republicano, sector que lidera José Antonio Kast, el texto “robustece las capacidades del Estado para hacer frente a la delincuencia, el terrorismo y la corrupción”. Silva agregó que aunque no sea perfecta, “es una buena Constitución que refleja en su texto un equilibrio armónico entre la tradición constitucional chilena, por una parte, y contenidos innovadores, por otra”.

“Que haya mayoría de derecha en uno de los órganos del proceso no significa que sea una Constitución de derecha”, dijo la consejera derechista Gloria Hutt, y argumentó que “más de la mitad de los artículos se aprobaron con votación transversal”.

Esta propuesta de Constitución será entregada formalmente al presidente Gabriel Boric el 7 de noviembre, y ese mismo día comenzarán las campañas para su aprobación o su rechazo. El texto será puesto a consideración de los votantes el 17 de diciembre, cuando deberán pronunciarse “a favor” o “en contra”.

Una encuesta de la consultora Pulso Ciudadano publicada el domingo concluyó que 69,7% de los chilenos se inclina a votar en contra de la iniciativa y sólo 30,3% está dispuesto a aprobarla.