Mediante un decreto, el gobierno del presidente argentino, Javier Milei, dispuso no renovar aquellos contratos de trabajadores estatales que fueron firmados en el último año y que vencían el 31 de diciembre.

De este modo, según informó la prensa argentina, quedarán sin empleo alrededor de 7.000 personas. Además, otros miles de contratos que fueron firmados antes de este año serán revisados en los próximos 90 días. La decisión abarca empleos en la administración central, los organismos descentralizados y las empresas públicas.

Para aprobar otras medidas, el gobierno convocó a sesiones extraordinarias del Congreso en verano, que comenzaron este martes y se extenderán hasta el 31 de enero, y envió 11 asuntos para que los legisladores traten en este período.

Entre ellos, no fue incluido el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con más de 300 puntos emitido días atrás por Milei. Por lo tanto, según informó Perfil, el DNU recién podrá ser votado cuando se retomen las sesiones ordinarias, en marzo.

Entre los 11 puntos que sí fueron propuestos a los legisladores, figuran la reforma del Estado y la restauración del impuesto a los ingresos personales conocido como Ganancias. Este gravamen había sido limitado en setiembre a instancias del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, a quienes ganan más de dos millones de pesos argentinos por mes, unos 2.500 dólares.

Pese al discurso contrario a los impuestos que ha desplegado Milei, su gobierno, según informó Página 12, se propone extender ese gravamen a los ingresos de más de 975.000 pesos, unos 1.200 dólares.

Antes de enviar el proyecto al Congreso, el vocero del gobierno, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa que la reforma del Estado “es parte de lo que los argentinos han votado” y pidió a los legisladores que no les pongan “palos en la rueda” a estas políticas.

“Hay muchos argentinos de bien que quieren una Argentina distinta, terminar con la decadencia. Y hay otros que no quieren cambiar. Cuando uno remite a las marchas y quienes anuncian protestas, uno entiende quién está del lado de una Argentina distinta y quién está en defensa de sus propios intereses”, dijo Adorni.

El vocero se refirió así a la marcha contra las medidas del gobierno convocada para este miércoles por las principales centrales sindicales argentinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), además de otras organizaciones.

Rechazo a los despidos y al DNU

El miércoles “haremos una movilización en todo el país y avanzamos hacia el paro general”, dijo a AM750 Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El dirigente afirmó que esos trabajadores, “independientemente de cuándo firmaron el contrato”, cumplen “roles esenciales para el funcionamiento de todos los organismos”, y dijo que el recorte de 7.000 contratos es un ajuste “sin criterio”.

“Que nadie espere que vayamos a aceptar ni un solo despido”, manifestó Aguiar, y agregó que “cuesta encontrar antecedentes en la administración pública de un ataque de esta magnitud a todos los derechos laborales” como el de este gobierno.

También el secretario general de ATE de Buenos Aires, Daniel Catalano, advirtió sobre estos despidos masivos y dijo que “no están teniendo en cuenta que son personas que contrataron por excepción para trabajar en el Estado” y que se “están desprotegiendo áreas” en las que se desempeñan esos trabajadores.

Aguiar informó además que el sindicato denunciará al gobierno ante la Justicia por abuso de autoridad y usurpación de autoridad. “Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU”, dijo en su cuenta de X.

También la CGT y la CTA, junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, anunciaron acciones judiciales. “El miércoles vamos a entregar un pedido de inconstitucionalidad del DNU y, a su vez, presentar un amparo para suspender sus efectos en su totalidad, y el viernes nos reuniremos en asamblea a fin de resolver si vamos a un paro general y el plan de lucha”, anunciaron.

Otras acciones judiciales contra el DNU de Milei fueron presentadas por Jorge Rizzo, presidente de la Asociación Civil Gente de Derecho y extitular del Colegio de Abogados, y por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. En ambos casos se argumentó que ese DNU es inconstitucional porque implica que el Poder Ejecutivo ejerza funciones del Legislativo.

Para Rizzo, si el decreto se admite, “habilitaríamos a que cada cuatro años un nuevo gobierno dicte su propio DNU dejando obsoleto” a uno de los poderes del Estado.