Honduras: matanza en una cárcel de mujeres dejó 46 muertas y una decena de heridas

Autoridades hondureñas confirmaron este miércoles que son 46 las mujeres que murieron durante los episodios que se registraron en la mañana del martes en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en la localidad de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, a 30 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. Allí, según se supo, un grupo de mujeres integrantes de la pandilla Barrio 18 atacó a otras que pertenecen a la Mara Salvatrucha, provocando la tragedia.

“46 es el total de cuerpos ingresados a Medicina Forense”, dijo a la prensa el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien explicó además que deben esperar las pruebas de identificación para constatar si todas las víctimas son reclusas o si también hay policías.

Según informó el diario local El Heraldo, la portavoz de la Dirección de Medicina Forense, Issa Alvarado, señaló por su parte que “hay 23 cuerpos identificados con nombre y apellidos y han sido entregados a los familiares”. El trabajo de identificación de los cuerpos se complejizó porque los cuerpos de algunas de las víctimas están carbonizados.

Elvia Argentina Valle, comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (Conaprev), dio declaraciones el miércoles a la radio Cadena Voces en las que relevó detalles de la masacre perpetrada dentro de la cárcel. La funcionaria en primer lugar lamentó los hechos y luego manifestó de manera categórica su voluntad de que se investigue a fondo las responsabilidades en la masacre. Valle agregó que la permisividad de las autoridades policiales facilita que se cometan este tipo de hechos dentro de las cárceles. “Lo sucedido ayer en PNFAS es para que las autoridades investiguen profundamente qué fue lo que sucedió, porque debemos conocer que si hay armas dentro de los centros penales es porque hay autoridades permisivas”, expresó Valle.

Posteriormente, la titular del Conaprev reveló algunos detalles sobre cómo ocurrieron los hechos dentro del penal. “Según versiones, algunas privadas de libertad entraron con armas y selectivamente fueron asesinando a las demás. Incluso había cuatro policías que estaban secuestradas cuando las privadas llegaron a asesinar a las demás”, explicó de forma inicial.

“Después de que las asesinaron les prendieron fuego a los colchones y quemaron una gran cantidad de cadáveres”, añadió Valle. En el marco de los ataques de un grupo contra otro, uno de los módulos que integran el centro de reclusión fue incendiado y terminó totalmente destruido, después de que las integrantes de Barrio 18 encerraran a las de la Mara Salvatrucha para prenderlas fuego.

De acuerdo a los análisis efectuados por los forenses, la mayor parte de las víctimas registraba disparos de bala en la cabeza.

Valle explicó que en el ataque se utilizaron armas de fuego y también machetes, además de un fusil R-15. La tenencia de dichas armas en manos de reclusas sólo se explica por la enorme corrupción que existe dentro de las cárceles, una situación que las autoridades hondureñas vienen tratando de subsanar, sin obtener resultado alguno.

Luego de conocidos los hechos en la tarde del martes, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, manifestó su conmoción por estos hechos y señaló que fue algo planificado “por maras, a vista y paciencia de autoridades de seguridad”. La mandataria indicó en un mensaje en su cuenta de Twitter que tomaría “medidas drásticas”. Poco después, se anunció la destitución del ministro de Seguridad, Ramón Sebillón, quien fue reemplazado por Gustavo Sánchez, quien se venía desempeñando como director de la Policía Nacional.

La convulsionada situación social del país centroamericano no es nueva y por eso, en noviembre del año pasado, la presidenta, siguiendo en parte el ejemplo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tomó la decisión de decretar la emergencia nacional por la inseguridad pública y anunció el lanzamiento de un plan “antiextorsión” para combatir las operaciones de las pandillas, en particular de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, dos organizaciones delictivas nacidas en Estados Unidos pero que luego se trasladaron a América Central y lograron concentrar un enorme poder basado en acciones delictivas.

En abril, luego de ver cómo las acciones en las calles de numerosos barrios de ciudades de todo el país pasaron a reflejarse en las cárceles, y en el marco de una ola de violencia dentro de los penales, la mandataria ordenó la intervención de todos los centros penitenciarios del país.