Este martes, durante la divulgación de un nuevo informe sobre la situación en el país, el austríaco Volker Türk, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, declaró que la violación de los derechos fundamentales en Nicaragua está empeorando cada vez más. Según la ONU, los oponentes y los críticos del gobierno están sufriendo bajo un régimen que los priva del derecho a la libertad de opinión y expresión.

Con respecto al gobierno de Daniel Ortega, Türk dijo: “Castigar y encerrar a quienes expresan sus opiniones, e intensificar aún más el aislamiento del país, son políticas que no sirven a los intereses del pueblo nicaragüense, ni siquiera a las autoridades”.

Türk, cuyas declaraciones fueron consignadas por el portal oficial de la ONU, también criticó al sistema judicial del país centroamericano, que condena a prisión, sin juicio, a los acusados. En este sentido, hizo referencia al caso del obispo Rolando Álvarez, uno de los opositores más visibles del gobierno sandinista, que fue condenado en estas condiciones a 26 años en prisión.

Además, el funcionario de la ONU denunció casos de deportación, privación arbitraria de la nacionalidad y destierro de nicaragüenses. Sólo en febrero de este año, 316 nicaragüenses perdieron su nacionalidad, sus bienes y todos sus derechos civiles y políticos como consecuencia de ser percibidos como oponentes del régimen; 222 de ellos fueron deportados a Estados Unidos.

En su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk explicó este miércoles que actualmente es “casi imposible” proteger los derechos humanos en Nicaragua y habló de las 2.000 organizaciones de la sociedad civil que han perdido su estatus legal desde agosto del año pasado. Además, 12 universidades privadas tuvieron que dejar de funcionar, entre ellas la Universidad Centroamericana, que fue calificada por el Ejecutivo nicaragüense de ser un “centro de terrorismo”.

Hace menos de un mes, el 16 de agosto, el gobierno de Ortega decidió confiscar el edificio de esta institución fundada en 1960 por la Compañía de Jesús y creó en su lugar la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, llamada así en homenaje a un líder estudiantil asesinado en 1967 durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.

La represión de los opositores, particularmente de los jóvenes, se intensificó notoriamente desde 2018, cuando estallaron grandes protestas antigubernamentales. Los líderes de los movimientos opositores al gobierno utilizaban las universidades para organizar las protestas y a veces, cuando se desataba la represión, se atrincheraban en las entidades educativas.

El jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, recomendó el miércoles que la comunidad internacional implemente más sanciones para reducir la privación de educación que sufren los estudiantes acusados por el gobierno de ser disidentes.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias Efe, Simon declaró: “Recomendamos el aumento de sanciones personales a instituciones involucradas en el ataque al sector universitario de Nicaragua”. Estas instituciones son los ministerios de Juventud y de Educación, y el Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua. Simon explicó que a muchos estudiantes nicaragüenses exiliados estas instituciones les niegan la documentación de los estudios cursados, lo que les impide proseguir su formación fuera del país.