El expresidente argentino Alberto Fernández, que fue imputado por lesiones leves, graves, abuso de poder y amenazas contra su expareja Fabiola Yáñez, denunció ante la Justicia a la ex primera dama por divulgar videos privados que lo exponen a él y a otras personas.

Luego de que Yáñez lo denunciara por agresiones físicas y psicológicas, se hicieron públicos videos grabados por Fernández en su despacho de la Casa Rosada en los que aparece intercambiando declaraciones de amor con la comunicadora Tamara Pettinato.

Yáñez dijo en una entrevista con Infobae que su hijo de dos años encontró uno de esos videos en el celular que le regaló Fernández para ver programas para niños. El expresidente argumentó que el hecho de que su celular esté en manos de su hijo “no la habilita a la Sra. Yáñez a que extraiga información privada” y la difunda, según la denuncia, publicada por el diario Clarín.

Fernández agregó que su expareja actuó de “forma dolosa”, cometió una “intromisión ilícita” en su privacidad, “se apoderó de esas imágenes y las difundió a través de terceros para que se vean en cadena nacional, mancillando” su “honra y la de otras personas”. Consideró que “se debe poner un límite a semejante invasión y avanzar con la querella” que presentó ante la Justicia.

El expresidente denunció a Yáñez por “violación de secreto y su difusión, como así también del acceso ilegítimo” a su nube de Google, y la responsabilizó por una “campaña de desprestigio” en su contra. Incluso agregó: “Desconozco si busca dinero, aceptación social o afectar mi reputación y la de terceras personas como mi hijo Tani y el que tenemos en común”.

Fernández afirmó que su expareja difundió de manera “descontextualizada” y “a cuentagotas” información privada en “un accionar direccionado para seguir violentando” su “intimidad y la de terceros”.

Sobre las imágenes junto a Pettinato, el exgobernante manifestó: “[Es una] persona a quien conozco hace muchos años, sé de su integridad y sólo mantuvo un almuerzo conmigo tras un reportaje que me hizo en los términos de cordialidad y jocosidad propios del vínculo de confianza que nos une”. Consideró que la manera descontextualizada en la que se difundió ese video “ha afectado mi honor y sometido a la Sra. Pettinato a un injusto maltrato mediático”.

“Esa violencia digital y mediática a la que es sometida Tamara Pettinato se encuadra en el mismo contexto de violencia de género que la Sra. Yáñez me reprocha”, agregó.

Según informó el diario Página 12, Fernández pidió una “acción preventiva de daños” con la cual la Justicia impida que se sigan difundiendo fotos y videos privados suyos en los medios de comunicación, así como en Google, Facebook, X y Yahoo.

Milei, Fernández y el caso de los seguros

El expresidente cuestionó también que medios periodísticos accedieran a imágenes que se encontraban en el celular de su secretaria, María Cantero. En ese dispositivo un juez encontró fotos de Yáñez con señales de haber sido golpeada y chats sobre esos episodios, lo que finalmente condujo a la denuncia contra Fernández.

El celular de Cantero había sido incautado en una investigación judicial sobre supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de dependencias del Estado al Grupo Banco Nación, también estatal.

Un decreto del expresidente dispuso que fuera obligatorio que esos contratos se hicieran con el Banco Nación, y se investiga si en la aplicación de esa norma se beneficiaron intermediarios que no tendrían por qué haber actuado y que cobraron comisiones, entre ellos Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y esposo de Cantero.

Este miércoles el presidente argentino, Javier Milei, y el ministro de Desregularización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, eliminaron la norma y emitieron un nuevo decreto que abre paso a que dependencias estatales contraten a empresas privadas en áreas en las que esto no estaba permitido. Esto abarcaba los seguros, que eran contratados al Banco Nación, los traslados de funcionarios mediante las empresas Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar SA, y los servicios de la petrolera YPF para la compra de combustibles para las flotas de vehículos.

Según Página 12 la nueva norma se fundamenta en uno de los numerosos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia de Milei, que el Senado rechazó pero la Cámara de Diputados no trató todavía, que establece que las empresas estatales no deben contar con ninguna ventaja o prioridad en la contratación o en la compra de bienes y servicios por parte del Estado.

Sturzenegger defendió el nuevo decreto aludiendo a las sospechas que recaen sobre Fernández: “Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos. Si estos privilegios a su vez servían para anidar corrupción o mantener a una casta política, deben ser desterrados”.