“2024 no fue un buen año para expresar el disenso en las calles” de Argentina, según apuntó Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos publicó un informe titulado “Disenso en riesgo” sobre la política represiva en manifestaciones del gobierno del presidente argentino, Javier Milei, y, en particular, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El 14 de diciembre de 2023, cuatro días después de asumir el nuevo gobierno, la ministra dio a conocer un plan de medidas para controlar las protestas sociales y movilizaciones callejeras que preveían que podía haber en respuesta al paquete de medidas económicas de ajuste anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
En el anuncio del Ministerio de Seguridad, Bullrich prometió sancionar a los manifestantes que corten la calle e interrumpan la libre circulación de los vehículos y peatones.
Amnistía Internacional registró que desde el inicio de la gestión de Milei, “al menos 15 protestas en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fueron reprimidas de manera excesiva e ilegítima por las fuerzas de seguridad contra personas que ejercen el derecho a manifestarse pacíficamente, restringiendo el ejercicio de la libertad de expresión”.
La represión se enmarca, de acuerdo con la organización, en la implementación de las medidas aprobadas y anunciadas por el Ministerio de Seguridad que “vulneran el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, al derecho a la protesta pacífica y que desconocen los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”.
El informe detalla que la cantidad de personas heridas es 1.155, aunque precisan que las cifras son “aproximadas” al no contar con cifras oficiales, por lo tanto se trata de “un dato construido a partir de los informes publicados por la Comisión Provincial por la Memoria hasta el 20 de noviembre de 2024 y entrevistas realizadas por Amnistía Internacional”. 33 personas recibieron impactos de bala de goma en la cara o en los ojos; hubo 68 personas detenidas y 73 criminalizadas.
La organización señala que en el marco de los despliegues policiales “en muchas ocasiones” las autoridades policiales dispararon balas de goma “de manera indiscriminada” a la parte superior del cuerpo de algunos manifestantes que resultaron con “graves afectaciones a la integridad física y salud de las personas”.
A su vez, “muchas personas resultaron con heridas en la cara, cabeza o mentón, lo cual muestra que el uso de armas menos letales se alejó completamente de los estándares de protección internacional de derechos humanos que establecen, entre otras cosas, que el arma debe apuntarse a la parte inferior del cuerpo de la persona”.
Por otro lado, señalan que en la mayoría de las imágenes que analizaron sobre las protestas y los testimonios documentados dan cuenta del “uso indiscriminado por parte de las fuerzas intervinientes de gases lacrimógenos con el fin de dispersar a las personas que se están manifestando”.
También destacan que en las detenciones realizadas en el marco de las manifestaciones se ha denunciado “el uso abusivo de la fuerza física por parte de las fuerzas intervinientes”, y que durante la protesta de jubilados del 28 de agosto hay imágenes de policías golpeando a los manifestantes con bastones.
Durante la movilización del 12 de junio en contra de la Ley Bases en la plaza del Congreso, Amnistía destaca que esta “no tuvo precedentes” por “la cantidad de personas detenidas un mismo día y por las graves acusaciones que pesaron sobre ellas”. “Fuerzas policiales de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad detuvieron un total de 33 personas que fueron señaladas como terroristas y responsables de querer liderar un golpe de Estado por funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el presidente, a través del comunicado de la Oficina de Presidencia”, remarcan.
En el marco de esa investigación, de las 33 personas detenidas, 11 fueron sobreseídas; cinco están procesadas: dos por delito de atentado contra la autoridad, una por delito de atentado contra la autoridad agravado, una por delito de daño agravado y atentado contra la autoridad agravado, y otra por incendio y daño agravado, y a 17 personas “les han dictado la falta de mérito”, o sea que no están procesadas por ningún delito pero la Justicia aún no ha decidido si sobreseerlas o no.
Al menos 50 periodistas y trabajadores de prensa fueron heridos en las manifestaciones
La organización también indicó que las filmaciones, fotografías y testimonios de la prensa funcionaron “como un control exógeno de la actuación de las fuerzas de seguridad”, y que en “innumerable cantidad de ocasiones” estos registros fueron “fuente de prueba respecto de cómo sucedieron los hechos realmente”.
En las protestas en la plaza del Congreso, cuando se discutía la Ley Ómnibus, se pudieron contabilizar 35 periodistas o comunicadores sociales “agredidos mientras cumplían sus funciones”. “En la mayoría de los casos, los trabajadores de prensa contaban con la identificación de periodistas. En su gran mayoría, portaban pechera con la insignia de prensa, credencial y/o cámara de fotos colgada cubriendo los hechos”, señalan.
Amnistía enumera que en total hubo 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos durante manifestaciones. El 31 de enero, 1° y 2 de febrero en la plaza del Congreso hubo 35 heridos; el 14 de marzo, frente al cine Gaumont, un herido; el 18 de marzo, en distintos accesos a CABA, seis heridos; el 10 de abril, frente al Ministerio de Capital Humano, dos heridos; el 12 de junio, en la plaza del Congreso e inmediaciones, cuatro heridos, y el 9 de octubre, frente al Congreso, dos heridos.
“Amnistía Internacional no entiende nada”, valoró Bullrich
En diálogo con la radio argentina de El Observador, Bullrich dijo que en “un país que hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza, hemos terminado con eso con la mínima violencia”, y que, por tanto, “salgan con un informe así la verdad es que están del lado de los delincuentes”.
Consultada sobre si Amnistía tiene influencia del kirchnerismo o la progresía, Bullrich consideró que “están influenciados por una mirada absolutamente alejada de lo que le pasa a la sociedad”. “¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, cuando los dueños de la calle eran los piqueteros?”, cuestionó, y continuó: “Que les pregunten también a los mismos piqueteros que eran llevados y les sacaban parte de su salario; ¿por qué no les preguntan a ellos?”.
“Nosotros creemos que lo de Amnistía Internacional es pura ideología, la ideología de proteger siempre a los victimarios y a los 46 millones de argentinos víctimas de los piquetes, de las extorsiones y demás”, valoró, y concluyó: “A esos no los protege nadie; tranquilo, Amnistía, que nosotros los protegemos”.