Tras el operativo policial del martes contra el Comando Vermelho, que se convirtió en el episodio más sangriento en la historia de Río de Janeiro y dejó al menos 132 muertos en los complejos de Penha y Alemão, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta una creciente presión, incluso interna, para decretar una Garantía de la Ley y el Orden (GLO) en el estado.
Sin embargo, desde el Ejecutivo se resiste a tomar esa medida, argumentando que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles podría exacerbar la violencia y causar un daño político significativo, de acuerdo con lo que informó la revista Carta Capital.
Lula y sus principales ministros creen que el uso de la GLO –un instrumento legal que autoriza a los militares a actuar en tareas de seguridad pública– podría transformar a Río en una zona de guerra, con tanques y soldados enfrentándose a civiles, y proyectar una imagen de colapso ante el mundo.
La operación policial masiva realizada el martes superó en número de muertos a la célebre masacre de Carandirú, ocurrida en 1992, en la que 111 presos fueron asesinados durante una intervención de la Policía Militar (PMSP) para sofocar un motín en el Centro de Detención de San Pablo.
El tema de una posible intervención militar en Río de Janeiro se debatió en una reunión de emergencia celebrada en la noche del martes en el Palacio de Planalto en Brasilia, con la presencia del presidente interino, Geraldo Alckmin y los ministros Rui Costa (jefe de Gabinete), Ricardo Lewandowski (Justicia y Seguridad Pública), Gleisi Hoffmann (Relaciones Institucionales), Macaé Evaristo (Derechos Humanos) y Sidônio Palmeira (secretario de Comunicación).
En la reunión, el gobierno decidió reforzar la cooperación entre la Policía y el sistema penitenciario, pero descartó el uso de las Fuerzas Armadas.
Los interlocutores de Lula señalan que la GLO no resolvería el problema de seguridad y podría generar nuevos enfrentamientos y muertes, lo que agravaría la crisis. Además, el gobierno teme asumir la responsabilidad directa por cualquier abuso que eventualmente puedan cometer las Fuerzas Armadas.
Pero el gobierno federal está buscando otras alternativas, como fortalecer la inteligencia policial, trasladar a los presos de alto riesgo a prisiones federales y brindar apoyo técnico y logístico a las fuerzas locales de Río de Janeiro, sin intervención militar.
Mientras el gobierno de Lula intenta contener la creciente tensión, las imágenes de decenas de cadáveres siendo transportados por los vecinos de los complejos de Penha y Alemão impactaron a Brasil y al mundo este miércoles.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, declaró que Lula estaba “consternado” por el número de fallecidos y “sorprendido” de que se hubiera puesto en marcha un operativo “de esta magnitud sin el conocimiento del gobierno federal”.
Lewandowski declaró que el presidente ordenó que una delegación gubernamental, integrada por él mismo y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, viajara a Río para reunirse con el gobernador Cláudio Castro, integrante del derechista Partido Liberal, para evaluar las formas de brindar apoyo.
Lewandowski también descartó la posibilidad de que el gobierno federal decretara un operativo GLO sin una solicitud formal del estado.
“El operativo GLO debe ser solicitado primero por el gobernador. No es una acción espontánea del gobierno federal”, declaró.
El ministro también recalcó que, hasta el momento, “esta hipótesis no se ha abordado porque no se ha planteado. No hay ninguna solicitud”.
Lewandowski describió la acción en Río como “sangrienta y violenta” y afirmó que será necesario evaluar si este tipo de operativo “es compatible con los principios del Estado de derecho democrático”.
Este miércoles, en un contacto con medios de prensa locales y en contraste con la opinión de Lewandowski, el gobernador Castro declaró que el operativo del martes, en el que participaron aproximadamente 2.500 agentes, fue “un éxito” y afirmó que “las únicas víctimas fueron los policías”.
Según lo que informó el portal Metrópoles, en la misma línea se expresó el secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Víctor dos Santos, quien afirmó que todos los sospechosos muertos durante el megaoperativo eran miembros del Comando Vermelho.
Según él, las únicas personas inocentes fallecidas durante el operativo fueron los cuatro policías que perdieron la vida en el enfrentamiento con los criminales.