Los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por los regímenes militares de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay han sido reconocidos por los gobiernos democráticos subsiguientes y documentados por historiadores. Sin embargo, en redes sociales, los negacionistas intentan desmontar esta memoria con narrativas en las que subestiman las cifras de desaparecidos y justifican la violencia con guerras que nunca existieron.

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, las agencias de verificación Estadão Verifica, la diaria verifica y Fast Check CL, que forman parte de LatamChequea, red latinoamericana de chequeadores, publican un especial sobre las campañas de desinformación que tergiversan la historia de las dictaduras militares del llamado Cono Sur.

Los mensajes siguen patrones similares en todos los países, y las principales narrativas para sembrar dudas sobre los abusos cometidos son el combate a la supuesta amenaza comunista, la supuesta guerra entre dos bandos y la discusión sobre el número de víctimas.

Estas voces del negacionismo histórico son amplificadas o incluso lideradas por políticos de derecha que se han destacado en la última década, como Jair Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y Guido Manini Ríos en Uruguay.

Para monitorear publicaciones hechas en redes sociales entre 2019 y 2025, se buscaron palabras clave similares relacionadas con el tema en ese período, como “régimen militar”, “dictadura”, “contragolpe”, “falsa memoria” y “desaparecidos”. Las búsquedas se realizaron en las redes sociales X, Facebook, Instagram, Threads, Tiktok y Youtube.

El fantasma del comunismo y las dictaduras como salvación

En las redes sociales de los cuatro países se encuentra la narrativa de que los golpes militares perpetrados habrían evitado una “dictadura comunista”.

Una publicación en Facebook del 31 de marzo de 2022, por ejemplo, muestra imágenes de los cinco presidentes del régimen militar brasileño sobre la fecha “31 de marzo de 1964” en letras amarillas. El pie de foto dice que ese año hubo un “contragolpe al comunismo” y que el período militar fue de “21 años de mucha prosperidad, Orden y Progreso”. Otra publicación, con más de 6.000 interacciones, muestra a una concejala de Rio Grande do Sul dando un discurso a favor de la dictadura y afirmando que, el 31 de marzo de 1964, Brasil “dijo no al comunismo”. Otro ejemplo es una publicación en Instagram que afirma que “no fue golpe”, enumerando 12 hechos que supuestamente llevaron a la “revolución del 31 de marzo de 1964”.

El principal argumento es que el presidente João Goulart y organizaciones de izquierda intentaban implantar una dictadura comunista, por lo que la acción de los militares no fue más que un “contragolpe”.

El profesor del Departamento de Historia de la Universidad de San Pablo (USP) Marcos Napolitano explica que nunca hubo una amenaza comunista en Brasil. “No había lucha armada en curso, ni hay evidencias de un golpe de Estado planeado por el gobierno de João Goulart, aunque sí había presión de los sectores más radicales para convocar una Asamblea Constituyente, ya que el Congreso bloqueaba las reformas”, explicó. Lo que había, explica, es una política reformista y nacionalista conducida por el gobierno electo y apoyada por alas de izquierda. Y, en el contexto de la Guerra Fría, el nacionalismo económico era entendido por sectores conservadores como una amenaza al bloque occidental antisoviético, dice.

En este sentido, hay quienes llaman al golpe “revolución” –hay quienes van más allá y lo llaman “revolución democrática de 1964”–. Para Napolitano, es un hecho que el golpe de 1964 contó con el apoyo de diversas capas de la sociedad, pero no realizaron un levantamiento, por lo que no tiene asidero hablar de revolución: “Lo que hubo fue un golpe de Estado definido por la literatura académica como una intervención de la burocracia civil o militar o del sistema político institucional para derrocar un gobierno constitucional, hiriendo la propia Constitución”.

No sólo en las redes viven los negacionistas. En 2019, por ejemplo, el diputado General Girão (PSL-RN) dijo en el Congreso que el golpe “salvó” la democracia. Y en su carrera de siete mandatos consecutivos como diputado federal, antes de ser elegido presidente, Jair Bolsonaro defendió en diferentes ocasiones la “revolución de 1964”, llegando a solicitar, en 2014, una sesión solemne para rendirle homenaje, lo que fue denegado.

Entre 2014 y 2019, Bolsonaro hizo 18 publicaciones en X que usan el término “1964”, que suman más de 61.000 “me gusta”. Las publicaciones, en general, ensalzan el golpe de Estado y hablan de “amenaza comunista”. “Estos discursos, en la medida en que se difunden, se asimilan más y producen nuevos negacionistas”, explica el profesor de Historia de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) Carlos Zacarias.

En Uruguay, el golpe de Estado se perpetró nueve años después que en Brasil, el 27 de junio de 1973. Fue el propio presidente electo, Juan María Bordaberry (Partido Colorado), quien dio el golpe al disolver el Senado y la Cámara de Diputados con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Antes de eso, el gobierno enfrentaba una crisis contra el grupo guerrillero de izquierda Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Hasta hoy, hay publicaciones en redes sociales que afirman que el golpe buscó evitar el ascenso al poder del MLN; sin embargo, el grupo había sido derrotado a mediados de 1972 con la desarticulación de su estructura militar y financiera.

Según el Sitio de Memorias del Uruguay, el autoritarismo avanzaba en el país incluso antes del golpe. Las medidas prontas de seguridad, adoptadas por el expresidente Jorge Pacheco Areco, suspendieron garantías constitucionales y le dieron poderes extraordinarios al Ejecutivo, intensificando la represión contra movimientos sociales.

Durante la dictadura uruguaya, el país puso en práctica la Operación Cóndor –campaña de terror de Estado llevada a cabo por las dictaduras del Cono Sur con el apoyo de Estados Unidos– contra agrupaciones políticas, sindicales y estudiantiles de izquierda.

En las redes sociales, sin embargo, partidarios del régimen afirman que las “Fuerzas de Seguridad” fueron llamadas a defender a los que estaban siendo amenazados por los terroristas marxistas, como muestra una publicación en X. Otra publicación justifica la dictadura uruguaya al decir que, en las décadas de 1960 y 1970, toda América Latina estaba bajo ataque del terrorismo marxista.

En Chile, el golpe militar se dio algunos meses después del de Uruguay: el 11 de setiembre de 1973. La idea de que la fecha “salvó” a la nación de una “amenaza comunista” fue amplificada por figuras públicas chilenas. Es el caso del diputado Johannes Kaiser, fundador del partido chileno Partido Nacional Libertario (PNL), que llamó al golpe de Estado “justo y necesario”. Para él se evitó una guerra civil [aquí y aquí] y declaró su apoyo al dictador Augusto Pinochet. En las elecciones presidenciales de octubre, Kaiser obtuvo el 13,94% de los votos, quedando en cuarto lugar.

Otros defensores del régimen en Chile intentaron renombrar el período para suavizar el carácter violento y dictatorial. El exdiputado y abogado Hermógenes Pérez de Arce, un declarado pinochetista, publicó libros en los que se refiere al período de la dictadura como “Revolución Militar Chilena”, comparándolo en importancia con eventos como la Revolución francesa o la rusa.

Al igual que en Brasil y Uruguay, hay publicaciones virales en redes sociales. Una publicación, por ejemplo, hecha en X el 15 de junio de 2023, dice que Chile estaría celebrando 50 años de “dictadura comunista” si los militares no hubieran intervenido. La publicación alcanzó 22.400 visualizaciones.

Otra publicación, con 252.900 visualizaciones en X, muestra una foto del general chileno Augusto Pinochet, seguida de la leyenda “¿Está de acuerdo en que Augusto Pinochet hizo lo correcto al derrotar al socialista empobrecedor Salvador Allende y salvar a Chile del comunismo?”.

La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, señala que estos civiles recuperan una narrativa negacionista que impacta no sólo en las violaciones de derechos humanos, sino en la sociedad chilena en su conjunto. “Decir que vamos a cerrar este capítulo de los años 1973 a 1990 y pasar la página es ignorar que la sociedad chilena aún sufre heridas derivadas de eso”, dijo.

En Argentina, los militares que dieron el golpe de 1976 llamaron a la dictadura cívico-militar “Proceso de Reorganización Nacional”. A través de este “proceso”, prometían combatir “la corrupción y la demagogia”, además de introducir a Argentina en un mundo “occidental y cristiano”. Desde 1975, antes del golpe de Estado, ya perseguían y desaparecían a opositores.

La socióloga argentina Valentina Salvi, investigadora del Núcleo de Estudios sobre Memoria (IDES), explica que todos los opositores al régimen terminaron colocados en el mismo paquete, como comunistas y terroristas, incluyendo a los desaparecidos. Esa narrativa sigue expandiéndose hoy en redes sociales.

Entre las publicaciones, señalan que el exdictador Jorge Rafael Videla fue un “héroe” que habría salvado a la nación de las “garras comunistas”.

Terrorismo de Estado con otro nombre: guerra entre dos bandos

En Argentina y Uruguay existe un discurso coordinado conocido como “teoría de los dos demonios”, que pretende equiparar la actuación de los regímenes militares y los grupos guerrilleros y que difunde la idea de que hubo una guerra entre el Estado y los “terroristas” y “comunistas” –Montoneros en Argentina y Tupamaros en Uruguay–.

Para Salvi, no hay necesariamente una negación de que hubo una dictadura en Argentina, sino una operación más sutil que intenta justificar lo que sucedió. “Lo que se está diciendo es que hubo una guerra para negar el terrorismo de Estado”, explicó.

La investigadora explica la diferencia: decir que hubo guerra es afirmar que había combatientes de ambos lados que lucharon con las mismas fuerzas y que, como en cualquier guerra, hubo muertes. Este movimiento de igualar los dos lados dio origen a la “lucha” por la “memoria completa”. Para Salvi, “hay una paradoja, que es el hecho de que las políticas de memoria han producido un efecto inesperado, que es una reacción a esas políticas”.

Las declaraciones transgresoras y disruptivas de algunos jóvenes, explica, pasaron a repetir términos usados por los militares durante la dictadura. Uno de estos grupos es el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, vinculado a la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, uno de los principales exponentes del discurso negacionista en el país. Encontramos al menos dos publicaciones patrocinadas en la Biblioteca de Anuncios de Meta vinculadas al grupo que afirman que “faltan partes” en la historia argentina contada a las personas.

Entre 2019 y 2024, Villarruel hizo 70 publicaciones en X con variaciones del hashtag “no fueron 30.000”, que suman más de 112.000 “me gusta” [ver aquí y aquí].

Estos grupos rebautizaron el 24 de marzo, fecha en que se conmemora el golpe militar en Argentina, como el “Día de la Memoria Completa”. Estas publicaciones suelen estar señaladas con algunos hashtags propios del movimiento: “#NoEranJovenesIdealistas”, “#EranAsesinos”, “#NoFueronIdealistasFueronAsesinos”, “#DíadeLaMemoriaCompleta”, “#MemoriaCompleta”, “#LaVerdadCompleta”.

Las narrativas, sin embargo, no se limitaron sólo a la vicepresidenta, sino que se extendieron a la propia Presidencia. En el primer Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia del mandato de Javier Milei, fecha que recuerda el golpe de Estado en Argentina, las redes oficiales de la Casa Rosada divulgaron un video con narrativas negacionistas. El contenido plantea la necesidad de una “memoria completa”, que contemple a las víctimas del “terrorismo” de los grupos de resistencia a la dictadura. Niega, además, los 30.000 desaparecidos. En 2025, la fecha fue recordada por el gobierno con un video del mismo tono.

Para Salvi, la derecha y los sectores ligados a los militares han tenido la capacidad de renovar el discurso ligado a la memoria.

En Uruguay, una serie de cuentas y actores buscan deslegitimar la violencia del Estado al atacar a equipos de investigación de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Uno de los blancos es el fiscal especializado en derechos humanos Ricardo Perciballe, que lidera el trabajo de investigar y, eventualmente, solicitar el procesamiento de integrantes de las fuerzas policiales o militares, así como colaboradores civiles.

Entre las acusaciones diseminadas en redes, algunas publicaciones alegan supuestos lazos familiares de Perciballe con integrantes de grupos armados de izquierda.

Estos contenidos se basan en un documento de los archivos de la dictadura que registra las visitas del fiscal a un centro de detención militar incluido en denuncias administrativas. Perciballe, sin embargo, afirma que tuvo un primo que fue preso político –el documento sólo registraba su visita.

En Chile, de forma similar a Argentina y Uruguay, hay una narrativa que busca criticar el trabajo hecho por el Museo de la Memoria, que rememora a las víctimas de la dictadura militar. En las redes sociales, un perfil con más de 30.000 seguidores en X ironiza e invalida el trabajo realizado por la institución oficial, acusándola de ser tendenciosa e incompleta.

El Museo de la Memoria también fue blanco de ataques de figuras políticas. El diputado Johannes Kaiser dijo que, de ser elegido, cerraría el instituto. Se refirió al centro de memoria como “antro antichileno”.

Otra estrategia similar que se disemina en Brasil es la de imputar a las víctimas del régimen crímenes que no cometieron. La expresidenta brasileña Dilma Rousseff (PT) y la periodista Miriam Leitão, por ejemplo, son comúnmente llamadas “asaltantes de bancos” y “asesinas”. Ellas nunca fueron ni siquiera acusadas de esos crímenes.

Negación de lo innegable: de las víctimas, de los crímenes y de la dictadura

En Argentina hay un enfrentamiento significativo sobre el número de desaparecidos de la dictadura. Organizaciones de derechos humanos contabilizan 30.000 desaparecidos, lo que es contestado por grupos de derecha. El discurso ganó fuerza con el apoyo del presidente Javier Milei.

En redes sociales, es común que publicaciones que tratan esta disputa sobre los números vengan acompañadas del hashtag “#Nofueron30000”. En general, las publicaciones minimizan la cantidad de personas desaparecidas en la dictadura argentina y recalcan que las víctimas no eran “inocentes” o “jóvenes idealistas”.

Como explicó Chequeado, la cifra de 30.000 desaparecidos comenzó a circular entre las reivindicaciones de organizaciones de derechos humanos. El número ganó visibilidad pública en setiembre de 1983, durante la tercera Marcha de la Resistencia, con la creación de 30.000 carteles con siluetas de personas –lo cual representaba a los 30.000 desaparecidos–.

La agencia de verificación argentina explicó que, en 2006, documentos desclasificados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos muestran que los militares estimaron cerca de 22.000 víctimas entre 1975 y mediados de 1978. Esta cifra incluiría desaparecidos y asesinados.

En el intento de descalificar a estos desaparecidos y a sus familiares, algunos grupos atacan a estas personas en redes sociales. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son constantemente llamadas “madres de terroristas” o “viejas terroristas”.

En Uruguay también hay un enfrentamiento en redes sobre el número de desaparecidos. En los primeros años del período democrático ganó fuerza un discurso que afirmaba que los desaparecidos estaban viviendo en el exterior, o que habían adoptado nuevas identidades para evadir a las autoridades. Este tipo de narrativa buscaba desacreditar las denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos y diluir la responsabilidad estatal en los crímenes del terrorismo de Estado.

La elaboración de una primera lista oficial de detenidos desaparecidos sólo ocurrió con la instalación de la Comisión para la Paz, creada en el 2000 durante el gobierno de Jorge Batlle (Partido Colorado). El trabajo de la comisión representó un hito en el reconocimiento institucional del fenómeno y en las primeras acciones estatales orientadas a esclarecer los hechos. Actualmente, la lista oficial registra 197 personas detenidas desaparecidas, de las cuales al menos 34 fueron desaparecidas en territorio uruguayo, según la documentación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

Sin embargo, la existencia de un registro oficial no impidió la persistencia de discursos negacionistas que cuestionan la veracidad del número y promueven la idea de que el Estado uruguayo no sería responsable por la mayoría de los casos. Estas afirmaciones omiten que la mayor parte de las víctimas fueron desaparecidas en países vecinos, fundamentalmente en Argentina, en el ámbito del Plan Cóndor, dispositivo represivo regional en el cual participaron activamente fuerzas de seguridad uruguayas.

Además, los relatos de supuesto avistamiento y localización actual de esos desaparecidos no suelen tener base factual. Uno de los casos frecuentemente citados en campañas de desinformación es el de Miguel Ángel Moreno Malugani, uruguayo que actuaba en la Federación Anarquista del Uruguay y en la Resistencia Estudiantil Obrera. Fue secuestrado el 1° de octubre de 1976 junto con María del Rosario Carretero en Argentina. Ambos siguen desaparecidos hasta hoy.

Algunas publicaciones afirman que Moreno habría reaparecido vivo después del terremoto en México en 1985, versión que tiene como única fuente la declaración del coronel José Nino Gavazzo durante el Tribunal de Honor del Ejército en 2006, sin evidencia comprobable. Gavazzo, que murió en 2021, fue condenado a prisión por el asesinato de al menos 29 personas durante la dictadura militar uruguaya.

La minimización del carácter violento de la última dictadura uruguaya es amplificada por actores como el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, que lidera el partido nacionalista de derecha Cabildo Abierto (CA). Ganó notoriedad pública por cuestionar el Poder Judicial y el tratamiento de los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen autoritario.

En 2020, por ejemplo, Manini Ríos dijo al periódico O Globo que hubo “excesos” por parte de los militares, pero minimizó el carácter violento de la dictadura. Afirmó, por ejemplo, que no hubo “política de aniquilación de opositores” durante el período.

CA llevó al ascenso de diferentes figuras vinculadas a las Fuerzas Armadas. Un ejemplo es Roque García, militar radicado en Ginebra, Suiza, que constantemente alega “desmentir” narrativas sobre la responsabilidad de los militares en el terrorismo de Estado durante la dictadura.

García fue candidato a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana, que engloba partidos de derecha, como el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto y el Partido Independiente (PI). El militar obtuvo 5.594 votos.

En abril de este año, García clasificó como “jugada de marketing” la Marcha del Silencio, manifestación realizada anualmente el 20 de mayo para rememorar a los desaparecidos durante la dictadura militar. Sobre los detenidos desaparecidos en el período autoritario, dijo que se trata de una “farsa lamentable”.

Consultado para esta investigación, García sostuvo que sería “una canallada” afirmar que él niega “la tragedia de los desaparecidos” y que sería una forma rápida de “silenciar a cualquiera que se atreva a cuestionar la estafa que se montó sobre una tragedia real y dolorosa”.

Toma como válido el número de 169 víctimas, surgido de la Comisión para la Paz del año 2000, y lo califica como un número “concreto y sin militancia”. Considera que luego llegó “la decisión política” de que el Estado indemnizara a 197 familias, a los que se habrían incorporado casos “extremadamente dudosos”, tanto en su origen como en la supuesta responsabilidad del Estado uruguayo.

Asimismo, discrepa en que se contemple la mayoría de los casos ocurridos fuera del territorio uruguayo, que el Estado responde “por lo que hacen sus agentes dentro del país, y corresponde por lo que hacen en el exterior únicamente si actúan con consentimiento de las autoridades locales”. Consideró que, a las 32 desapariciones forzadas en Uruguay, podrían sumarse responsabilidades por los hechos de Automotores Orletti y otros puntuales en Paraguay, lo que llevaría la cifra “con generosidad” a un total de “70 u 80”.

En Chile, la negación y minimización del número de víctimas y de la violencia sistemática del Estado es una de las estrategias más comunes y más crueles actualmente, y está muy presente en los discursos de políticos. Tanto Kaiser como Pérez de Arce ponen en duda la cantidad o la existencia de desaparecidos.

José Antonio Kast, que disputará la segunda vuelta de la carrera presidencial el 14 de diciembre, dijo en 2021 que en la dictadura “no se detuvo a opositores políticos”. También relativizó los crímenes por los que Miguel Krassnoff –exbrigadier durante el período autoritario, condenado a más de 1.000 años de prisión– fue sentenciado. Declaró “conocer” a Krassnoff y “no creer” en “todas las cosas que dicen sobre él”. Sumado a ello, últimamente incluso ha abierto la posibilidad de indultarlo.

Kaiser, durante un debate presidencial, afirmó que desea “cerrar el capítulo” de 1973-1990 y sugirió que indultaría a los criminales de Punta Peuco, una prisión chilena destinada a crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar. Afirmó que “no se puede dejar a personas de 80 y 90 años pudriéndose en una prisión sólo porque no agradan políticamente”.

En Brasil, los cuestionamientos no giran necesariamente en torno al número de muertos o desaparecidos. El discurso más común es el que niega crímenes, como torturas y asesinatos, y cuestiona incluso la existencia de la dictadura. Los discursos negacionistas son amplificados en el Congreso Nacional: en 2017, en el plenario de la Cámara, el diputado Pastor Marco Feliciano (PSC-SP) dijo “desafiar” a la izquierda a mostrar cuándo hubo dictadura en Brasil. “Sus Excelencias tienen que aprender que no hubo dictadura en nuestro país”, dijo.

“Cada grupo social puede tener una memoria propia del período, es un derecho. En cambio, la desinformación histórica, o negacionismo, es fruto de una acción más planificada que busca impedir el debate y ocultar hechos y procesos históricos objetivos”, afirma el historiador Marcos Napolitano.

La Comisión Nacional de la Verdad logró confirmar, en 2014, que las graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar brasileña produjeron al menos 434 muertos y desaparecidos: se identificaron 191 óbitos, 210 desaparecidos y otros 33 desaparecidos cuyos cuerpos fueron encontrados posteriormente.

Brasil tuvo, de 1995 a 2022, una Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos. El grupo fue clausurado en el penúltimo día del gobierno de Bolsonaro, en diciembre de 2022, y reinstalado en agosto de este año.