El 4 de junio, estudiantes de varias facultades de la Universidad de La Habana iniciaron un “parón” de clases en protesta contra las nuevas tarifas de internet anunciadas por la empresa estatal de telecomuniaciones, ETECSA.

Lo que comenzó como un reclamo sectorial se extendió rápidamente a otras universidades del país, generando la mayor ola de malestar estudiantil que se recuerde en décadas.

El detonante fue aparentemente simple: la empresa estatal limitó las recargas mensuales en pesos cubanos a 360 (unos 15 dólares), proporcionando apenas 6 GB de datos. Para acceder a más internet, los usuarios deben pagar 3.360 (140 dólares) por 3 GB adicionales, convirtiendo la conectividad en un lujo para la mayor parte de los cubanos.

Pero detrás de las cifras se esconde una realidad más profunda.

En un país donde los apagones constantes convirtieron a internet en un refugio para la comunicación, el trabajo, el estudio y el contacto con familiares en el extranjero, esta medida tocó la fibra más sensible de una sociedad ya agobiada por múltiples crisis.

Como señaló el excongresista estadounidense Joe García —hijo de exiliados cubanos y exdirector de la Fundación Nacional Cubano Americana— en una entrevista reciente, para los cubanos “el internet se ha vuelto la ventana al mundo”, especialmente en una sociedad con pocas oportunidades de viajar al exterior.

La Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana fue la primera en declarar un “parón” de clases. La convocatoria se difundió a través de canales de Telegram que luego se hicieron privados para evitar la infiltración, evidenciando de alguna manera la clandestinidad que rodea cualquier forma de protesta en Cuba.

En cuestión de horas, el movimiento se extendió rápidamente. Estudiantes de al menos diez facultades de cinco universidades del país emitieron comunicados de rechazo a la medida. Lo inédito no fue únicamente la protesta en sí, sino su carácter y alcance.

Los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología fueron especialmente contundentes: “No nos movilizamos por privilegios sectoriales, sino por la justicia social”, declararon, rechazando las medidas “paliativas” que Etecsa ofreció exclusivamente a universitarios.

Las protestas revelaron que el problema trasciende las tarifas de telecomunicaciones. Los profesores del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana situaron el aumento en “un contexto de policrisis prolongada” y advirtieron que las medidas “excluyen a amplios sectores de la población, olvidando el principio de equidad”. El malestar estudiantil se enmarca en una crisis más amplia que incluye falta de electricidad, agua potable, problemas de infraestructura y el deterioro del sistema educativo.

La respuesta oficial fue ambivalente. Mientras que el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció en su podcast Desde la Presidencia que “falló la comunicación” y que las medidas tendrían efectos negativos, justificó las decisiones por la necesidad de evitar un “colapso tecnológico” de las infraestructuras.

Tania Velázquez, presidenta de Etecsa, reveló datos alarmantes: la empresa perdió más del 60% de sus ingresos en divisas en los últimos años, pasando de 133 dólares por línea mensual en 2018 a apenas 31 dólares en 2024.

Con 5.600 radiobases instaladas, el 50% sin respaldo energético y más de 100 cerradas, la empresa necesita 20 millones de dólares anuales solo para mantenimiento básico.

La cronología de eventos muestra una escalada que reveló tensiones más profundas. Canales alternativos de comunicación emergieron como espacios de articulación, mientras que diversos medios reportaron interrogatorios y la presencia de agentes de seguridad en algunos campus universitarios.

Además, las protestas pusieron al descubierto las contradicciones fundamentales del modelo económico cubano. Etecsa depende en un 80% de las recargas internacionales para sus ingresos en divisas, lo que en cierto modo convierte a la empresa en un instrumento de recaudación.

Este modelo profundiza la dolarización de facto y amplía la brecha entre quienes reciben remesas y quienes dependen únicamente de salarios en pesos cubanos. Como señaló una joven cubana consultada por la BBC: “3.360 pesos es prácticamente un salario en Cuba. Nadie que viva de un salario puede comprarlo porque ya te quedas sin comer”. La situación se agrava si se considera que más de un millón de cubanos han emigrado a Estados Unidos en los últimos años, dejando familias separadas que dependen de internet para mantener el contacto.

Una de las ironías más evidentes de esta crisis es que mientras el gobierno cubano limita el acceso a internet para sus ciudadanos, el propio presidente mantiene un podcast en YouTube y utiliza las redes sociales para comunicarse. Esta contradicción simboliza las tensiones de un sistema que depende de las mismas tecnologías que restringe.

Estos últimos días, ante la presión estudiantil, las autoridades anunciaron la creación de un grupo multidisciplinario integrado por estudiantes de varias universidades para “aportar soluciones y viabilizar la implementación” de las medidas de Etecsa. A este acto asistieron el 11 de junio el viceprimer ministro, Eduardo Martínez Díaz, y la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, lo que evidencia el nivel político que alcanzó el conflicto.

Los estudiantes llegaron a estos encuentros con propuestas concretas: masificar las redes wifi, crear paquetes familiares compartidos y vender el servicio por velocidad de conexión en lugar de por datos consumidos. Sin embargo, como reconoció uno de los participantes, “no es un debate acabado” y las demandas estudiantiles siguen “sobre la mesa”.

Las actuales protestas representan un momento significativo de tensión en Cuba. Las universidades demostraron que siguen siendo espacios donde pueden emerger voces críticas. Aunque el “parón” fue formalmente desconvocado el 8 de junio en la Facultad de Matemática y Computación, las demandas estudiantiles abrieron un debate que trasciende las aulas.