Numerosas repercusiones cosecha la orden dictada el lunes por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien dictaminó la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro por haber violado las medidas cautelares que se le impusieron en el marco del juicio que está enfrentando por intento de golpe de Estado en 2022.

El Ejecutivo recomendó a todos los funcionarios del gobierno que tomen una actitud discreta sobre la medida judicial. De esa manera evitarían la victimización de Bolsonaro y su entorno, además de no impulsar la narrativa de que el exmandatario está siendo perseguido políticamente.

Este martes, durante una reunión del Consejo para el Desarrollo Económico y Social Sostenible, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró que no perdería tiempo hablando de los aumentos arancelarios impuestos por Estados Unidos a los productos brasileños, ni tampoco del “ciudadano brasileño que intentó un golpe de Estado”, en referencia a Bolsonaro.

“Vine aquí comprometido a no perder mucho tiempo hablando de los aranceles, a decir lo menos posible, porque si no lo hago, se preguntarán: ¿por qué Lula no dijo nada? ¿Le tiene miedo a Trump? Y no quiero que se vayan con esa imagen. Tampoco voy a hablar hoy del otro ciudadano brasileño que intentó un golpe de Estado”, declaró el mandatario, según consignó CNN Brasil.

Este martes también habló uno de los hijos de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), quien declaró que su padre “no solicitó eludir” las medidas cautelares impuestas por De Moraes.

El congresista se refería al video que publicó en redes sociales, en el que se escucha a su padre al dirigirse a los manifestantes en Río de Janeiro mediante una videollamada el domingo. La publicación fue eliminada horas después, pero sirvió como justificación para ordenar el arresto domiciliario. De Moraes incluyó la publicación de Flávio en su decisión del lunes.

“La publiqué; el presidente no solicitó eludir ninguna medida cautelar. La publiqué con base en mi convicción y porque estoy seguro de que no hay nada que contradiga la decisión ilegal de Alexandre de Moraes”, declaró Flávio Bolsonaro a la prensa.

En el mismo sentido se manifestaron los abogados defensores de Bolsonaro, quienes negaron que su representado haya violado las medidas cautelares y cuestionaron la decisión tomada por De Moraes.

También habló sobre la medida tomada contra Bolsonaro el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien es visto por muchos como el candidato del bloque derechista para las elecciones presidenciales del año que viene.

En un video publicado en redes sociales, Freitas calificó de “absurda” la nueva medida cautelar contra su mentor político. “¿Vale la pena destruir la democracia con el pretexto de salvarla?”, se pregunta el gobernador en un tramo del video.

Freitas también afirmó que “Bolsonaro fue juzgado y condenado mucho antes de que todo esto comenzara”, por “un intento de golpe de Estado que no ocurrió, un delito que no existió y acusaciones que nadie puede probar”, y agregó que “no habrá paz social si no hay paz política”.

La determinación de De Moraes también tuvo repercusiones en Washington. En un comunicado oficial, el Departamento de Estado estadounidense afirmó que exigirá responsabilidades a todos aquellos que colaboren con las medidas adoptadas por el principal juez del STF brasileño.

“El ministro De Moraes, ahora sancionado por Estados Unidos como violador de derechos humanos, continúa utilizando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar a la democracia. Imponer aún más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro para defenderse públicamente no es un servicio público. ¡Dejen hablar a Bolsonaro!”, declaró la Oficina de Asuntos Occidentales del Departamento de Estado en una publicación en redes sociales.

Por su parte, en una declaración publicada en su cuenta de X, el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, declaró que “los desenfrenados impulsos orwellianos del ministro están arrastrando a su corte y a su país al territorio inexplorado de una dictadura judicial”.

El funcionario estadounidense también afirmó que el “presunto delito” de Bolsonaro “aparentemente fue criticar a De Moraes, lo que el ministro ahora califica convenientemente de ‘obstrucción a la justicia’”.