Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, dio al equipo legal del expresidente Jair Bolsonaro, en la noche del miércoles, un plazo de 48 horas para explicar un documento de solicitud de asilo político hallado por la Policía Federal (PF) en el teléfono celular del expresidente, en el marco de las requisas de dispositivos en la casa del exmandatario en las últimas semanas.

En el teléfono celular de Bolsonaro, incautado por la PF, se encontraba un archivo titulado “Carta JAIR MESSIAS BOLSONARO”. El documento de 33 páginas reproduce una solicitud de asilo político dirigida al presidente de Argentina, Javier Milei.

El documento se guardó en el teléfono del expresidente el 10 de febrero de 2024, dos días después del lanzamiento de la Operación Tempus Veritatis, dirigida contra Bolsonaro y sus aliados, que investiga la presunta trama golpista de 2022.

De acuerdo con lo que informó la revista Carta Capital, para el STF, aunque se trata de un documento único en formato editable, sin fecha ni firma, el contenido del archivo revela que el acusado, desde el inicio de la acción judicial en su contra, trató de huir del país con el fin de evitar la aplicación de la ley penal.

“Las pruebas obtenidas por la PF indican que Jair Messias Bolsonaro poseía un documento que le permitía escapar del país tras la imposición de medidas”, sostuvo Moraes en el escrito en el que pedía explicaciones a los abogados de Bolsonaro.

Además, el juez mencionó el contacto del general Walter Braga Netto tras la prohibición de comunicarse con Bolsonaro y los intercambios de mensajes entre el expresidente y sus aliados para dar instrucciones sobre la publicación de mensajes en redes sociales.

Paralelamente, también en la noche del miércoles, la PF imputó a Jair Bolsonaro y a su hijo Eduardo, diputado federal por el Partido Liberal, por coacción durante el proceso por el intento de golpe de Estado.

Los investigadores remitieron el informe al juez Moraes, relator de la investigación, que se abrió en mayo después de que Eduardo Bolsonaro se trasladara a Estados Unidos para presionar a favor de sanciones contra Brasil y las autoridades brasileñas.

Según la PF, los Bolsonaro cometieron dos delitos: por un lado, el de coacción durante el proceso, que consiste en emplear violencia o amenazas graves para favorecer intereses propios o ajenos, contra una autoridad, un partido o cualquier otra persona que actúe o esté llamada a intervenir en un proceso judicial, policial o administrativo, o en un tribunal arbitral; por otro, el de abolición violenta del Estado democrático de derecho, mediante el uso de violencia o amenazas graves, impidiendo o restringiendo el ejercicio de los poderes constitucionales.

Instalado en Estados Unidos desde marzo, Eduardo Bolsonaro operó desde allí a través de personas con llegada al presidente Donald Trump para imponer sanciones a las autoridades brasileñas, como la aplicación de la Ley Magnitsky contra Moraes.

De acuerdo con la acusación presentada por la PF, el contenido de las conversaciones entre Eduardo y Jair demuestra que “los investigados no sólo tenían conocimiento previo de las acciones que se avecinaban, sino que actuaron de forma coordinada y con unidad de propósito para hacer cumplir las sanciones impuestas por un gobierno extranjero”.

Agencia Brasil informó que, luego de recibir el informe policial, el juez Moraes remitió el caso a la Fiscalía General, que decidirá si Jair y Eduardo Bolsonaro serán formalmente acusados. También el miércoles, la PF tomó medidas contra el pastor Silas Malafaia, un personaje cercano a Bolsonaro, quien fue objeto de un allanamiento en el que se hicieron incautaciones y se le retuvo el pasaporte.

Según expresaron las autoridades policiales, Malafaia, conocido también por ser el financista del expresidente, colabora con los demás sospechosos para definir estrategias de coerción y difusión de narrativas falsas, así como para dirigir acciones coordinadas, siempre con el objetivo de coaccionar a los jueces para que “impidan que las acciones judiciales emitidas por el Supremo Tribunal Federal se opongan a los intereses ilícitos del grupo criminal”.