El sistema de justicia de Cuba apunta a castigar con varios años de cárcel las protestas contra los apagones y las críticas públicas contra el gobierno. Esta semana se sumaron varios casos de ese tipo, según informaron la agencia de noticias Efe y la organización civil opositora Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Seis hombres de entre 26 y 53 años que participaron en un caceroleo por los frecuentes apagones que sufre la isla enfrentan un proceso judicial, en un tribunal de la provincia de Villa Clara, en el que la Fiscalía pidió penas de hasta nueve años de cárcel. Cinco de ellos están en prisión preventiva desde que fueron detenidos por esa protesta, en noviembre de 2024.
Según informó Efe, que accedió al escrito de la Fiscalía, se los acusa de desórdenes públicos. Se argumenta que aprovecharon “la ausencia de fluido eléctrico causada por la crisis electroenergética del país” para liderar un caceroleo en su localidad, Encrucijada.
Además de “toques incesantes” y a “altos decibeles”, la protesta incluyó gritos en reclamo de que se recompusiera el servicio eléctrico, argumentó la Fiscalía. Agregó que todo esto implica “perturbar la tranquilidad ciudadana” y “obstaculizar el tráfico de vehículos por la vía pública”.
Para dos de los acusados la Fiscalía pidió nueve años de prisión, para otros tres solicitó, respectivamente, penas de cuatro, cinco y seis años, y para el último, cinco años de libertad restringida. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales.
A su vez, el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba condenó esta semana a tres hombres y una mujer a penas que van de cuatro a 14 años de prisión por publicar o compartir mensajes contra el gobierno en Facebook, según denunció el martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Señaló que en la sentencia el tribunal consideró que eran culpables de delitos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado.
Además de criticar al gobierno, esas personas llamaron a compartir en redes una convocatoria a una marcha pacífica en la provincia de Las Tunas, que finalmente no se hizo.
Johana Cilano, investigadora de Amnistía Internacional para Cuba, dijo en su cuenta de X que “en las últimas semanas las autoridades cubanas han condenado al menos a 15 personas hasta nueve años de cárcel por su participación en las protestas de [la ciudad de] Bayamo en 2024”, y “también han condenado a hasta 14 años de cárcel a activistas por publicaciones en redes sociales sobre una marcha que no llegó a realizarse”.
“Hoy varias personas, entre ellas el escritor José Gabriel Barrenechea, son sometidas a juicio por su participación pacífica en las protestas en noviembre 2024”, agregó Cilano. Señaló que “no son hechos aislados”, sino parte de una “sistemática” represión, “criminalización de la protesta y persecución de toda voz pública crítica o disidente”. Agregó que “la protesta es un derecho, nadie debería estar encarcelado sólo por ejercer sus derechos humanos”.
En una columna de opinión publicada en el diario mexicano Reforma, Cilano cuestionó también lo que considera un “doble rasero” por el cual desde el exterior se les dice a los cubanos que “tener derecho a la salud y a la educación agota las necesidades de realización de los derechos humanos”, y se los critica cuando protestan por otros reclamos, algo que no ocurre con los manifestantes de otros países.