El gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, con sede en Cisjordania, manifestó su rechazo a las declaraciones del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich. El jerarca dijo el miércoles que la Franja de Gaza podría ser un boom inmobiliario y que ya está conversando con Estados Unidos sobre la división de ese territorio.

“Pagamos mucho dinero por la guerra, así que tenemos que decidir cómo dividir los porcentajes de tierra en Gaza. La fase de demolición siempre es la primera fase de la renovación urbana. Ya lo hicimos, ahora tenemos que empezar a construir”, afirmó Smotrich durante una conferencia del sector inmobiliario en Tel Aviv.

Este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino manifestó que tratar a la Franja de Gaza como si fuera un bien inmueble supone “un reconocimiento oficial de los planes de genocidio y desplazamiento de población”, así como los “de destruir completamente la Franja de Gaza y convertirla en un territorio inhabitable”.

La cancillería recordó que la Franja de Gaza es “parte integral del Estado de Palestina, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones internacionales”, y rechazó que se la trate “como un simple territorio vacío, como si estuviera a la venta”.

No sólo Smotrich se ha referido de esta manera a Gaza. También el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, defendió la idea de promover la “migración voluntaria” de los palestinos y construir allí “un barrio de lujo”.

“Cerca de la costa. Será perfecto”, dijo, en sintonía con la visión del presidente estadounidense, Donald Trump, que en febrero habló de convertir ese teritorio en una “Riviera de Medio Oriente”.

“Vamos a terminar la misión, a ocupar Gaza y a impulsar un proceso migratorio”, explicitó Smotrich, en un contexto en el que Israel destruyó buena parte de la infraestructura de ese territorio, matado a más de 65.000 personas y forzado el desplazamiento de cientos de miles.

La preocupación por lo que ocurre en la Franja de Gaza se refleja también en el anuncio del fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, de que dictó un decreto por el cual crea un equipo de trabajo que investigará violaciones del derecho internacional que pudieran constituir crímenes de guerra cometidos por el ejército de Israel.

Su decisión responde a un pedido de la fiscal de la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, que analizó un informe policial en el que se recogen hechos que podrían constituir crímenes contra la humanidad.

Esta investigación se propone colaborar con la Corte Penal Internacional que mantiene abierta una investigación contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la cual emitió una orden de detención internacional en 2024.

García Ortiz señaló en su pronunciamiento jurídico que España tiene la obligación de cooperar con ese tribunal con ese tribunal medidas como las de recabar y preservar pruebas.

Sobre la posibilidad de juzgar a Netanyahu en España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional concluyó que los tribunales españoles no tienen competencia porque ya está en marcha la investigación en la Corte Penal Internacional.

Ese tribunal con sede en La Haya fue visitado el miércoles por un alto funcionario de Qatar –el ministro de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores–, Mohamed bin Abdulaziz bin Salé al Julaifi. El jerarca dijo que la visita fue parte de “la labor del equipo encargado de explorar las vías legales para responder al ataque armado ilegal israelí contra el Estado de Qatar”.

La semana pasada Israel bombardeó la capital de Qatar, Doha, con el objetivo de matar a integrantes de la delegación de Hamas que se encontraba allí para negociar una propuesta estadounidense de cese del fuego. En el bombardeo murieron cinco integrantes de Hamas y un funcionario qatarí.

El gobierno de Qatar comunicó que la visita a La Haya reafirmó su compromiso “de apoyar la vía de la justicia internacional” y de “garantizar la rendición de cuentas de los autores de delitos contra el derecho internacional”. También ratificó “su determinación inquebrantable de defender sus derechos por todos los medios legítimos”.

Este jueves, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos vetó una vez más un proyecto de resolución que exigía un cese del fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza, la eliminación de las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria y la liberación de los rehenes en manos de milicias palestinas.

La resolución, que hubiera sido vinculante, sólo fue rechazada por Washington. Recibió el apoyo de 14 estados: los otros cuatro miembros permanentes del consejo –Rusia, China, Francia y Reino Unido– y los diez no permanentes.