Al llegar al gobierno de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, proclamó que “no hay plata” (como Javier Milei) y llamó a todos sus ministros a reducir los presupuestos de sus carteras. Sin embargo, su proyecto más emblemático es un paquete de leyes por el cual el Estado chileno va a renunciar a recaudar recursos que percibe en la actualidad, y que según la oposición, son los que pagan los sectores más ricos.

El proyecto es un paquete de leyes que se presentan como una sola, algo que se suele denominar ley ómnibus y que en Chile se conoce como “ley miscelánea”.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es una reducción gradual de los impuestos que pagan las empresas por sus ganancias o dividendos, del 27% actual al 23% para 2029. Otras medidas que afectan a las arcas públicas son las que disponen beneficios fiscales para la repatriación de capitales que están en el exterior y la exención transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas.

El miércoles Kast afirmó que seguirá impulsando su Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, a pesar de que recibió un informe negativo del Consejo Fiscal Autónomo. Este organismo, de carácter técnico y consultivo, tiene como cometido “contribuir al manejo responsable de la política fiscal” del gobierno.

Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, informó el martes ante una comisión parlamentaria sobre las conclusiones del informe. “En el período de la planificación financiera 2026-2030, e incluso hasta 2031, el proyecto genera un impacto fiscal neto negativo. En consecuencia, para lograr la neutralidad fiscal en este período, señalamos que se van a requerir fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante que no están contenidas en el propio proyecto de ley”, dijo, según citó Radio Cooperativa. Agregó que un “riesgo transversal” que percibieron en este paquete de leyes es que “los costos son más ciertos y predecibles, mientras que los beneficios son inciertos, graduales y condicionales”.

Kast se refirió al pronunciamiento de este organismo. “El Consejo Fiscal Autónomo ha hecho siempre informes que nosotros valoramos. Este también lo valoramos para mejorar, pero lo que no vamos a hacer es detener el avance para que Chile vuelva a crecer”, dijo el presidente, admirador de Donald Trump y fundador del Partido Republicano chileno.

También el Fondo Monetario Internacional advirtió que el plan va a requerir otras medidas para cumplir con las “metas de déficit y deuda”.

Ambiente en riesgo

La propuesta de ley miscelánea, además, debilita los controles del Estado con artículos que facilitan el acceso a permisos medioambientales. Reduce la vigencia de las resoluciones contrarias al desarrollo de una actividad económica de dos años a seis meses, y establece, que en caso de que se anulen las resoluciones de calificación ambiental (RCA) negativas, se paguen reembolsos a los privados que fueran afectados por esas decisiones.

“El presidente Kast propone que el Estado, con impuestos de todas y todos los chilenos, pague los gastos que una empresa realizó cuando su RCA sea anulada por un tribunal”, cuestionó el senador chileno por el Frente Amplio Diego Ibáñez en una columna de opinión en la edición digital de Radio Biobio. Argumentó que “si cada sentencia anulatoria por afectar el medioambiente activa automáticamente una obligación fiscal de restituir gastos al privado, se introduce una presión extrajurídica sobre los tribunales: cumplir la ley pasa a tener un precio para el Estado de Chile. Se socializa un riesgo privado y se protege una inversión mal evaluada ambientalmente”.

En su columna, el senador afirma que en esta ley “la absurda ridiculización de la Ley de Humedales Urbanos, la decena de reglamentos ambientales retirados sin ser reingresados o la desactivación por decreto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, constituyen una ofensiva radical y ultraideologizada contra la protección del medioambiente”. Concluye que se observa “una forma de eliminar el rol del Estado” y regresiones que “ponen en jaque la biodiversidad nacional, la salud de las personas y la adaptación institucional al cambio climático”.

Los defensores de la ley señalan que acelera los trámites para la reconstrucción de zonas afectadas por incendios forestales, y que reactivará la economía y aumentará el crecimiento y el empleo. Sin embargo, estos efectos son los que el Consejo Fiscal Autónomo califica como “inciertos”.

Alineado con las expectativas del gobierno, Cristóbal Gamboni, uno de los directivos de la Confederación para la Producción y el Comercio, una organización que agrupa a los empresarios, dijo que la rebaja de los impuestos a las ganancias “generaría 210.000 puestos de trabajo adicionales”, de acuerdo con Radio Cooperativa de Chile.

Por su parte, otro directivo empresarial, el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Orlando Sillano, advirtió que la exención del IVA a la venta de nuevas viviendas no asegura que los precios se reduzcan en el mismo porcentaje, que en Chile es de 19%. Dijo que eso va a depender de cada proyecto, de lo que haya costado el terreno, entre otros factores. “Por lo tanto, la verdad es que el cálculo de ese IVA que se va a poder descontar en cada operación va a ser variable”, dijo.

“Cuidar a los ricos”

“Ustedes recordarán la famosa frase de Augusto Pinochet: ‘Hay que cuidar a los ricos para que la economía crezca’. Bueno, eso es exactamente lo mismo que se está buscando hacer ahora”, dijo el exministro de Economía y Energía Álvaro García, entrevistado por la emisora Futuro. Según citó El Mostrador, García afirmó que eso es lo que se propone este paquete de leyes, que responde a una visión “ideológica” más que técnica y que impulsa “una gran transferencia de recursos desde el Estado a los grupos más ricos”.

En su opinión, además de profundizar los problemas fiscales de Chile, el actual gobierno va a afectar el gasto social –en alimentación escolar, salud y capacitación laboral– con recortes que llegan a los 6.000 millones de dólares.

“Chile necesita volver a ser un país confiable”, afirma el texto de la ley miscelánea. “Para lograrlo, se propone establecer un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años, aplicable tanto para inversionistas locales como extranjeros que inviertan montos superiores a 50 millones de dólares en el país. Con esta medida, Chile volverá a ser un polo atractivo de inversión, fomentando el ingreso de capitales al país y generando empleo para chilenos en todo el territorio nacional”, agrega. De esta forma, se dificulta a las autoridades aprobar cambios tributarios que afecten a esos sectores durante un cuarto de siglo.

Según señaló Le Monde diplomatique edición Chile, la ley, además, reduce el impuesto a las donaciones, que se han usado para evadir los tributos que gravan a las herencias, y dispone bonificaciones fiscales para empresas con empleados con bajos sueldos, aquellos que ganen hasta un salario mínimo y medio, lo que puede ser un incentivo para evitar los aumentos salariales.

Otro de los puntos contemplados en el proyecto permite a los accionistas deducir de sus impuestos personales el 100% de lo tributado por sus empresas. Esta iniciativa, según informó ese medio, es rechazada por las organizaciones que reúnen a pequeñas y medianas empresas, que argumentan que la medida beneficia a quienes ganan más de 8,4 millones de pesos chilenos por mes, más de 9.400 dólares. Afirman que las empresas más chicas ya tienen un régimen especial y no se benefician con el cambio.

Con el proyecto en marcha

La iniciativa se presentó en el Congreso el 22 de abril y el oficialismo está a la búsqueda de apoyos en otros partidos políticos para lograr su aprobación antes de setiembre. Si bien la derecha tradicional de Chile Vamos es aliada del gobierno del Partido Republicano de Kast, se requieren más votos, entre ellos los del Partido de la Gente, de derecha populista, y los del extremista Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser.

El jueves el proyecto tuvo su primer avance parlamentario con su aprobación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, donde obtuvo ocho votos a favor del oficialismo, cuatro en contra de la oposición de centroizquierda, y una abstención del Partido de la Gente, del excandidato presidencial Franco Parisi, que acusa al gobierno de no sumar sus propuestas a la ley. Todavía está pendiente el tratamiento de la ley en otras comisiones.

El senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, llamó a rechazar “este proyecto que es regresivo y que no cuenta con la evidencia de ningún experto de prestigio a nivel internacional”.

Cuando se conoció el informe del Consejo Fiscal Autónomo, la oposición sumó argumentos para cuestionar esta ley miscelánea. “¿Hay colegas que aún piensan que este proyecto se puede votar con la urgencia que nos ha impuesto este gobierno? Lo pregunto porque lo que acaba de hacer el Consejo Fiscal Autónomo, profesionalmente, es tirar la cadena de este proyecto”, dijo el diputado Carlos Bianchi, del Partido por la Democracia, según citó Radio Cooperativa. También la diputada comunista Irací Hassler dijo que las advertencias del informe de ese organismo son “alarmantes”.