La aprobación en la noche del miércoles en la Cámara de Diputados de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por la cual se modificará la extensión de la semana de trabajo, tuvo repercusiones diversas entre las entidades representativas de los trabajadores y el sector empresarial.
Mientras que la Central Única de Trabajadores (CUT) calificó la medida como una “victoria histórica para la clase trabajadora”, una de las entidades patronales más importantes del país, la Confederación Nacional de Industria (CNI), consideró la propuesta “inadecuada e inoportuna”, de acuerdo a lo que informó Agencia Pública.
El texto de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) fue aprobado en las últimas horas del miércoles por el pleno de la Cámara de Diputados por 472 votos a favor y 22 en contra en la primera vuelta, y por 461 votos a favor y 19 en contra en la segunda. De esta manera, el texto pasará a ser analizado por el Senado, donde se presume que la batalla por su aprobación será dura.
La PEC que pone fin a la semana laboral de seis días y reduce la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas, sin reducción salarial, establece un periodo transitorio de 14 meses para la reducción de la jornada laboral. 60 días después de la entrada en vigor de la nueva ley, la jornada laboral semanal se reducirá de 44 a 42 horas. Tras 12 meses, se aplicará una nueva reducción a 40 horas semanales.
Para la CUT, el resultado satisface “una de las principales demandas del movimiento obrero en las últimas décadas”. La organización atribuye la aprobación a la movilización de los sindicatos, la presión de los movimientos sociales y la negociación directa con los parlamentarios.
En un comunicado, el sindicato hizo un llamado a los trabajadores a mantener la movilización para presionar al Senado a fin de que continúe tramitando el proyecto de ley.
Por su parte, la CNI considera que la reducción de la jornada laboral sin una transición adecuada y sin aumentos de productividad podría incrementar los costos y presionar los precios, impactando el empleo y la economía.
“Una posible reducción de la jornada laboral por imposición legal, sin una transición adecuada y sin aumentos de productividad equivalentes, tiende a incrementar los costos y presionar los precios de los productos y servicios”, argumentaron desde la entidad patronal.
La organización aboga por que el tema se analice “con equilibrio, responsabilidad y una base técnica, considerando los efectos en los trabajadores, las empresas, los consumidores y la economía brasileña, y no bajo la presión de un año electoral”.
Desde el Ejecutivo de Lula, el ministro de Trabajo Luiz Marinho declaró el jueves que espera que la nueva legislación sea aprobada por el Senado y promulgada por el Congreso en el primer semestre de este año.
“No me gusta hablar de plazos para el Parlamento, ya que eso constituiría una injerencia, una búsqueda de injerencia ejecutiva y legislativa que no es sana”, afirmó Marinho, de acuerdo a lo que consignó el diario O Globo.
“Obviamente, si el Senado lo ha priorizado, con el mismo afán de celeridad con el que trabajó la Cámara, creo que 30 días son suficientes”, agregó Marinho.