La solicitud de Estados Unidos de la detención y extradición de varios funcionarios de México, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la presidenta Claudia Sheinbaum, aumentó las tensiones entre los dos países.

El Departamento de Justicia estadounidense comunicó en su solicitud que se acusa a Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.

En su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum se refirió este lunes al caso. Dijo que le encargó a la cancillería que le solicite a la Fiscalía General de la República un análisis para determinar si hay elementos de prueba que fundamenten la solicitud estadounidense. La acusación surge de una denuncia presentada en el distrito sur de Nueva York.

Las acciones que México adoptará a partir de ahora, en particular la detención o no del gobernador, dependerán de la existencia de pruebas que acrediten que existe riesgo de fuga o de interferencia en la investigación, agregó la presidenta mexicana.

“Bajo ningún motivo vamos a permitir la injerencia de un gobierno extranjero”, dijo Sheinbaum. Recordó que Estados Unidos pidió a la cancillería la detención urgente de los funcionarios. “La cancillería plantea. ¿Por qué es tan urgente? ¿Qué pruebas tienen?”, cuestionó. Según informó el diario La Jornada, la presidenta señaló que no hay elementos que justifiquen esa urgencia. Aclaró también que la solicitud contra Rocha no es una petición de extradición, sino de “detención provisional”.

“Nunca en la historia habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador”, dijo la presidenta mexicana. Afirmó que a ella le corresponde defender la soberanía y también la justicia.

El viernes, Sheinbaum había dicho a periodistas que, “frente al embate exterior, debe haber unidad nacional”, y que “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

Debido a las acusaciones, Rocha pidió licencia temporal en su cargo y el Congreso de Sinaloa se la concedió. En su lugar, desde el sábado, ejerce como gobernadora interina Yeraldine Bonilla.

La presidenta dijo que su gabinete de seguridad acudirá a Sinaloa para reunirse con Bonilla y reafirmar la colaboración entre los dos gobiernos.

El fiscal general de la República, Raúl Jiménez Vázquez, se refirió a los pedidos de detención estadounidenses y dijo que “no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”. Afirmó que “cualquier acción contra los implicados –incluidos quienes no tienen fuero– queda condicionada” a que se presenten pruebas. Además del gobernador, el pedido incluye a un senador, que fue secretario general de Sinaloa, al alcalde de Culiacán, al vicefiscal del estado de Sinaloa, al exsecretario de seguridad pública local y varios exjerarcas de la Policía de ese estado.

Este pedido llega cuando todavía se trata de esclarecer qué estaban haciendo en Chihuahua dos agentes de la CIA que supuestamente participaron en una operación sin autorización del gobierno mexicano, y que murieron en un accidente en una carretera. Por el caso, se impulsa un juicio político a la gobernadora opositora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

El diario Los Angeles Times informó en abril que el actual embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, visitó Sinaloa, habló de inversiones y dijo que para que estas sean posibles es necesario perseguir la corrupción. Afirmó que el acuerdo comercial entre su país y México “exige a nuestros gobiernos que tipifiquen como delito el soborno y la corrupción y que hagan cumplir los códigos de conducta para los funcionarios públicos”. Johnson agregó: “Es posible que pronto veamos medidas significativas en este frente, así que permanezcan atentos”.

Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México y exsubsecretaria para América Latina del Departamento de Estado, se refirió al pedido estadounidense de detención de Rocha, entrevistada por N+, un canal de noticias de Univisión. Según reprodujo Infobae, Jacobson analizó que las acciones de Washington en este momento deben enmarcarse en las negociaciones que están por comenzar para la revisión del T-MEC, el tratado que mantienen México, Estados Unidos y Canadá. También señaló que pedir la detención de un gobernador en funciones es algo inusual.

A su vez, Javier May, el gobernador de Tabasco, dijo que el pedido de extradición de Rocha “es un ataque de injerencismo, sin pruebas”. Según citó el portal Animal Político, May agregó: “No son los gobernadores; quieren nuestros recursos naturales”.