El gobierno de Donald Trump declaró “organizaciones terroristas” a los dos principales grupos del crimen organizado de Brasil, el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC). Esta decisión era impulsada desde el año pasado por el presidente estadounidense, pero fue tomada en la noche del jueves, poco después de recibir en la Casa Blanca al candidato ultraderechista brasileño, Flávio Bolsonaro.
La medida es perjudicial para Brasil, entre otros motivos, porque puede utilizarse como excusa para sancionar a empresas o entidades bajo el argumento de que mantienen vínculos con esos grupos delictivos. Además, pone en evidencia que Trump está dispuesto a presionar a favor de Bolsonaro en las elecciones de octubre, en las que compite por la presidencia con Luiz Inácio Lula da Silva, que se postula a la reelección.
El martes, después de que Trump lo recibiera, Bolsonaro dijo en conferencia de prensa que le había pedido al presidente estadounidense que aplicara esa calificación, y celebró cuando la decisión fue anunciada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en su cuenta de X.
Rubio dijo que los dos grupos designados “organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales” extienden “su influencia por toda nuestra región” y hacia Estados Unidos. “El gobierno de Trump seguirá utilizando todos los medios a su alcance para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”, afirmó. En la misma red, Bolsonaro respondió: “¡Muchas gracias, señor secretario de Estado!”.
Repudio de Planalto
El gobierno de Brasil rechazó tanto la decisión de Trump como las acciones de Bolsonaro contra su país. En un comunicado, la Presidencia manifestó: “La soberanía nacional es innegociable. Brasil rechaza cualquier forma de interferencia extranjera en sus asuntos internos. Quienes definen cómo se clasifica y combate el crimen dentro de Brasil son los brasileños, con sus instituciones, sus leyes y sus fuerzas de seguridad”.
El Palacio de Planalto cuestionó la clasificación que hizo Estados Unidos no solo por razones de soberanía, sino porque entiende que es incorrecta para aplicarla al PCC y al Comando Vermelho. “El terror causado por esas organizaciones en comunidades busca obtener el lucro mediante el delito, especialmente por el tráfico de drogas y armas, y no puede ser confundido con el tipo de acción por motivos ideológicos, políticos y religiosos del terrorismo internacional”, manifestó.
Señaló también que “medidas unilaterales, no negociadas, pueden debilitar el combate a los grupos criminales”, poner en riesgo la vida de personas ajenas a la actividad delictiva y reducir la capacidad de compartir información entre policías. También “pueden afectar nuestro sistema financiero con innovaciones nacionales como el PIX, que incomodan a intereses extranjeros”, agregó.
El sistema de pagos PIX, que depende del Banco Central de Brasil, y que el gobierno de Lula se propone extender a otros países, es una alternativa ante la hegemonía del dólar, y Washington ha manifestado que compite de manera desleal con otros medios de pago, como las grandes tarjetas de crédito internacionales.
En cuanto al papel de Bolsonaro en la decisión adoptada por Washington, el comunicado del gobierno de Lula afirma que “es deplorable que una vez más integrantes de la familia Bolsonaro viajen a Estados Unidos para defender una intervención extranjera en Brasil, como ya hicieron en el tarifazo, que causó tanto daño a nuestro país”. El año pasado, Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, promovió una fuerte suba de aranceles a Brasil. Con esa medida, Trump intentó presionar al gobierno de Lula para que evitara que la Justicia condenara al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
“La seguridad de nuestra población es demasiado importante para que sea manipulada por traidores”, por “falsos patriotas, involucrados con el crimen organizado, que piden a autoridades extranjeras interferir en asuntos brasileños”, agregó el comunicado.
Lula: “No aceptamos ser tratados como niños”
Celso Amorim, asesor del presidente de Brasil en asuntos internacionales, dijo que “el crimen organizado es un mal que tiene que ser combatido” y que la “cooperación internacional es bienvenida, especialmente en temas como lavado de dinero y contrabando de armas”, pero agregó que usarlo como “pretexto para una intervención es inaceptable”. De acuerdo con la estatal Agencia Brasil, Amorim señaló también que equiparar el crimen organizado con el terrorismo no ayuda a combatirlo.
En los últimos tiempos, el gobierno de Trump impulsó la misma clasificación para cárteles de droga mexicanos, agregó a Cuba a su “lista de estados patrocinadores del terrorismo” y acusó al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro de “narcoterrorismo” y de liderar el Cártel de los Soles, organización que la propia Fiscalía estadounidense admitió que es inexistente. Para entonces, Maduro ya había sido capturado y trasladado a Estados Unidos durante un ataque militar a Caracas que dejó un centenar de muertos.
Lincoln Gakiya, promotor de Justicia del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado del Ministerio Público de San Pablo, fue consultado por la Radio Pública sobre una eventual acción militar en territorio brasileño. “Considero que es una posibilidad muy remota. Pero la ley estadounidense permite que se lleven a cabo acciones militares secretas fuera del territorio estadounidense y sin el consentimiento del Estado donde se realizarán dichas operaciones. Esto ya ha ocurrido en varios lugares del mundo”, dijo, según citó Agencia Brasil.
Este viernes, durante la inauguración de una planta de fertilizantes en el noreste de Brasil, Lula se refirió a la decisión del gobierno de Trump. “No aceptamos ser tratados como niños, como una republiquita”, dijo durante su discurso. Afirmó que Flávio Bolsonaro “no tiene vergüenza de traicionar a la patria y pedir la intervención” de Estados Unidos.