La Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento de Cuba, inició este miércoles su período de sesiones ordinarias con un paquete de leyes impulsadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, en una jornada en la que se preveía un fuerte impacto de la crisis energética.
Las autoridades estimaron que a la hora de mayor demanda de electricidad más del 70% del territorio de la isla no contaría con el servicio.
Debido a esta crisis, que tiene en su núcleo la falta de combustible consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos, los diputados sesionaron mediante videoconferencia desde sus territorios. Solo los que viven en La Habana asistieron al Palacio de Convenciones.
Según publicó el diario Granma, la diputada Leidys Labrador citó en la sesión un testimonio de la directora del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en el que afirmó que los médicos llegaron a recurrir a baterías de respaldo de las computadoras para que los sistemas de respiración asistida continuaran funcionando en el CTI durante los apagones.
La legisladora destacó esa y otras “muestras de heroísmo cotidiano” del pueblo cubano y cuestionó a quienes someten a la población a esta crisis.
Ante la Asamblea, el canciller Bruno Rodríguez denunció una vez más que Estados Unidos, mediante el bloqueo petrolero, busca aumentar la presión sobre Cuba y castigar a los cubanos para forzar su “rendición”. “Afrontaremos los riesgos que sean necesarios cuanto tiempo sea necesario”, agregó, y dijo que de eso “dependerán la independencia, la revolución, el socialismo” de la isla.
Al mismo tiempo que intenta defender ese modelo, el gobierno impulsa diversos cambios mediante proyectos de ley que el Parlamento comenzó a tratar este miércoles y seguirá analizando el jueves.
Uno de ellos reduce los 27 organismos de la administración central a 20. Fusiona el Ministerio de Economía y Planificación con el de Finanzas y Precios, el de Ciencia y Tecnología con el de Educación Superior y el de Agricultura con el de Industrias Alimentarias, informaron las agencias Efe e IPS.
Otro proyecto incluye una aprobación general de pequeñas empresas y otras entidades privadas semejantes cuyo reconocimiento estatal estaba pendiente, y prevé la simplificación de los trámites para crear este tipo de organizaciones.
De acuerdo con IPS, también se eliminará para esas empresas el límite de contratación, fijado en 100 trabajadores, y se permitirá que una misma persona sea dueña de varias empresas, algo que actualmente está prohibido pero se hace mediante testaferros.
Por otra parte, si se aprueban estas reformas, una misma persona podrá ser dueña de hasta dos viviendas, algo que tampoco era legal.
El Código del Trabajo también cambia: incorpora el concepto de desconexión digital, por ejemplo. En cuanto a los salarios, seguirán siendo fijados por el Consejo de Ministros, que este mes llevó a 3.210 pesos (unos 27 dólares) el sueldo mínimo, pero los precios en general no serán fijados por las autoridades.
Algunas de las transformaciones están contenidas en la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, que habilita la creación de empresas privadas en los sectores de la producción agropecuaria y forestal, en los que solo eran reconocidas cooperativas o empresas estatales.
Incluso se habilita la inversión extranjera directa en el área agropecuaria, en la que empresas podrán hacer uso de la tierra por períodos de hasta 99 años. A su vez, se amplía de 67,10 a 268 las hectáreas de terreno estatal que se puede entregar en usufructo.
Los privados también podrán actuar en el área del comercio exterior, el sector turístico y la construcción si se aprueban estas leyes, que ya tienen el aval del Partido Comunista de Cuba.
Uno de estos proyectos es el de la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, que tiene como objetivo avanzar hacia una identidad digital única para hacer trámites y dispone que la información sobre los datos personales, incluidos el domicilio y los datos biométricos de los cubanos, se concentrará en el Ministerio del Interior.
Este proyecto causó cierta polémica. Por un lado, surgieron dudas sobre quién accederá a esa información centralizada, con qué objetivos y en qué medida estará protegida. Por otro, existen cuestionamientos prácticos sobre el uso de una identidad digital para hacer trámites en línea en un país donde el costo de los servicios de internet no es accesible para todos y los cortes de electricidad dificultan más el acceso.