Pensar que los individuos, en tanto agentes racionales, no están dispuestos a pagar impuestos es una falacia. En los hechos, la recaudación del Estado se mantiene por el aporte voluntario de sus ciudadanos.
Los gobiernos departamentales cuentan con una legitimidad democrática directa fuerte, pero con capacidades fiscales limitadas y estructuralmente dependientes del gobierno central.
Las infancias y adolescencias no pueden esperar a que el país resuelva todas sus contradicciones. Pero tampoco pueden depender de políticas sin financiamiento.
En un país de apenas tres millones y medio de habitantes, el hallazgo de petróleo podría además alterar la dinámica social, generar desigualdades internas o atraer presiones geopolíticas que comprometan su soberanía.
Que un legislador, en pleno ejercicio de su cargo, intervenga ante organismos del Estado para favorecer a terceros, en un terreno que la normativa prohíbe expresamente, no puede leerse como un descuido técnico.
