Las noticias de los últimos días del año presentan un nuevo panorama en el proceso del dique Mauá. La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, sostuvo que los padrones están en propiedad de su ministerio y solicitó el apoyo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) para dinamizar el proceso por medio de la convocatoria a un concurso de ideas. Es una señal muy interesante, que abre grandes oportunidades para la ciudad.
Mucho se ha escrito sobre este tema. Se pueden recorrer los artículos sobre las posiciones del gobierno, los posibles inversores, los responsables de diversos proyectos para esa área, intelectuales y, en particular, arquitectos interpelados. Pero de todos estos sujetos, que también se pronuncian en otros grandes proyectos urbanos, una nueva voz surgió con fuerza en agosto de 2018, una voz que emite comunicados públicos colectivos, que encuentra una forma de autoorganización ágil y eficiente, que utiliza lenguajes multimediales y artísticos directos y se constituye como interlocutor válido, por elevar preocupaciones que tocan valores profundos de la sociedad uruguaya. Sus bases compartidas se expresan claramente en los criterios para un proyecto que se presentaron a la ministra y al decano de la FADU. Estos criterios son asegurar que el espacio sea público, accesible, sustentable, disfrutable, inclusivo y flexible.
Una de las características más importantes del colectivo Por la Rambla Sur es ser una voz que no sigue los canales tradicionales del asociativismo barrial, que no se siente representado por el tercer nivel de gobierno ni por los partidos políticos. Su estrategia ha sido no hablar demasiado del futuro, sino de un latente rechazo en el presente a dos cuestiones centrales. La primera, el proyecto de realizar una gran intervención privada en el dique Maúa que expropie los padrones de la rambla al patrimonio público, con el riesgo de desnaturalizar el espacio allí presente y su uso recreativo actual. Es decir, un no rotundo al riesgo de que se privatice un espacio público, que representa un pulmón verde y disfrutable, tanto para los barrios del centro que lo rodean como para otros montevideanos que lo frecuentan como parte del paseo de la rambla sur. La segunda, el rechazo a una forma de decisión política a puertas cerradas, sin comunicar ni solicitar el parecer de los vecinos, sin aparentes estudios de impacto ambiental, social, urbano, que consideraran, por ejemplo, el aumento del valor del suelo.
El movimiento que se creó afirma la idea de que en la gestión urbana de la ciudad la voz de la sociedad civil es necesaria, en tanto voz libre de ataduras políticas e intereses económicos específicos. Pero en esta reflexión nos interesa ampliar la mirada hacia un fenómeno que desde la investigación urbana seguimos en otros lugares del mundo: el debate sobre los comunes urbanos y el protagonismo de los usos cívicos. Esto implica, como propone Patrick Le Galès, buscar modelos de cogobernanza, arreglos, pactos, en los que se reconozca la competencia de una diversidad de sujetos, así como la necesidad de los gobiernos de tener tejidos vivos y activos en las ciudades que colaboren en la administración, el cuidado y la gestión cotidiana.
Experiencias internacionales
Si observamos lo que sucede a nivel internacional, en Europa podemos ver, por ejemplo, el espacio de La Tabacalera de Lavapiés en Madrid, espacio “liberado” del abandono luego de diez años. Al acto de recuperar espacios abandonados se le denomina “liberarción” de la posible privatización y especulación del mercado, de frente a una necesidad imperiosa de espacios de agregación cultural y solidaridad social donde combatir la anomia, la soledad y el individualismo. Estos espacios se construyen, en primera instancia, gracias a la autoorganización. Los criterios definidos para el funcionamiento de La Tabacalera no se alejan de los pedidos por el colectivo Por la Rambla Sur: horizontalidad, transparencia, gratuidad, sostenibilidad económica, corresponsabilidad, cooperación, respeto, autonomía, cultura libre, polivalencia, flexibilidad.1
En diciembre de 2018, asistimos en Roma a un encuentro sobre espacios autogestionados. Más de 30 experiencias en Italia, desde Venecia a Nápoles, crean la red de espacios con usos cívicos, siguiendo un movimiento que también nació diez años atrás y que pone en discusión la misma Constitución italiana sobre la finalidad de los bienes públicos. Una de las más importantes es la experiencia del asilo Filangieri en Nápoles, ciudad que ha creado un decreto que acuerda la cogestión entre intendencia y colectivos sociales. Una generación de jóvenes urbanos imagina y practica usos cívicos necesarios para la ciudad. Casi diez estructuras de gran porte abandonadas –hospitales, conventos y excárceles– fueron liberadas y recuperadas, y se crearon verdaderos laboratorios de creatividad, redes de solidaridad y producción cultural libre.2
Estas experiencias se han transformado en una necesidad para cualquier gobierno virtuoso que entienda las limitaciones de desarrollar la ciudad en una economía de mercado, en la que las propuestas de los inversores, en particular en países y ciudades con dificultades económicas, muestran poca creatividad en promover la “vida colectiva” y redistribuir los beneficios de las economías circulares de pequeña escala que podrían desarrollarse en torno a la cultura, los servicios sociales y el esparcimiento. Como señala Raquel Rolnik, las ofertas que prevalecen son shoppings, restaurantes y otros lugares de consumo, como único modelo para “dar una segunda vida” a zonas y edificios “degradados” en la ciudad.
¿Será que el dique Mauá está catalizando estas intuiciones en la sociedad civil montevideana de la necesidad de espacios que habiliten el encuentro desde otro lugar que no sea el mercado? No es casual que sea alrededor de una obra monumental, un edificio de alta significación colectiva en el sentido de lugar de agregación, que en otros tiempos se atribuía a los lugares sagrados, necesarios para crear y recrear una comunidad que compartiera los mismos valores, en el decir de Mircea Eliade.
En la investigación en urbanismo, hace varios años se estudia cómo mejorar los métodos de planificación para proyectar edificios, barrios, áreas urbanas vastas en forma colectiva, participativa, que representen una diversidad de voluntades. Hoy se habla de urbanismo feminista, con niños, táctico. Todas estas miradas amplían la toma de conciencia de cuánto incluir los aspectos socioculturales en la construcción de la ciudad. Desde un enfoque de la teoría crítica de la arquitectura y la planificación, arquitectos como Christopher Alexander se preguntaban cómo agregar pasos en el proceso de traducción de ideas en proyectos de edificios o planes para áreas urbanas enteras que recojan y discutan con una multiplicidad de sujetos, no exclusivamente con sujetos financiadores, arquitectos y, en el mejor de los casos, gobiernos. El acto de proyectar se transforma de esta forma en un acto de gobernanza.
En un proceso de proyectación participativa de reconstrucción de los acueductos romanos que dirigimos junto con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma Tre, el artista Alfredo Pirri comentó al cierre de los proyectos participativos presentados por estudiantes y habitantes: “El arte de un pueblo está encarnado en la suma de sus edificios artístico-históricos, de los lugares representativos de su identidad político-estética, de la perspectiva que ella abre para el cambio civil de la población, del rol que juega la calidad de las personas en estos procesos. Esta es una mutación que está en nuestras manos, que depende de nosotros, de nuestros sentimientos hacia ella y hacia nosotros mismos. Una mutación que no cambie nada del paisaje existente, sino más bien que ayude a hacer emerger cuanto hay de bello en cada cosa, cuanto de humano y cuantas narraciones pueden habitarlo”.
La paulatina desacralización de nuestros tiempos nos ha hecho perder esa conexión profunda con lo monumental, el templo, el ágora, aunque el mismo Platón advirtió que, para que una democracia funcione, tiene que multiplicar los lugares de encuentro, debate y amistad entre las personas. Sólo así romperá la concentración de poder y generará las relaciones humanas necesarias, de vecindad y de trabajo, y políticas para sentar las bases de decisiones compartidas, espacios y acciones colectivas.
Mientras los órganos políticos siguen discutiendo quién tiene la responsabilidad de los predios y cuál será el futuro del dique Maúa, este ha sido paulatinamente ocupado en los últimos cinco meses por una comunidad real, que ha comprendido el principio del ágora. Se ha dedicado a reforzar las relaciones humanas, a predisponer las condiciones para el disfrute del espacio en toda su magnífica espectacularidad, con el escenario del atardecer en el horizonte, como construían los griegos sus teatros, y protegidos del viento por los muros del dique. Es decir que han evidenciado el uso actual que se le da a esa arquitectura, que no casualmente permaneció allí. Han revalorizado su función de conector con el Río de la Plata, pero, a su vez, de protección de la naturaleza inclemente del viento, uno de los pocos elementos naturales que el ser humano no pudo cementificar en ese espacio. Las conversaciones han madurado, el grupo ha madurado, y el sábado 24 de noviembre comenzó una etapa de debate e intercambio abierta a toda la ciudadanía sobre los posibles usos colectivos.
Formas posibles de cogestión
¿Cómo valorizar entonces esta alquimia sociocultural que se ha creado en torno al dique Mauá? Decíamos que en varios países del mundo, en la actualidad, los gobiernos o los colectivos, y a veces las mismas universidades, solicitan y promueven procesos de planificación participativa y colaborativa en la construcción de posibles escenarios futuros y las formas necesarias para que se realicen. Esta forma de planificación, que supone comprender las necesidades de los lugares, estimular la apropiación de los espacios –en particular, los públicos y comunes, como este bien sobre la rambla– y luego interactuar con posibles inversores o entes públicos dispuestos a financiarlos, es bien distinta a la modalidad de esperar que llegue un financiador y ofrecerle facilidades para que desarrolle su actividad allí, sea esta cual sea.
Pero, aun en los casos en los que el primero en llegar es el inversor, en países como Francia no se acepta inmediatamente su propuesta. Se inicia lo que llaman débat public: toda gran obra debe ser abierta a un proceso participativo por ley. La Comisión Nacional de Débat Public (CNDP) es una autoridad administrativa independiente cuya misión es informar a los ciudadanos de las obras y abrir los espacios necesarios para una formación sobre los principales temas en juego, para, de esta manera, asegurarse que el punto de vista de todos los participantes sea competente y tenido en cuenta en los procesos de decisión. La comisión intercede entre los grandes inversores privados y lo local, e invita a los ciudadanos a salir de su indiferencia.
La CNDP es un órgano independiente: no depende de un nombramiento político electoral y se alterna con las elecciones presidenciales. Promueve una participación vinculante, basada en procesos deliberativos. Después de diez años, ha desarrollado una interesante metodología de participación en la que se incluyen cada vez mayores parámetros del ordenamiento territorial, en particular para grandes obras, como metros, gasoductos, puertos, represas y otras intervenciones de gran escala.
Los meses estivos son de merecido reposo y tranquilidad, incluso para quien ha puesto el propio cuerpo bajo el frío y el viento en el dique Maúa, sábado a sábado, entre agosto y diciembre de 2018, para defender este patrimonio de todos. Como señala James Hillman en Política de la belleza, “el modo en el que imaginamos nuestras ciudades, el modo en el que proyectamos sus usos, sus valores y aumentamos su belleza, define el ser de cada persona de esa ciudad, porque la ciudad es el reflejo tangible del alma de sus comunidades”.
Es de esperar, entonces, que en marzo o cuando se retome el año, las acciones y los procesos de proyectación que se llevaron adelante para esta significativa área de la ciudad involucren, en primera persona, a los colectivos, a los vecinos y a los grupos interesados en darle una vida social, artística y pública y, por qué no, abran un detallado estudio de formas posibles de cogestión de un espacio que, por su vocación y uso actual, es catalizador de comunidad y de otros posibles desarrollos urbanos para Montevideo.
Adriana Goñi Mazzitelli es antropóloga cultural, doctora en Urbanismo y profesora del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo de la FADU, de la Universidad de la República.